Rato en su laberinto de balbuceos

En una declaraci¨®n judicial en calidad de imputado se puede hacer mejor o peor.

 Pero dif¨ªcilmente se comprende que una persona que ha pretendido ser el rey Midas de la econom¨ªa espa?ola en su calidad de vicepresidente del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar durante dos legislaturas - y todos los que influyen as¨ª se lo han reconocido -, luego ha saltado a Washington para ser director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y m¨¢s tarde llega a la presidencia de Caja Madrid y finalmente a la de Bankia, preste una declaraci¨®n de balbuceos ante el juez.

Pues eso, ni m¨¢s ni menos, ha sido la declaraci¨®n de Rodrigo Rato ante el juez Andreu.

El nudo gordiano de la declaraci¨®n sobre las tarjetas Black era el art¨ªculo 24 de la ley de Cajas de la Comunidad de Madrid de 2003.

Seg¨²n la versi¨®n de este art¨ªculo vigente hasta el 1 de enero de 2012 (versi¨®n que reproduce el juez Andreu en el auto del pasado jueves, d¨ªa 16 de octubre), titulado Retribuciones de los miembros de los ?rganos de Gobierno, "en el ejercicio de las funciones de los miembros de los ¨®rganos de gobierno de las Cajas de Ahorros no se podr¨¢n originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones..."

La nueva redacci¨®n, de 14 de enero de 2014, del art¨ªculo 24.2 es la siguiente: "El ejercicio de las funciones de los miembros de los ?rganos de Gobierno de las cajas de ahorros diferentes de los Consejeros Generales en la Asamblea de las Cajas podr¨¢ ser retribuido en cuyo caso no podr¨¢n percibir dietas por asistencia y desplazamiento..."

El fiscal Alejandro Luz¨®n fue el primero en preguntarle a Rato por las tarjetas y si conoc¨ªa el art¨ªculo 24.

El ex presidente de Bankia dijo que las tarjetas formaban parte de su retribuci¨®n. Insisti¨® en este punto. En relaci¨®n al art¨ªculo 24 dijo con poca firmeza que lo conoc¨ªa, pero en todo caso, para ¨¦l siempre hab¨ªa sido claro que las tarjetas formaban parte de su retribuci¨®n. Tambi¨¦n se?al¨® que cre¨ªa que los gastos de la tarjeta se le descontar¨ªan de su n¨®mina.

La ratonera estaba servida.

El fiscal le hizo ver que lo que Rato llamaba con tanto ¨¦nfasis retribuciones no hab¨ªa sido sujeto de retenciones fiscales para el Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF)

Entonces, en sus balbuceos, Rato dijo algo as¨ª como:

"Ah, entonces no lo habr¨¢n contabilizado como retribuci¨®n..."

Aqu¨ª en este punto el juez Fernando Andreu y el fiscal Alejandro Luz¨®n ya no iban a soltar a la presa. Le ten¨ªan cogido. El juez insisti¨®. Y se produjo una situaci¨®n en la cual el imputado se dio cuenta de que hab¨ªa metido la pata.

Estamos hablando del presidente de Caja Madrid primero y el de Bankia despu¨¦s y no de un empleado.

La pregunta es: ?que pas¨®? ?por qu¨¦ Rodrigo Rato, a quien defiende un penalista de la talla de Ignacio Ayala, socio de Horacio Oliva, acudi¨® tan entregado a su declaraci¨®n?

A continuaci¨®n, la otra duda l¨®gica es: ?pod¨ªa haber dicho otra cosa?

Formalmente, s¨ª.

Rato pod¨ªa haber invocado el art¨ªculo 64 bis de la ley de Cajas de Madrid vigente desde el 1 de enro de 2009.

He aqu¨ª:

  "Art¨ªculo 64 bis Comisiones de Retribuciones y Nombramientos y Comisi¨®n de Inversiones. Composici¨®n y reglas de funcionamiento.

