UPyD se querella contra Mas ante el alto tribunal de Catalu?a por el 9-N

Uni¨®n, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado este jueves otra querella contra Artur Mas y ocho autoridades de la Generalitat y el Parlament por la organizaci¨®n y celebraci¨®n de la consulta del 9-N. Esta vez, la formaci¨®n ha registrado el escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) porque el Supremo hab¨ªa determinado que era el ¨®rgano pertinente para tratar el asunto.?El partido ha acusado al president, a tres de sus consejeros y a la Mesa del Parlamento de prevaricaci¨®n, desobediencia, usurpaci¨®n de atribuciones, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, omisi¨®n del deber de perseguir delitos y otro bloque de delitos electorales. M¨¢s de los cuatro que ha propuesto presentar la Fiscal¨ªa General del Estado.

El pasado 13 de noviembre, el Tribunal Supremo hab¨ªa desestimado, por falta de competencia, la querella planteada por UPyD contra Mas y varios miembros de la Mesa del Parlamento de Catalu?a. El partido de Rosa D¨ªez los hab¨ªa acusado de desobediencia y prevaricaci¨®n por haber impulsado y organizado la consulta. El alto tribunal se?al¨® entonces que las conductas que eran objeto de aquella querella se hab¨ªan desarrollado en el ¨¢mbito de la Comunidad Aut¨®noma de Catalu?a y que el hecho de que repercutieran en el resto de Espa?a no alteraba esa realidad.

En la querella presentada ahora en el TSJC figuran como acusados la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y los consejeros Irene Rigau (Educaci¨®n) y Ram¨®n Espadaler (Interior). Tambi¨¦n, la presidenta del Parlament, N¨²ria de Gispert, y otros cuatro integrantes de la Mesa del Parlament: los vicepresidentes Anna Sim¨® y Llu¨ªs Corominas, y los secretarios Josep Rull y David Companyon.

La querella recoge la primera acci¨®n que UPyD hab¨ªa presentado el pasado 8 de octubre y las sucesivas ampliaciones

La Fiscal¨ªa General del Estado ya hab¨ªa acordado que se querellar¨ªa contra Mas, Ortega y Rigau por organizar la consulta del 9-N, que hab¨ªa sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La propuesta del fiscal Eduardo Torres-Dulce es acusarles de los delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y usurpaci¨®n de funciones. D¨ªez afirm¨® sobre aquel proceso que la defensa de la legalidad era una obligaci¨®n y que no pod¨ªa estar supeditada al consenso. De hecho, era partidaria de que Torres-Dulce actuara sin los fiscales catalanes. "Aplicar la ley no es un asunto de consenso".

La querella de UPyD, que recoge la primera acci¨®n que la formaci¨®n hab¨ªa presentado el pasado 8 de octubre y sus sucesivas ampliaciones, tiene 59 folios y otros 900 documentos probatorios. El texto incluye un relato cronol¨®gico de los hechos que consideran delictivos, como la apertura de institutos y edificios p¨²blicos dependientes de la Consejer¨ªa de Ense?anza, la facilitaci¨®n de los medios materiales para realizar la consulta y la presencia en las calles de una "ingente cantidad" de los Mossos d'Escuadra.

UPyD recuerda en el documento presentado en el TSJC que, a pesar de la sentencia del Constitucional, desde que se aprob¨® la declaraci¨®n de soberan¨ªa, el 23 de enero de 2013, el propio Parlament y los partidos proconsulta, "impulsados de forma determinante por el presidente de la Generalitat", fijaron una fecha para realizar un refer¨¦ndum, "llamado posteriormente consulta popular no vinculante y finalmente proceso participativo".

UPyD ha enviado su querella al fiscal general, aunque considera que no debe esperar a que este concrete sus acciones.