El juez destapa la trama del 3% madrile?o

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco destap¨® ayer la que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, es ¡°la trama del 3% madrile?o¡±, una gran red de cobro de comisiones ilegales que afecta al PP en esta comunidad y en otras zonas de Espa?a, pero que tambi¨¦n salpica de manera notable a pol¨ªticos del PSOE. Desde primera hora de la ma?ana, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a las ¨®rdenes de Velasco y de la fiscal anticorrupci¨®n Carmen Garc¨ªa pusieron en marcha la Operaci¨®n P¨²nica, en la que se investiga el supuesto cobro de mordidas por la concesi¨®n de contratos p¨²blicos por valor de al menos 250 millones de euros desde el a?o 2012 hasta la actualidad.

El origen de las pesquisas ¡ªy uno de los detenidos¡ª es el ex secretario general del PP madrile?o Francisco Granados, hasta 2011 n¨²mero dos de Esperanza Aguirre. Granados dimiti¨® el pasado febrero como senador y parlamentario auton¨®mico tras descubrirse que atesoraba 1,5 millones en un banco suizo. Esta fortuna, procedente supuestamente de cohechos de empresarios, fue el primer paso de la operaci¨®n policial, que ayer sumaba 51 detenidos.

La Operaci¨®n P¨²nica se sald¨® con el arresto de al menos seis alcaldes de localidades madrile?as, entre ellas Valdemoro y Collado-Villalba (ambas de 70.000 habitantes, y gobernadas por el PP) y Parla (124.000 habitantes, con regidor del PSOE). Tambi¨¦n fueron detenidos, entre otros, el presidente de la Diputaci¨®n de Le¨®n, Marcos Mart¨ªnez Baraz¨®n (PP), y el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) Jos¨¦ Antonio Alonso, as¨ª como empresarios de la construcci¨®n y de grandes empresas de servicios, entre ellas Cofely Espa?a, filial del gigante energ¨¦tico franc¨¦s GDF Suez.

De momento, la Guardia Civil ha detenido a 51 personas dentro de un sumario que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en coordinaci¨®n con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, los pol¨ªticos detenidos cobraban ¡°entre un 2% y un 3% de comisi¨®n por cada contrato que adjudicaban¡± a las empresas implicadas en la trama. En total, seg¨²n las mismas fuentes, las mordidas conocidas hasta ahora ascendieron a entre cinco y siete millones de euros. En la operaci¨®n participaron 150 agentes de la UCO y cinco secretarios judiciales. Velasco realiz¨® 400 mandamientos de bloqueo de cuentas a bancos y aseguradoras y 259 peticiones a registros de la propiedad de toda Espa?a para ordenar el embargo de bienes inmuebles. En la operaci¨®n se intervinieron 30 veh¨ªculos de alta gama.

Los imputados, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, no trabajaban para la financiaci¨®n ilegal de sus partidos, sino que buscaban ¨²nica y exclusivamente su lucro personal. Se trataba en muchos casos de pol¨ªticos en el fin de su carrera que deseaban aprovechar su paso por la gesti¨®n p¨²blica para labrar una fortuna.

Las pesquisas se iniciaron en diciembre de 2013, cuando las autoridades suizas tuvieron conocimiento de que Francisco Granados estaba implicado en el presunto caso de espionaje sufrido en 2008 por pol¨ªticos del PP enfrentados a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Al cruzar su nombre con sus bases de datos, la justicia helv¨¦tica descubri¨® que Granados dispon¨ªa de una cuenta corriente con 1,5 millones de euros. Suiza avis¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, y los dep¨®sitos bancarios quedaron bloqueados. A partir de ah¨ª arranc¨® la Operaci¨®n P¨²nica, denominaci¨®n que deriva de Punica Granatum, nombre cient¨ªfico del ¨¢rbol de la granada.

Los investigadores comenzaron a tirar del hilo del dinero. Y el primer nombre que obtuvieron fue el de David Marjaliza. Este constructor, expresidente de Nuevas Generaciones en Valdemoro, municipio del que Granados fue alcalde entre 1999 y 2003, actuaba como conseguidor. Es decir, hac¨ªa de intermediario entre los empresarios con intereses en obtener contratos p¨²blicos y recalificaciones de terrenos y los pol¨ªticos y los t¨¦cnicos municipales encargados de las adjudicaciones.

Marjaliza, que hasta 1995 fue concejal de Valdemoro, recibi¨® contratos en esta localidad y tambi¨¦n en Parla. Sus sociedades ten¨ªan, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, una doble finalidad. Por un lado serv¨ªan para presentarse a los concursos p¨²blicos y por otro para blanquear el dinero negro que generaba su actividad.

Algunas de las adjudicaciones m¨¢s sustanciosas en la Comunidad de Madrid, y en las que supuestamente medi¨® Marjaliza, tuvieron como protagonista a la empresa Cofely, filial de Suez. Esta empresa, dedicada a la eficiencia energ¨¦tica, suscribi¨® en julio de 2013 un contrato de 57,4 millones de euros con el Ayuntamiento de Parla mientras que en Collado-Villalba firm¨® un acuerdo por 15 a?os para gestionar el suministro de energ¨ªa por valor de 47 millones. Cuatro ejecutivos de esta entidad, con el director general, Maurice Didier a la cabeza, fueron detenidos en la redada de ayer.

La relaci¨®n de negocios comunes de Granados y Marjaliza, amigos desde los 20 a?os, es nutrida. En 2006, el pol¨ªtico, entonces consejero de Presidencia de Madrid, vendi¨® su chal¨¦ de Marbella (M¨¢laga) a una sociedad del constructor. El 22 de octubre de ese a?o, un Mini Cooper ardi¨® en el garaje de la vivienda de Granados. El veh¨ªculo figuraba a nombre de una empresa de Marjaliza.

Una segunda l¨ªnea de investigaci¨®n llev¨® al otro conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro Llorca. Este ingeniero inform¨¢tico de 42 a?os, con contactos en la Comunidad Valencia y en Murcia, ha trabajado para diferentes compa?¨ªas tecnol¨®gicas. Por la tarde, la polic¨ªa registraba la sede de su consultora EICO en Valencia.

51 detenidos en cuatro comunidades en una macro redada anticorrupci¨®n

La trama usaba influencias pol¨ªticas para introducirse en la Administraci¨®n p¨²blica con el fin de conseguir adjudicaciones de contratos y de servicios a cambio, supuestamente, de comisiones. Adem¨¢s, seg¨²n la investigaci¨®n, blanqueaban los beneficios a trav¨¦s de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que, a su vez, tambi¨¦n les serv¨ªan para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo el principio de libre concurrencia. Seg¨²n las mismas fuentes, se constata que modificaban pliegos de contrato con los pol¨ªticos y los t¨¦cnicos municipales.

Aunque la operaci¨®n afecta a pol¨ªticos de los dos grandes partidos, y tambi¨¦n a alguno de formaciones independientes, la noticia supuso un nuevo mazazo para el PP. En apenas dos semanas, el partido del Gobierno ha visto, en un estado de shock, c¨®mo estallaba el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, con la imputaci¨®n del exministro de Econom¨ªa Rodrigo Rato y del expresidente de la caja Miguel Blesa. Tambi¨¦n ha asistido a la imputaci¨®n en el caso G¨¹rtel del exministro ?ngel Acebes, y al descubrimiento por parte del juez Pablo Ruz de que el partido pag¨® 1,7 millones en dinero negro por las obras de reforma de su sede nacional de la calle G¨¦nova 13.