El Supremo actuar¨¢ contra el senador Miguel Zerolo por malversaci¨®n

El senador de Coalici¨®n Canaria Miguel Zerolo se enfrenta a su tercera causa penal por su actuaci¨®n como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, cargo que ocup¨® entre 1995 y 2011. El magistrado Juan Ram¨®n Berdugo ha propuesto a la Sala II del Tribunal Supremo pedir el suplicatario al Senado para investigar a Zerolo por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos en relaci¨®n con la compra de once parcelas en la playa de Las Teresitas, operaci¨®n que supuso un perjuicio a las arcas municipales tinerfe?as de 6.570 millones de pesetas (39 millones de euros) en el a?o 2001.

El auto del magistrado instructor, de seis p¨¢ginas, recuerda que en el momento de los hechos Zerolo era vocal del consejo de administraci¨®n de Caja Canarias. Esta entidad hab¨ªa otorgado un pr¨¦stamo de 5.500 millones de pesetas para la compra de las parcelas en este espacio natural de inter¨¦s tur¨ªstico. Sin embargo, en aquel momento, Zerolo, que hab¨ªa hecho de Las Teresitas un eje de sus campa?as electorales, no mostr¨® inter¨¦s alguno en esta operaci¨®n.

En enero de 2001, pese al desinter¨¦s mostrado anteriormente, Zerolo acord¨® la compra de las parcelas, de 10,9 hect¨¢reas por un precio de 8.750 millones de pesetas (52,7 millones de euros), cuando el valor de tasaci¨®n de las fincas, seg¨²n los peritos judiciales y la arquitecta municipal, era de 2.536 millones. A esta cantidad hab¨ªa que restar 355 millones de pesetas que correspond¨ªan a una finca que dentro del mismo espacio pertenec¨ªa ya al consistorio tinerfe?o. El valor real de las once parcelas era, por lo tanto de 2.180 millones. Seg¨²n el magistrado Berdugo, Zerolo ¡°perjudic¨® a las arcas municipales en 6.570 millones de pesetas¡±.

Esta operaci¨®n permiti¨® a un consejero de Caja Canarias, Ignacio Manuel Gonz¨¢lez Mart¨ªn, obtener una plusval¨ªa de 19 millones de euros. En realidad, el conjunto de las parcelas, por las que se pagar¨®n los 52,7 millones, pertenec¨ªan al propio Ayuntamiento, seg¨²n datos aportados a la causa por el consistorio.

En 1998, el empresario y expresidente de la C¨¢mara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Manuel Gonz¨¢lez Mart¨ªn, adquiri¨® 298.000 metros cuadrados del frente de playa de Las Teresitas, a trav¨¦s de la sociedad Inversiones Las Teresitas S.L., creada para tal fin y por un importe de 33,7 millones de euros, financiado por un cr¨¦dito concedido por Caja Canarias. A Gonz¨¢lez Mar¨ªn no le cost¨® mucho tramitar aquel cr¨¦dito. Pertenec¨ªa al consejo de administraci¨®n de la caja, al igual que el propio alcalde de Coalici¨®n Canaria, Miguel Zerolo.

En septiembre de 2001, y sin haberse realizado construcci¨®n alguna en el frente de playa, el consistorio compr¨® a Inversiones Las Teresitas parte de las parcelas del frente de playa por 52,7 millones de euros. Es decir, que los empresarios Ignacio Manuel Gonz¨¢lez y Antonio Plasencia, a la saz¨®n presidente de la Federaci¨®n de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, se embolsaron ya un beneficio de 19,6 millones de euros. Toda la operaci¨®n se llev¨® a cabo por parte del Ayuntamiento ignorando los informes t¨¦cnicos municipales que advert¨ªan que el precio que los empresarios fijaron para el suelo era tres veces superior al real. La operaci¨®n se realiz¨®, seg¨²n se ha sabido ahora, cuando el Ayuntamiento ya sab¨ªa, desde dos a?os antes, que esas parcelas eran de su propiedad pese a que no estaban inscritas.

Zerolo ha tenido otras dos causas ante el Supremo. Por la primera de ellas, fue condenado por la Sala II el pasado mes de julio a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n en la concesi¨®n de unas obras de acondicionamiento de un edificio municipal, el antiguo instituto Garc¨ªa Cabrera, en el a?o 2003.

El tercer caso, a¨²n abierto, es el que investiga el Supremo por un presunto delito de cohecho en relaci¨®n al denominado 'caso Forum'. Est¨¢ pendiente de fijarse la fecha de la declaraci¨®n de Zerolo ante el instructor de esta causa, que es el magistrado Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta. El Supremo ha admitido la personaci¨®n de Izquierda Unida como acci¨®n popular en esta causa. El magistrado Mart¨ªnez Arrieta deber¨¢ fijar una fianza para que la organizaci¨®n pol¨ªtica pueda ejercer la acusaci¨®n.