La Audiencia Nacional estudiar¨¢ si los jueces sufren sobrecarga de trabajo

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a tr¨¢mite la demanda interpuesta por Jueces para la Democracia (JpD) el pasado 13 de noviembre en la que denunciaban la sobrecarga de trabajo y la falta de medios en los juzgados y tribunales espa?oles. El pr¨®ximo 3 de febrero se celebrar¨¢ el acto de conciliaci¨®n entre los denunciantes y el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, los demandados. JpD solicita que se declare en situaci¨®n de riesgo laboral a aquellos jueces cuyos juzgados superan en un 150% la carga de trabajo id¨®nea. En caso de que no haya acuerdo sobre esta cuesti¨®n, se celebrar¨¢ una vista oral ese mismo d¨ªa.

La Sala de lo Social, presidida por Ricardo Bodas, ha admitido que declaren como testigos la magistrada del Tribunal Supremo y exvocal del CGPJ Margarita Robles; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del Tribuanl Superior de Justicia de Catalu?a; Gloria Poyatos, magistrada decana de Lanzarote y Javier Mart¨ªnez, juez de violencia de g¨¦nero de Madrid. Tambi¨¦n asistir¨¢ como perito Crist¨®bal Molina, catedr¨¢tico de derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Ja¨¦n y experto salud laboral.

La demanda interpuesta por JpD, entidad progresista y que representa aproximadamente al 10% de los 5.018 jueces y magistrados espa?oles, supone la primera vez que un colectivo judicial recurre por mediante la jurisdicci¨®n laboral por sus condiciones de trabajo. En su demanda, JpD exige a la Audiencia que obligue al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que adec¨²en la plantilla judicial al nivel de litigiosidad, ya que casi la mitad de los jueces soportan una carga de trabajo superior al 150% de la establecida como normal.

El colectivo Jueces para la Democracia denuncia que tres a?os despu¨¦s de aprobarse el reglamento de salud laboral de los magistrados, el CGPJ ¡°carece de las herramientas esenciales para una eficaz protecci¨®n frente a los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del colectivo judicial: una evaluaci¨®n de riesgos y la fijaci¨®n de una carga de trabajo m¨¢xima a efectos de salud laboral¡±. Esta situaci¨®n pone a los jueces, seg¨²n la demanda, en ¡°la m¨¢s absoluta desprotecci¨®n¡±.

El pasado septiembre, el CGPJ public¨® un informe sobre la carga de trabajo de los juzgados y tribunales espa?oles, con especial hincapi¨¦ en aquellos que superaban en un 150% la carga laboral que se considera normal. El 43,5% de los ¨®rganos judiciales espa?oles exced¨ªa ese nivel de trabajo. ¡°Resulta evidente que un miembro de la carrera judicial titular de un ¨®rgano con una carga de trabajo que supere en m¨¢s de un 50 % la carga de trabajo que el CGPJ considera normal est¨¢ poniendo en riesgo su salud (¡­) parece ineludible y urgente evaluar los riesgos para la salud que dicha sobrecarga de trabajo conlleva y adoptar las medidas preventivas oportunas¡±.

JpD cita en su demanda el caso del magistrado de lo Social de Madrid Angel Luis del Olmo, fallecido de un infarto el 2 de julio de 2013. Ese d¨ªa, el juez ten¨ªa que celebrar 19 juicios laborales. La carga de trabajo de su juzgado en relaci¨®n a los m¨®dulos de productividad fijados por el propio CGPJ en enero de 2013 era del 206%.

El pasado 24 de abril, un incendio en los juzgados de la calle Princesa de Madrid ¨Clos mismos en los que trabajaba el juez Del Olmo- oblig¨® a evacuar el edificio. JpD puso una denuncia ante la Inspecci¨®n de Trabajo. Sin embargo, el informe de este organismo en el que se imponen medidas correctoras a la Comunidad de Madrid no incluye medidas espec¨ªficas respecto al colectivo judicial.