1. El Consejo de Administraci¨®n de las Cajas de Ahorros constituir¨¢ en su seno una Comisi¨®n de Retribuciones y Nombramientos, que tendr¨¢ la funci¨®n, por un lado, de informar sobre la pol¨ªtica general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo y velar por la observancia de dicha pol¨ªtica y, por otro, de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administraci¨®n y miembro de la Comisi¨®n de Control, as¨ª como para los previstos en el caso del Director General. La Comisi¨®n estar¨¢ formada por un m¨¢ximo de cinco personas, que ser¨¢n designadas por la Asamblea de entre los miembros del Consejo de Administraci¨®n que tengan la consideraci¨®n de Consejeros Generales. El r¨¦gimen de funcionamiento de la Comisi¨®n de Retribuciones y Nombramientos ser¨¢ establecido por los Estatutos de la Caja y su propio reglamento interno, que podr¨¢n atribuir las funciones previstas a una Comisi¨®n de Retribuciones y otra de Nombramientos respectivamente, a las que les resultar¨¢ de aplicaci¨®n el presente apartado, salvo en lo relativo a su n¨²mero de miembros que ser¨¢ en ese caso de tres para cada una de ellas".

Pero Rato no hizo referencia alguna a este art¨ªculo.

 ?Por qu¨¦?

 ?Acaso porque las Black o, vamos, algo parecido a ellas, no pasaron por la Comisi¨®n de Retribuciones?

Porque era esta la que, seg¨²n hemos citado, "deb¨ªa informar sobre la pol¨ªtica general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo y velar por la observancia de dicha pol¨ªtica y, por otro, de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administraci¨®n y miembro de la Comisi¨®n de Control, as¨ª como para los previstos en el caso del Director General".

Si la Comisi¨®n de Retribuciones hubiera aprobado las Black, o algo con un suberfugio parecido, la inspecci¨®n del Banco de Espa?a hubiera tenido que analizar esta pol¨ªtica de retribuciones.

Este asunto puede parecer balad¨ª, pero hay que tener en cuenta la sentencia de 2006 del Tribunal Supremo cuyo ponente fue el magistrado Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar. La Sala Segunda consider¨® que no hab¨ªa delito alguno en el pago que hizo el presidente del Banco de Santander, Emilio Bot¨ªn, con cargo al nuevo BSCH, a Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui (43,75 millones de euros) y a ?ngel Corc¨®stegui (108,1 millones de euros), en 2002, como gratificaci¨®n (bonus) por la fusi¨®n entre el Santander y el Banco Central Hispano (BCH).

En la sentencia se apuntaba que "en materia de retribuciones, premios o gratificaciones a directivos de sociedades con implantaci¨®n internacional, y otros tipos de profesionales de alta cualificaci¨®n social (en los que han de incluirse comunicadores, artistas o deportistas), el mercado es el que fija sus alt¨ªsimas retribuciones, cuyas cifras estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicaci¨®n social, y son producto de los beneficios que reportan a las empresas a las que dedican sus esfuerzos profesionales. 

Y enfatizaba: "Los acuerdos que se produzcan en este restringido ¨¢mbito, se rigen por la absoluta libertad de mercado, con tal de que tales pactos contractuales se instrumentalicen en cl¨¢usulas que sean conocidas y aprobadas por los ¨®rganos de gobierno de las sociedades mercantiles en donde se conciertan, y sean adecuadamente fiscalizadas por los ¨®rganos de control ¨Cinternos o p¨²blicos-, y desde luego, aprobados por la junta general de accionistas, como m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de toda sociedad. En definitiva, transparencia y aprobaci¨®n social son elementos que impedir¨¢n la actuaci¨®n del derecho penal en materia de retribuciones a directivos".

Ap¨²ntese: "Con tal de que tales pactos contractuales se instrumentalicen en cl¨¢usulas que sean conocidas y aprobadas por los ¨®rganos de gobierno..."

Casi como pidiendo disculpas, la sentencia dec¨ªa: "En suma, en esta materia (como en muchas otras), lo ¨¦tico, lo l¨ªcito y lo punible son puntos conc¨¦ntricos de todo enjuiciamiento criminal. El Tribunal penal no puede traspasar los l¨ªmites del c¨ªrculo m¨¢s peque?o, cualquiera que sea su opini¨®n personal al respecto". 

Volvamos a Rato.

Fuentes consultadas aseguran saber que cuando Bankia se puso en contacto con Rato, en junio pasado, para reclamarle 54.837,12 euros cargados con la tarjeta de cr¨¦dito a Bankia, se le dijo que no deb¨ªa preocuparse, que no pasar¨ªa nada, lo que llev¨® al expresidente de abonar el dinero y dejar pendientes 44.200 euros cargados a Caja Madrid.