Interior podr¨¢ realizar escuchas sin permiso del juez en delitos graves

El Gobierno pretende ampliar las circunstancias excepcionales en las que el ministro del Interior puede ordenar intervenciones de comunicaciones ¡ªtelef¨®nicas y de otro tipo¡ª sin autorizaci¨®n judicial previa, seg¨²n el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en el Consejo de Ministros. En este momento son posibles estas escuchas policiales solo en casos de terrorismo. Sin embargo, el anteproyecto presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, recoge que ¡°en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguaci¨®n de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente¡±; adem¨¢s se a?aden ¡°otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervenci¨®n de comunicaciones¡±. En todos estos casos, el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, ¡°podr¨¢n acordar la medida de investigaci¨®n pertinente¡±.

?A?ade que esa medida deber¨¢ ser comunicada al juez despu¨¦s, ¡°en el plazo m¨¢ximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopci¨®n de esa medida, la actuaci¨®n realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado¡±. El juez competente, ¡°tambi¨¦n de forma motivada, revocar¨¢ o confirmar¨¢ tal actuaci¨®n en un plazo m¨¢ximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida¡±. As¨ª pues, lo que antes solo estaba previsto para delitos de terrorismo, ahora se ampliar¨¢ a otros de ¡°especial gravedad¡±, sin especificar qui¨¦n ni c¨®mo se decidir¨¢ esta gravedad.

La ley en vigor en cambio es muy restrictiva con estas intervenciones sin orden judicial y el art¨ªculo 579-4 las limita a casos de terrorismo, "En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguaci¨®n de delitos relacionados con la actuaci¨®n de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el n¨²mero 3 de este art¨ªculo podr¨¢ ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunic¨¢ndolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, tambi¨¦n de forma motivada, revocar¨¢ o confirmar¨¢ tal resoluci¨®n en un plazo m¨¢ximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observaci¨®n", asegura la norma vigente.

El anteproyecto pasar¨¢ ahora la fase de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y Consejo Fiscal. Volver¨¢ al Gobierno y en febrero iniciar¨¢ su tr¨¢mite en las Cortes.

Fuentes de Justicia explicaron que este apartado de la norma ha provocado tensiones con el Ministerio del Interior, que es quien ha impuesto este precepto excepcional. Justicia ha conseguido que se limite a dos a?os improrrogables el plazo m¨¢ximo para cualquier escucha o intervenci¨®n de comunicaciones. El anteproyecto cubre el vac¨ªo legal sobre comunicaciones ya que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es tan antigua que no incluye m¨¢s intervenciones que las telef¨®nicas, postales y de telegramas. Ahora se incluir¨¢n tambi¨¦n m¨®viles, mensajes de texto, correos electr¨®nicos e Internet. Por ejemplo se autoriza al control remoto de ordenadores, mediante lo que se conoce como ¡°troyanos buenos¡±, con autorizaci¨®n judicial.

Tambi¨¦n se regulan la instalaci¨®n de c¨¢maras y micr¨®fonos en domicilios y en celdas de detenidos previa autorizaci¨®n judicial.

No se permite interceptar comunicaciones entre clientes y abogados, salgo que ¨¦ste est¨¢ acusado del mismo delito en ese procedimiento.

El Gobierno ha optado por una reforma parcial y limitada de una ley que data del siglo XIX. Al inicio de la legislatura, elabor¨® un borrador de C¨®digo Procesal Penal con un nuevo modelo de procedimiento en el que, por ejemplo, los fiscales asum¨ªan la instrucci¨®n para hacerlo m¨¢s ¨¢gil. El anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, abandon¨® aquel proyecto y ahora el Gobierno asume solo partes y opta por esa reforma parcial por falta de tiempo. El texto, seg¨²n Justicia, a¨²n debe ser ¡°pulido¡±. Por ejemplo, aquel texto establec¨ªa un control de la instrucci¨®n del fiscal por parte de un Tribunal de Garant¨ªas. Se regulaba un plazo de seis meses de instrucci¨®n ampliable a 18 y prorrogable en casos extraordinarios. El actual ministro ha hecho suya esta idea literalmente, pero adapt¨¢ndola a una reforma parcial. Es decir, esos plazos y las posibles ampliaciones los decidir¨¢ el propio juez instructor, de oficio o a instancias del fiscal. Antes era otro tribunal quien controlaba esos plazos, pero en el anteproyecto se establece una forma de autocontrol del propio magistrado instructor.

En la pr¨¢ctica, los plazos son simb¨®licos puesto que es el propio juez instructor el que se concede las pr¨®rrogas, aunque debe motivarlas, y no hay reproche, sanci¨®n o consecuencia si sobrepasa el tiempo fijado. Ninguno de los grandes casos de corrupci¨®n, por ejemplo, han tenido plazos de instrucci¨®n menores de 18 meses. Incluso, alguno muy llamativo y sencillo en la investigaci¨®n como el incidente de tr¨¢fico de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, ha superado con creces el plazo de seis meses previsto en el anteproyecto.

El texto aprobado ayer no incluye plazos m¨¢ximos, ni especifica c¨®mo y d¨®nde se recurren las pr¨®rrogas. Seg¨²n Justicia, esos detalles se perfilar¨¢n durante el tr¨¢mite con los informes no vinculantes y en el procedimiento parlamentario.

Justicia admite que el establecimiento de estos plazos no lleva aparejado un aumento de las plantillas de jueces y magistrados, ni disminuci¨®n de recursos o tr¨¢mites. La disminuci¨®n de la carga de trabajo de los jueces y fiscales vendr¨¢ de la desjudicializaci¨®n de los llamados procedimientos sin autor conocido. Por ejemplo, hurtos que ya no ir¨¢n al juzgado, sino que no pasar¨¢n de la denuncia ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otra de las novedades es la posibilidad de evitar los macroprocesos, despiezando las causas que vayan surgiendo en la investigaci¨®n, es decir, que cada delito pueda ser juzgado de forma aut¨®noma sin esperar a que termine el sumario. ¡°Lo que se busca es agilizar nuestra justicia penal para que no haya sensaci¨®n de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo [sobre alguien], sino que en unos plazos de tramitaci¨®n razonables y suficientes para una investigaci¨®n profunda se pueda llegar a una sentencia¡±, asegur¨® el ministro de Justicia.

El Gobierno ha dejado sin resolver por el momento si mantiene el t¨¦rmino imputado o si lo sustituye por otro. El anteproyecto utiliza distintas posibilidades a la espera de que una comisi¨®n conjunta con la real Academia proponga otro como, por ejemplo, encausado.