Una Ley reformada tres veces en 25 a?os que no evita la trampa

La Ley de Financiaci¨®n de Partidos, reformada tres veces en los ¨²ltimos 25 a?os, no ha permitido hasta ahora garantizar la limpieza de las cuentas de las formaciones pol¨ªticas. La normativa ha dejado siempre amplio margen para la trampa.

Con la Ley aprobada en 1987, vigente durante 20 a?os en Espa?a, el PSOE tuvo su caso Filesa:?financiaci¨®n ilegal a trav¨¦s de tres empresas del partido que facturaban a distintas sociedades por servicios nunca prestados. El PP escap¨® sin da?o del caso Naseiro en 1990, pero est¨¢ implicado en el caso G¨¹rtel y el caso B¨¢rcenas. En ninguna de estas causas tuvo participaci¨®n el Tribunal de Cuentas. El ¨®rgano fiscalizador aval¨® la limpieza de las cuentas de PP y PSOE sin descubrir las irregularidades que vieron despu¨¦s los jueces.

La Ley de 1987, vigente hasta 2007, admit¨ªa las donaciones an¨®nimas (no hab¨ªa que detallar ante ning¨²n organismo el nombre del donante) condicionadas a que no superaran los 60.000 euros anuales y que el dinero no procediera de empresas que contrababan con la administraci¨®n p¨²blica. El anonimato de las donaciones permiti¨® amplio margen para incumplir la Ley sin peligro de ser descubierto.

El juez Pablo Ruz sostiene en sus autos que el PP recibi¨® entre 1990 y 2007 donaciones ilegales, de contratistas del Estado y por m¨¢s de 60.000 euros anuales. El Tribunal de Cuentas nunca detect¨® esta pr¨¢ctica ni alert¨® en sus informes de incumplimientos graves del PP en relaci¨®n a la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos.

Para salvar los obst¨¢culos de la Ley, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, el PP ingresaba el dinero recibido de los donantes en cantidades siempre inferiores a esos 60.000 euros y como no ten¨ªa que dar el nombre de qui¨¦n aportaba los fondos, no tem¨ªa ser sancionado ni por superar el l¨ªmite ni por aceptar cantidades de contratistas del Estado.

La normativa cambi¨® en 2007, se prohibieron las donaciones an¨®nimas y las de empresas privadas, aunque se subi¨® la cantidad anual que podr¨ªan aportar los donantes ¡ªtodos ellos personas f¨ªsicas e identificables¡ª hasta los 100.000 euros.

La reforma legal que impulsa ahora el Gobierno de Mariano Rajoy intenta hacer m¨¢s transparente el control de las cuentas de los partidos; proh¨ªbe a los bancos condonar las deudas de las formaciones ¡ªel PP hizo un cambio legal en 2012 para que el perd¨®n s¨®lo pudiera ser inferior a 100.000 euros¡ª, y obliga al Tribunal de Cuentas a fiscalizar a las formaciones en un periodo inferior a seis meses desde que entregan la informaci¨®n.

Pese a que los procesos judiciales en marcha han puesto al descubierto otro m¨¦todo opaco de financiaci¨®n de partidos a trav¨¦s de sus fundaciones, la reforma legal del Gobierno sigue manteniendo la posibilidad de las donaciones a estas instituciones por parte empresas privadas y sin l¨ªmite de cantidad.

La investigaci¨®n del caso G¨¹rtel detect¨® que el PP deriv¨® dinero donado por empresas privadas a su fundaci¨®n Fundescam para actos del partido en la Comunidad de Madrid. Esas empresas donantes de Fundescam ten¨ªan en su mayor¨ªa contratos multimillonarios adjudicados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP.

Respecto a las sanciones, la reforma legal del Gobierno tan s¨®lo plantea una multa ¡°cuyo importe ir¨¢ del doble al qu¨ªntuplo de la cantidad que exceda del l¨ªmite legalmente permitido¡±.

La fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez Pablo Ruz mantienen una disputa jur¨ªdica con la Agencia Tributaria respecto a la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨¬ticos y la responsabilidad penal del PP por aceptar donaciones ilegales.

Mientras juez y fiscal consideran que las donaciones ilegales deben tributar como ingreso extraordinario por el Impuesto de Sociedades y si se supera la cuota defraudada se incurrir¨ªa en delito fiscal, Hacienda se?ala que la Ley de Financiaci¨®n no impone la tributaci¨®n sobre donaciones ilegales y, por tanto, esa infracci¨®n s¨®lo puede ser sancionada con multa. La reforma que plantea ahora el Gobierno no resuelve esta discrepancia jur¨ªdica por la que el PP puede salir absuelto de delito fiscal en el caso B¨¢rcenas o condenado si el Tribunal que juzgue el caso ratifica la interpretaci¨®n que hacen el juez y el fiscal de las donaciones ilegales a partidos.