Jueces y funcionarios denuncian el mal estado de juzgados de toda Espa?a
La Inspecci¨®n de Trabajo ha intervenido en los casos especialmente graves
El efecto de siete a?os de crisis econ¨®mica, combinado con el desinter¨¦s de los pol¨ªticos de distinto signo por las inversiones en Justicia ¡ªde escasa rentabilidad electoral¡ª, han llevado a muchos juzgados de toda Espa?a a presentar un aspecto lamentable. Cuartos de ba?o convertidos en archivos permanentes de sumarios y elementos de prueba, ventanas tapiadas con cartones, cables por los suelos, estanter¨ªas vencidas por el peso de los sumarios, desprendimientos de techos, goteras en s¨®tanos y otros desperfectos constituyen el ¨¢mbito de trabajo de numerosos jueces y funcionarios.
Estas deficiencias, que afectan a la seguridad y a la salud laboral de quienes trabajan en estos edificios, y tambi¨¦n al resto de usuarios de la administraci¨®n de justicia, no son exclusivas de sedes peque?as o alejadas de los grandes n¨²cleos. El pasado abril, un incendio afect¨® a la azotea de los juzgados de lo Social de Madrid, en pleno centro de la capital, y en octubre el fuego arras¨® los archivos del Instituto de Medicina Legal y de tres juzgados de Palma de Mallorca, un edificio de apenas dos a?os de antig¨¹edad.
Algunas situaciones especialmente graves han requerido la intervenci¨®n de la Inspecci¨®n de Trabajo. Este organismo clausur¨® en 2011 los juzgados y el Registro Civil de Alcal¨¢ de Guada¨ªra (Sevilla) tras la aparici¨®n de un socav¨®n en el vest¨ªbulo del inmueble. Y el pasado marzo detect¨® en la sede judicial de San Fernando (C¨¢diz) cables por el suelo en contacto con papeles y ausencia de v¨ªas de evacuaci¨®n en caso de incendio. En Guadalajara capital, esta semana los funcionarios han realizado protestas por la baja calidad del aire y las radiaciones electromagn¨¦ticas de unos transformadores que alberga el edificio de la plaza Belad¨ªez. Tambi¨¦n ¨®rganos de gran relevancia como la Audiencia Nacional, que a mediados de 2015 estrenar¨¢ la reforma de su sede, sufre notables deficiencias.
El Foro Judicial Independiente (FJI), la asociaci¨®n de magistrados m¨¢s joven, ha emprendido una campa?a en redes sociales para denunciar el estado de los juzgados. La asociaci¨®n envi¨® un dossier fotogr¨¢fico ¡ªalgunas de cuyas im¨¢genes ilustran esta p¨¢gina¡ª al Grupo Parlamentario de UPyD. El pasado mi¨¦rcoles, el diputado Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n pregunt¨® al ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, sobre esta falta de medios materiales. Catal¨¢ se escud¨® en que el 80% de las sedes judiciales no dependen de su departamento, sino de las comunidades aut¨®nomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. ¡°En los presupuestos para el a?o 2015 (...) hay un incremento muy relevante en el presupuesto de inversiones para mejorar los edificios y para incorporar las nuevas tecnolog¨ªas en la oficina judicial, que es otra de las cosas que tenemos pendientes¡±, asegur¨® el ministro, despu¨¦s de que Gorriar¨¢n le acusara de preocuparse ¨²nicamente de la justicia para ¡°recaudar¡± (por las tasas judiciales) o para ¡°controlarla¡± e ¡°impedir que entre a fondo en los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n¡±.
Alejandro Vega, miembro de la directiva del FJI, asegura que las deficiencias materiales en los juzgados es un ¡°problema generalizado¡±. De hecho, la mayor¨ªa de quejas provienen de Andaluc¨ªa, Madrid y la Comunidad Valenciana, que, junto con Catalu?a, son las comunidades que, por poblaci¨®n, cuentan con m¨¢s sedes judiciales en su territorio.
La asociaci¨®n participa activamente en la Comisi¨®n de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial, que, entre otros cometidos, vigila por el buen estado de las instalaciones en las que ejercen su funci¨®n los magistrados. No obstante, el FJI se plantea abandonar la v¨ªa interna institucional e interponer denuncias ante la Inspecci¨®n de Trabajo.
¡°La opini¨®n p¨²blica, por las investigaciones de corrupci¨®n y por sentencias que afectan a consumidores, por ejemplo, empieza ahora a ser consciente de la necesidad de tener una justicia independiente, eficiente y de calidad. Y el mal estado de las instalaciones afecta al ejercicio de eficaz de la justicia. Los ciudadanos ve¨ªan evidente hasta ahora la necesidad de un buen sistema sanitario o educativo, pero tener una justicia de calidad no entraba en sus preocupaciones. Cuando la opini¨®n p¨²blica d¨¦ a la justicia independiente la importancia que tiene, har¨¢ que los poderes p¨²blicos reaccionen¡±, afirma Vega.
Plan de riesgos en enero
Juan Mart¨ªnez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es uno de los dos vocales del CGPJ que pertenecen a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Riesgos y Salud Laboral del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Este magistrado afirma que ¡°los puntos negros est¨¢ muy repartidos¡± aunque los casos m¨¢s sangrantes que ha conocido desde que tom¨® posesi¨®n est¨¢n en Guadalajara y, sobre todo, Madrid capital.
Mart¨ªnez Moya, magistrado de lo Social, afirma que a primeros de a?o el CGPJ y el Ministerio de Justicia aprobar¨¢n el primer plan de prevenci¨®n riesgos laborales para los jueces espa?oles, que incluir¨¢ aspectos que van desde la ergonom¨ªa a los factores psico-sociales. ¡°La seguridad y salud redunda en la calidad del trabajo, hay que buscar, si no unas condiciones ¨®ptimas, al menos unas condiciones adecuadas, que en muchos casos ahora no lo son¡±, afirma.
Aunque las instalaciones judiciales son competencia directa del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Aut¨®nomas, Moya, afirma que el CGPJ tiene el deber de ¡°estar encima¡± de los problemas y ¡°requerir soluciones¡±.
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