Decapitaci¨®n disfrazada

El Gobierno ha procedido a decapitar al fiscal General Eduardo Torres-Dulce.

Como por la ley de 2007 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, el Gobierno no puede cesar al Fiscal General del Estado con el argumento de que no le gusta, ha pactado que entregue su cabeza.

Ya dijimos aqu¨ª que este era el curso de acci¨®n a ra¨ªz del ¨²ltimo de los episodios: la querella contra Artur M¨¢s a ra¨ªz de la consulta del 9-N.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/se-busca-fiscal-general-del-estado.html

El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, comenz¨® hace tres semanas la b¨²squeda de un candidato para ocupar el cargo de Torres-Dulce.

Por esta raz¨®n, la salida se aplaz¨® unos d¨ªas.

No se va Torres-Dulce en defensa de la independencia judicial frente a las reiteradas intervenciones del Gobierno de Rajoy.

El Gobierno le ha destituido de facto.

Como hemos se?alado, el desencadenante del cese encubierto ha sido la gesti¨®n de la querella contra Artur Mas por parte de Torres-Dulce.

La presidenta del PP de Catalu?a, Alicia S¨¢nchez Camacho, anticip¨® en un programa de televisi¨®n que la querella estaba pr¨¢cticamente elaborada en la Fiscal¨ªa General del Estado y consider¨® que se ten¨ªa "bases s¨®lidas".

El entonces fiscal general del Estado reaccion¨® con irritaci¨®n.

 Pod¨ªa presentarla desde Madrid pero prefiri¨® que fuera la Fiscal¨ªa del TSJ de Catalu?a la que analizara la situaci¨®n y decidiera en consecuencia. Sin embargo, dicha fiscal¨ªa rechaz¨® la idea de presentar una querella en la que, seg¨²n sus miembros, no hab¨ªa indicios de delito. Torres-Dulce, despu¨¦s de esta negativa, consult¨® a la Junta de Fiscales de Sala y envi¨® la querella desde Madrid.

Pero no ha sido el ¨²nico punto.

Uno de los enfrentamientos m¨¢s recientes gir¨® en torno a G¨¹rtel.

El pasado 26 de noviembre, tras conocerse el auto del juez Ruz sobre la conclusi¨®n de la pieza separada G¨¹rtel 1999-2005, a Torres-Dulce se le pregunt¨® si compart¨ªa la calificaci¨®n del juez y las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicol¨¢s, respecto a declarar part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo a la entonces ministra Ana Mato.

El entonces fiscal general del Estado contest¨® que, en efecto, compart¨ªa esa calificaci¨®n. Porque dicha calificaci¨®n fue la conclusi¨®n a la que llegaron las dos fiscales y el juez.

La secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, al referirse al asunto el 2 de diciembre pasado, explic¨® que la resoluci¨®n del juez Ruz "no es de recibo" y a?adi¨® que la figura de part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo, que Ruz aplica a Mato y tambi¨¦n al PP, era un asunto "cogido por los pelos".

  La decisi¨®n de destituir/decapitar, con el consentimiento del afectado, a Torres-Dulce ha tenido lugar a pesar de los esfuerzos del fiscal de plegarse a importantes presiones gubernamentales y del PP. Este fue notoriamente el caso del cese de Mart¨ªn Rodr¨ªguez Sol, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, un amigo de Torres-Dulce, por llevar adelante la investigaci¨®n sobre una operaci¨®n encubierta del Ministerio de Interior en torno a un borrador de la UDEF sobre asuntos de corrupci¨®n en Catalu?a, de noviembre de 2012.

Finalmente, unas declaraciones de Rodr¨ªguez Sol sobre la necesidad de buscar un encaje para un eventual refer¨¦ndum catal¨¢n llev¨® a su destituci¨®n en marzo de 2013 por Torres-Dulce, pese a ser ¨¦ste ¨²ltimo padrino de uno de los hijos de Rodr¨ªguez Sol.

Hay que situar el desenlace de la salida de Torres-Dulce tambi¨¦n en el marco de la llamada Operaci¨®n Ruz, a saber, la decisi¨®n de Carlos Lesmes, aprobada por la comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, el pasado 9 de diciembre, de sacar a concurso la plaza que ocupa en comisi¨®n el juez Ruz y afectar as¨ª la marcha del proceso de instrucci¨®n del caso G¨¹rtel.

