Cristina de Borb¨®n ya sabe que la Ley es igual para todos
El auto del juez Jos¨¦ Castro no puede ser recurrido La Infanta tendr¨¢ que esperar al juicio para intentar no continuar en el banquillo
El rey Juan Carlos pronunci¨® en su discurso navide?o de 2011 una frase que muchos esperaban o¨ªr: ¡°La Ley es igual para todos, y la ejemplaridad debe ser una meta para los cargos p¨²blicos. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuaci¨®n censurable deber¨¢ ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley¡±.
Tres a?os despu¨¦s, su hija Cristina de Borb¨®n se sentar¨¢ en el banquillo acusada de dos delitos fiscales por los negocios ilegales de su marido, I?aki Urdangarin, de los que se benefici¨® la Infanta a trav¨¦s de Aizoon, la empresa cuya propiedad compart¨ªa al 50% con su esposo.
Cuando don Juan Carlos pronunci¨® esa frase, su hija a¨²n no estaba imputada en el caso N¨®os, un proceso judicial que pon¨ªa bajo sospecha a la instituci¨®n mon¨¢rquica.
I?aki Urdangarin y su socio Diego Torres montaron a finales de 2003 un negocio, el Instituto N¨®os, basado en el tr¨¢fico de influencias ¨Cadministraciones p¨²blicas les adjudicaban a dedo contratos para organizar eventos sin control alguno sobre el precio fijado ni sobre los gastos reales de esos actos-. N¨®os se presentaba ante los gobiernos del PP como una entidad sin ¨¢nimo de lucro en cuya junta directiva figuraban, junto a Torres y Urdangarin, la infanta Cristina y su secretario, Carlos Garc¨ªa Revenga.
Con esas credenciales, N¨®os organiz¨® entre 2004 y 2006 cinco eventos ¨Cdos para Baleares y tres para la Comunidad Valenciana- por los que cobr¨® casi seis millones de euros, aunque los gastos reales de organizaci¨®n no superaron el 20% del total, seg¨²n la investigaci¨®n. El 80% restante fue a parar a empresas con ¨¢nimo de lucro creadas por Urdangarin y Torres, que facturaban servicios inexistentes al Instituto N¨®os para la organizaci¨®n de eventos, seg¨²n las conclusiones del juez y el fiscal del caso.
Entre las sociedades que se beneficiaron del desv¨ªo de dinero p¨²blico figuraba Aizoon, la empresa familiar creada por Urdangarin y Cristina de Borb¨®n.
El juez y el fiscal entendieron en 2012 que Cristina de Borb¨®n no hab¨ªa participado de las decisiones que tomaba el Instituto N¨®os pues aunque formaba parte de su junta directiva nunca asisti¨® a sus reuniones y por tanto desconoc¨ªa las pr¨¢cticas corruptas de su marido, I?aki Urdangarin, y del socio Diego Torres.
Alertado en 2006 por una pregunta parlamentaria de los socialistas de Baleares sobre los contratos adjudicados a dedo al Instituto N¨®os, el rey Juan Carlos logr¨® que su yerno dejara el negocio. A partir de ese momento, los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana tambi¨¦n dejaron de celebrar ese tipo de eventos pagados con dinero p¨²blico.
Urdangarin cambi¨® entonces su manera de ganarse la vida y pas¨® a formar parte de casi una decena de consejos de administraci¨®n de distintas empresas, un trabajo con el que consegu¨ªa ingresar cientos de miles de euros al a?o. Pero en lugar de declarar esas rentas a Hacienda en el IRPF, lo hac¨ªa a trav¨¦s de su empresa Aizoon, mediante el impuesto de sociedades. As¨ª se ahorraba mucho dinero en impuestos, desgrav¨¢ndose adem¨¢s por distintos gastos de su empresa que no correspond¨ªan a la actividad de la misma.
Analizado el caso, la Agencia Tributaria consider¨® que esta sociedad era una tapadera creada por Urdangarin para defraudar al fisco.
Cuando el juez Jos¨¦ Castro orden¨® levantar el velo sobre Aizoon, una pr¨¢ctica jur¨ªdica consistente en deducir que las consecuencias de los actos jur¨ªdicos de una entidad mercantil se pueden extender a los administradores de la misma, el nombre de Cristina de Borb¨®n, hasta entonces fuera del proceso judicial, fue incluido en abril de 2013 entre la lista de imputados.
Castro hab¨ªa visto en la conducta de la Infanta, administradora de Aizoon junto a su marido, indicios suficientes de un delito de blanqueo de capitales y otros dos delitos fiscales por los que deb¨ªa ser juzgada. Cristina de Borb¨®n hab¨ªa utilizado el dinero que Urdangarin ingresaba en Aizoon para gastos particulares.
El fiscal anticorrupci¨®n, Pedro Horrach, entendi¨® que la infanta no era responsable de los manejos de su esposo ni conoc¨ªa las pr¨¢cticas ilegales de Urdangarin para defraudar al fisco. La Agencia Tributaria y la Abogac¨ªa del Estado compartieron esta tesis e informaron contra la imputaci¨®n de la infanta en sus conclusiones sobre la empresa Aizoon.
El juez Castro se encontr¨® con el rechazo de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la primera imputaci¨®n de la infanta, pero se col¨® por la puerta abierta que dejaron los tres magistrados de esa instituci¨®n judicial para investigar a Cristina de Borb¨®n por delitos fiscales y acab¨® imputando de nuevo a principios de 2014 a la hija del Rey Juan Carlos.
Esa segunda imputaci¨®n, que solo apoya la acusaci¨®n popular de Manos Limpias, sentar¨¢ a Cristina de Borb¨®n en el banquillo junto a su marido, al socio de este y a ex cargos p¨²blicos de los Gobiernos de Baleares, Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Madrid.
En Espa?a resulta controvertido juzgar a alguien por un delito del que no le acusa ni el perjudicado directo del mismo (acusaci¨®n particular) ni el ministerio fiscal. El Tribunal Supremo dict¨® dos sentencias contradictorias en este sentido relacionadas con el caso Bot¨ªn (archivada la causa porque solo ped¨ªa condena la acusaci¨®n popular) y el caso Atutxa (condenado tras la ¨²nica petici¨®n de la acusaci¨®n popular).
El Tribunal Constitucional se pronunci¨® sobre esta controversia sin aclarar cual es el criterio a seguir, pues argument¨® que el caso Bot¨ªn y el caso Atutxa eran distintos y, por tanto, no se pod¨ªan juzgar de la misma forma.
El desenlace definitivo de esta ¨²ltima pol¨¦mica judicial antes de que Cristina de Borb¨®n sea examinada en juicio oral corresponder¨¢ al tribunal encargado de la vista. ¡°Contra esta resoluci¨®n¡±, escribi¨® el juez Jos¨¦ Castro, ¡°no cabe recurso alguno pudiendo reproducir ante el ¨®rgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas¡±.
La Ley, como dijo el Rey Juan Carlos en su discurso navide?o de 2011, es igual para todos. Su hija ya lo sabe.
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