Las sombras olvidadas de Euskadi

El 20 de octubre de 2011, el d¨ªa que ETA anunci¨® que olvidaba las armas y frenaba en 829 v¨ªctimas mortales, 60 secuestros y miles de heridos su macabro registro, una profesi¨®n entera empez¨® a agonizar. Quienes cubrieron durante d¨¦cadas las espaldas de cargos p¨²blicos, empresarios y personalidades amenazadas en Euskadi y el resto de Espa?a fueron los da?os colaterales de una de las grandes noticias de la democracia. De los 3.800 guardaespaldas de empresas privadas que operaron en el Pa¨ªs Vasco y Navarra durante los a?os de plomo, quedan 30, seg¨²n la Asociaci¨®n Espa?ola de Escoltas. Y su labor tiene los d¨ªas contados.

Manuel Jim¨¦nez, cordob¨¦s de 41 a?os, vivi¨® ocho a?os con dos pistolas encima, el tiempo que pas¨® protegiendo a jueces, empresarios y pol¨ªticos. En 2011, lo echaron en un ERE con una indemnizaci¨®n de 15 d¨ªas por a?o trabajado, no 20, como le prometieron. Se fue a su C¨®rdoba natal y lleva sin trabajo desde entonces.

Hace cuatro meses, Jim¨¦nez vio en televisi¨®n que algunos escoltas del Pa¨ªs Vasco hab¨ªan sido recolocados como vigilantes en prisiones. Se trataba de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 21 c¨¢rceles que precis¨® de la contrataci¨®n de 234 empleados. Pese a que el concurso fue restringido y solo se invit¨® a empresas que tuvieron escoltas en n¨®mina, la mayor¨ªa de los contratados procede de otros colectivos, personal m¨¢s barato.

"Llama a tus compa?eros y preg¨²ntales si ellos est¨¢n trabajando", le dijo su suegra a Jim¨¦nez, al ver el reportaje en la tele. Solo tres de sus conocidos fueron reubicados en c¨¢rceles. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias de la compa?¨ªa de seguridad para la que trabaja, asegura que los nuevos contratos en las prisiones no se est¨¢n reservando a ex escoltas. "Las empresas tuvieron prioridad en los concursos para esas plazas porque el Gobierno se comprometi¨® a darnos trabajo. Pero colocan a cualquiera", se queja el ahora vigilante de prisiones.

Rafael Toro a¨²n mira bajo su coche antes de arrancarlo. Es otro escolta en dique seco. La ¨²ltima vez que fue a pedir trabajo a la firma LipSeguridad lo rechazaron con buenas palabras: "Tiene m¨¢s formaci¨®n que el jefe de servicio. ?C¨®mo lo vamos a contratar?". Su adiestramiento en desactivaci¨®n de explosivos, defensa personal, conducci¨®n evasiva, todos esos cursos pagados durante a?os por el Ministerio del Interior, juegan ahora en su contra. Son personal sobrecualificado para estar en una garita de seguridad viendo pasar las horas. Los hay con 20 a?os de experiencia. Han trabajado en turnos de siete d¨ªas semanales, 39 horas sin perder la concentraci¨®n porque un despiste de segundos pod¨ªa implicar la muerte de su defendido. O la de ambos.

Jos¨¦ Luis Mart¨ªn, bilba¨ªno de 39 a?os, trabaj¨® entre 2004 y 2008 en Bizkaia como guardaespaldas para la firma Vinsa: "Nos echaron y nos sentimos desamparados por el comit¨¦ de empresa. Ellos acabaron como escoltas en casos de violencia de g¨¦nero o vigilantes, el resto nos fuimos al paro". Cuando le despidieron en 2008, Mart¨ªn cay¨® en una depresi¨®n y lleg¨® a engordar 65 kilos. "He perdido a mi mujer y ahora voy a perder mi casa", se lamenta.

Jim¨¦nez y Toro tratan de localizar ahora a compa?eros escoltas para fundar la asociaci¨®n Las sombras olvidadas de Euskadi, un primer paso para constituir una cooperativa que pueda optar directamente a contratos del Gobierno.

Los fundadores de la asociaci¨®n andan estos d¨ªas de gira por los grupos parlamentarios. Piden comprensi¨®n a los partidos y que se les devuelva algo de lo que ellos dieron por los dem¨¢s en las ¨¦pocas duras, de atentados y entierros. El PSOE, a trav¨¦s de su diputado Antonio Trev¨ªn, amplifica sus quejas en la comisi¨®n de Interior del Congreso de los Diputados. "Nosotros defendemos la seguridad p¨²blica pero si las empresas usaron como reclamo la recolocaci¨®n de los escoltas, que cumplan y prioricen a los guardaespaldas en los contratos con salarios adecuados".

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, reconoci¨® en el Congreso la existencia de un "pacto de caballeros" para subcontratar a los escoltas en los per¨ªmetros de seguridad de las prisiones. Y defiende que un tercio del personal empleado por las adjudicatarias del ministerio para seguridad privada en las prisiones tiene esa procedencia, pero admite que su contrataci¨®n depende de la "voluntad de las empresas". "El compromiso obviamente exist¨ªa pero sobre la base de que los afectados ten¨ªan que aceptarlo voluntariamente. Hay escoltas a los que no les interesa ser vigilantes porque son profesiones distintas o desplazarse a trabajar a otras provincias. [...]. No se ha dejado tirado a nadie".

El pasado 1 de octubre se inici¨® un nuevo contrato para extender la vigilancia privada al per¨ªmetro de las 67 c¨¢rceles. Conlleva la contrataci¨®n de 800 vigilantes en diferentes lotes repartidos por empresas que recibir¨¢n un montante anual de 33 millones de euros. En una circular interna, una de las adjudicatarias, Ombuds Compa?¨ªa de Seguridad SA, admite su intenci¨®n de recolocar a parte de su personal del Metro de Madrid en las c¨¢rceles.

Entretanto, la incipiente asociaci¨®n de escoltas sigue llamando a la puerta del Gobierno. Los diputados populares Leopoldo Barreda y Conrado De las Heras les prometieron hace d¨ªas una reuni¨®n con cargos de Interior pero siguen esperando cita. "Merecemos otro trato, hemos sido las espaldas de los pol¨ªticos durante a?os. A menudo, en lugares completamente hostiles donde los vecinos nos tiraban huevos", reclama Toro.