La oposici¨®n se planta contra la ley de seguridad por ¡°restringir libertades¡±

?Qui¨¦n teme a la futura ley de seguridad ciudadana? A esta pregunta podr¨ªa responder alzando la mano toda la oposici¨®n parlamentaria. Para el PP y el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, sin embargo, solo ¡°los delincuentes¡± y ¡°los violentos¡± deben temer su puesta en marcha. La ley podr¨ªa entrar en vigor a principios de 2015 una vez que la oposici¨®n parlamentaria fracas¨® este jueves en su intento de que el proyecto volviera al caj¨®n del Gobierno. Las nueve enmiendas a la totalidad fueron tumbadas por la mayor¨ªa absoluta del grupo popular.

Las correcciones que ha hecho el Gobierno no han logrado aminorar ni un ¨¢pice las cr¨ªticas de la oposici¨®n. Todos los grupos est¨¢n en contra: desde el PSOE y la Izquierda Plural a CiU, PNV y UPyD, pasando por ERC, BNG, Nafarroa Bai, Coalici¨®n Canaria y Amaiur. Es una ley que ¡°restringe libertades¡±, quita derechos y rezuma criterios propios ¡°de la dictadura¡±, seg¨²n se escuch¨® desde los esca?os de la oposici¨®n. El portavoz popular Conrado Escobar replic¨® que solo los ¡°delincuentes¡± y ¡°violentos¡± deber¨ªan estar preocupados por ella.

De las 58 infracciones que figuraban en el borrador han quedado 47 en el proyecto de ley. Los cacheos que en la versi¨®n inicial pod¨ªan realizarse sin ninguna cortapisa y con criterios muy ambiguos quedan para casos muy claros en los que realizarlos ayude a esclarecer un delito. La entrada en domicilios puede producirse con autorizaci¨®n judicial, o en los casos que haya constancia de que se est¨¢ produciendo un delito.

Uno de los cambios introducidos ha sido la calificaci¨®n del castigo por participar en manifestaciones no autorizadas. En el borrador se consideraba falta grave y ahora se ha rebajado a leve. No obstante, para los portavoces parlamentarios la supuesta bondad del cambio no es tal. Los portavoces prefieren que la decisi¨®n quede en manos de un juez ¡ªcomo en el caso de los delitos¡ª y no en las de la autoridad gubernamental. La detenci¨®n o retenci¨®n hasta un m¨¢ximo de seis horas fue otro de los asuntos denunciados por la oposici¨®n, especialmente por Ricardo Sixto, de Izquierda Plural.

Las manifestaciones no autorizadas ser¨¢n castigadas como infracci¨®n leve, en tanto que en el primer texto eran muy graves

Ahora, a trav¨¦s de las enmiendas parciales, todos los grupos parlamentarios intentar¨¢n introducir modificaciones en la ley y destacar¨¢n lo que consideran un recorte de libertades y derechos. ¡°?Reprimir manifestaciones a estas alturas?¡±, se pregunt¨® ret¨®ricamente el ministro Fern¨¢ndez D¨ªaz, quiz¨¢ en referencia a que en tres a?os de legislatura ha habido miles de manifestaciones. Hasta el 30 de septiembre, casi 29.000, con un ¨ªndice de intervenci¨®n de la polic¨ªa que no llega al 0,1%.

¡°No tengan miedo a que los ciudadanos se manifiesten¡±, pidi¨® la portavoz de Interior del PSOE, Isabel Rodr¨ªguez. ¡°La ley es innecesaria y nos aleja de est¨¢ndares occidentales¡±, se?al¨® Rosa D¨ªez, de UPyD. ¡°Se necesita una ley, pero no ¨¦sta¡±, sentenci¨® Feliu Guillaumes, de CiU. Con ellos coincidieron Emilio Olabarr¨ªa, del PNV; Ricardo Sixto, de ICV, y Joan Baldov¨ª, de Comprom¨ªs-Equo.

Antes de empezar el debate varios diputados y activistas de la Plataforma No somos Delito posaron en las escalinatas del Congreso con mordazas en la boca para escenificar el rechazo a la ley. Desde la tribuna de oradores hizo lo mismo el portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo. Solo fueron unos segundos. Antes, el diputado de ERC, Joan Tard¨¢, mirando al ministro del Interior, le espet¨®: ¡°Verg¨¹enza, verg¨¹enza¡±.