 La decisi¨®n condiciona la independencia judicial de Ruz porque est¨¢ pendiente el auto de apertura de juicio oral, previsto para mediados de marzo de 2015, sobre la pieza separada 1999-2005, y hay muchas diligencias en curso sobre varias piezas separadas adicionales, entre ellas nada menos que la contabilidad B del PP o los llamados Papeles de B¨¢rcenas que exig¨ªan, como m¨ªnimo, la pr¨®rroga, absolutamente legal, de la comisi¨®n de servicios hasta su vencimiento de dos a?os, el 24 de junio de 2015.

Protesta de los magistrados del Supremo

Pero la situaci¨®n de Torres-Dulce no es la ¨²nica.

 Uno de los magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, Luciano Varela, anunci¨® el pasado martes, d¨ªa 16, en un pleno convocado a instancias, disfrazadas claro est¨¢, del Gobierno para tratar el tema del descuento de condenas de presos etarras, que iba a dirigir una carta al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que fuese entregada al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Seg¨²n explic¨®, quer¨ªa manifestar su rechazo por las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, en las que insinuaba un posible delito de prevaricaci¨®n por parte de los magistrados de la Audiencia Nacional. Se?al¨® que los que quisieran pood¨ªan adherirse a su carta. Ninguno de los magistrados se refiri¨® a su anuncio.

Pero esta ma?ana, la carta anunciada a t¨ªtulo personal fue acogida de manera activa por los magistrados que comenzaron a firmarla esta ma?ana. Acusan, con lenguaje medido pero sin disimulo, al ministro del Interior de poner en solfa la independencia judicial.

Descargar Carta TS

  Trece son los magistrados que la han firmado. Los magistrados Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta y Antonio del Moral no han firmado; el magistrado Carlos Granados, emerito, estaba ausente hoy. Y tanto el anterior presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, em¨¦rito, como Perfecto Andr¨¦s, em¨¦rito, tambi¨¦n se adhirieron.

Se dirigen a Manuel Marchena en relaci¨®n a las declaraciones del ministro en las cuales, el pasado 10 de diciembre, consideraba "lamentable" la resoluci¨®n de la Audiencia Nacional (secci¨®n primera de lo Penal) sobre el mecanismo de descuento de condena de presos etarras en aplicaci¨®n precisamente de una sentencia del Supremo de marzo pasado, en la que fue ponente el magistrado Miguel Colmenero.

    El ministro llega a insinuar que podr¨ªan haber incurrido en un delito de prevaricaci¨®n.

Los trece magistrados firmantes (Varela, Maza, Colmenero, Gim¨¦nez, Ferrer, Conde-Pumpido, Berdugo, Soriano, Palomo, Jorge Barreiro, Saavedra, Monterde y Andr¨¦s) no se limitan a denunciar pasivamente las afirmaciones de Fern¨¢ndez D¨ªaz sino que piden a Marchena que informe a Lesmes sobre la "desaz¨®n" que sienten por las manifestaciones del ministro.

 "Pues bien, quienes suscribimos este documento, sin a?adir calificaci¨®n alguna al respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno, interesamos a la Presidencia de esa Sala Segunda [Marchena], que haga saber al Presidente del Tribunal Supremo [Lesmes] nuestra desaz¨®n por tales manifestaciones. Asi como que interese del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al Presidente del Gobierno, recabando de ¨¦ste la reracci¨®n institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denpara que haga saber al presidente del Gobierno recabando de este la reacci¨®n institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos", se?alan los trece firmantes.

No se recuerda entre los magistrados una carta parecida en la que se plantea una exigencia como la de planteada en el escrito, en el sentido de que el presidente del Gobierno act¨²e "institucionalmente" para frenar a un ministro.

Lesmes, ?considerar¨¢ apropiadas las declaraciones de Fern¨¢ndez D¨ªaz que cuestionan las resoluciones, conforme a Derecho, de los magistrados de la Audiencia Nacional, habiendo estos actuado a su vez en aplicaci¨®n de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo pasado?

?Se excusar¨¢ Fern¨¢ndez D¨ªaz?

?Hacia qu¨¦ lado mirar¨¢ Rajoy?