Denuncia contra la c¨²pula de la empresa que explotaba Castor

La denuncia que ha elaborado la Fiscal¨ªa de Castell¨®n por el fiasco del almac¨¦n submarino Castor, que desencaden¨® m¨¢s de 500 microse¨ªsmos durante la fase primera de inyecci¨®n de gas natural, se centra principalmente en la g¨¦nesis de este proyecto. La mayor¨ªa de autorizaciones se concedieron durante el Gobierno del socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, aunque alg¨²n tr¨¢mite se complet¨® ya en la actual legislatura del PP. La empresa encargada del proyecto ha recibido una indemnizaci¨®n de 1.350 millones por la paralizaci¨®n del almac¨¦n.

La denuncia de la Fiscal¨ªa de Castell¨®n aprecia presuntos delitos de prevaricaci¨®n medioambiental y contra el medio ambiente. Y va dirigida contra el presidente (Recaredo del Potro) y el consejo de administraci¨®n de la empresa que ejecutaba el proyecto: Escal UGS, que est¨¢ formada por ACS (66,7% del accionariado) y la canadiense CLP (33,3%). La empresa ha rechazado este martes hacer declaraciones ya que, seg¨²n ha se?alado un portavoz, a¨²n desconoce el contenido de la denuncia.

En la parte administrativa, el fiscal acusa a cinco miembros y exmiembros de los ministerios de Medio Ambiente y de Industria "que intervinieron en la tramitaci¨®n de la concesi¨®n de explotaci¨®n de tal proyecto", seg¨²n ha detallado el ministerio p¨²blico. En el escrito figuran dos directores generales del Ministerio Industria del anterior Ejecutivo del PSOE. Tambi¨¦n, una ex directora general de Medio Ambiente.

El fiscal, adem¨¢s, responsabiliza a cuatro miembros del Instituto Geol¨®gico y Minero (IGME), encargado de los informes t¨¦cnicos durante la fase de evaluaci¨®n del proyecto, que recibi¨® la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2009.

La Fiscal¨ªa de Castell¨®n comenz¨® a investigar este asunto el 3 de octubre de 2013, una semana despu¨¦s de que el actual Gobierno ordenara la paralizaci¨®n de la actividad de la plataforma por los microse¨ªsmos que se desencadenaron tras la inyecci¨®n del gas colch¨®n. Pero no concluy¨® sus pesquisas hasta el 4 de octubre de este a?o, un d¨ªa despu¨¦s de que el Consejo de Ministros aprobara la multimillonaria indemnizaci¨®n a Escal UGS en aplicaci¨®n de una cl¨¢usula aprobada por el anterior Ministerio de Industria. Finalmente, tras recibir el visto bueno de la Fiscal¨ªa General del Estado, la denuncia se presentar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas en los juzgados de Vinar¨°s.

Para el ministerio p¨²blico los problemas se centran en la fase de tramitaci¨®n de la concesi¨®n que recibi¨® Escal UGS para este almac¨¦n, considerado por el anterior Gobierno y por el actual una reserva estrat¨¦gica de gas natural. En la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental favorable no se incluyeron salvedades sobre el peligro s¨ªsmico. Durante la fase previa de la tramitaci¨®n, el Observatorio del Ebro, un instituto de investigaci¨®n, apunt¨® a la necesidad de tener en cuenta el riesgo s¨ªsmico. El anterior ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Ca?ete, apunt¨® precisamente a este asunto cuando surgi¨® la pol¨¦mica: "La DIA no ten¨ªa ning¨²n condicionamiento relativo a problemas s¨ªsmicos", dijo.