El Gobierno suprime la prisi¨®n agravada a los piquetes que coaccionen

La pena de prisi¨®n por coacciones de sindicalistas sobre otros trabajadores en jornadas de huelga, con violencia o sin ella, como ahora establece el C¨®digo Penal, va a suavizarse notablemente, para que las penas de c¨¢rcel sean excepcionales y siempre vinculadas a episodios de violencia. Esta es la intenci¨®n del Gobierno, que se va a plasmar en la reforma del C¨®digo Penal. El objetivo es poner fin a sentencias desproporcionadas como las repetidas tras las protestas de los ¨²ltimos meses y que han supuesto penas de c¨¢rcel, por ejemplo, tres a?os para dos sindicalistas de Pontevedra por tirar pintura a la piscina de un hotel. Unos 300 trabajadores de toda Espa?a afrontan, adem¨¢s de multas, peticiones de penas de c¨¢rcel que suman cerca de 120 a?os.

En la legislaci¨®n actual, la coacci¨®n en el ¨¢mbito laboral y sindical tiene mayor penalizaci¨®n que si se produce en cualquier otra esfera. Las penas van de prisi¨®n de 6 meses a tres a?os y multa de 6 a 12 meses. El Gobierno ¡°va a asimilar las penas por coacciones que puedan producirse en una huelga con las de otro ¨¢mbito que limite tambi¨¦n derechos fundamentales¡±, que se sustancian con penas de multa y ¡°privaci¨®n de libertad limitada¡±, informan a EL PA?S, fuentes gubernamentales. ¡°Se trata de mantener la coherencia entre tipos penales equivalentes¡±, recalcan.

El criterio es del nuevo ministro, Rafael Catal¨¢, y viene precedido de una intensa presi¨®n de los sindicatos y partidos de la oposici¨®n, singularmente de Izquierda Plural y el PSOE. Asimismo, ¡°la desproporci¨®n¡± de la pena con la conducta fue reconocida por el anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, poco antes de de presentar su dimisi¨®n. Este consider¨® en sesi¨®n parlamentaria, lo ¡°extraordinariamente duro¡± del art¨ªculo 315 del C¨®digo Penal, unas de las bestias negras del sindicalismo.

La dureza y la ¡°desproporci¨®n¡± tambi¨¦n la ve el Gobierno, por lo que el nuevo titular de Justicia trasladar¨¢ la modificaci¨®n en una enmienda del Grupo Popular que solo dejar¨ªa al juez elegir entre multa y c¨¢rcel, cuando mediasen hechos violentos.

El art¨ªculo que Justicia pretende modificar dice que ¡°ser¨¢n castigados con las penas de prisi¨®n de 6 meses a 3 a?os y multa de 6 a 12 meses los que actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga¡±. Esta es la redacci¨®n denostada por sindicatos y oposic¨ª¨®n, el apartado 3 del art¨ªculo 315 del C¨®digo Penal. Las cr¨ªticas se acent¨²an porque el apartado 1 se refiere a los empresarios, con las mismas penas, que ¡°mediante enga?o o abuso de situaci¨®n de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga¡±. En primer lugar, los detractores se?alan que, en la pr¨¢ctica, a los empresarios no les ocurre nada, como han denunciado solo hace dos meses en sesi¨®n parlamentaria, Joan Coscubiela de Izquierda Plural, y Joan Saura, en el Senado, del grupo de la Entessa. La discusi¨®n jur¨ªdica viene porque el Gobierno no quiere eliminar del todo la posibilidad de pena de prisi¨®n aunque pretenda limitarla al m¨¢ximo.

Hasta el 8 de enero, d¨ªa en el que se reunir¨¢ en el Congreso la ponencia que estudia la reforma del C¨®digo Penal, el Ministerio tiene plazo para presentar su propuesta pero ya hay l¨ªneas rojas de la oposici¨®n, que comparten los sindicatos mayoritarios, CC. OO y UGT. El ponente socialista de la ley, Manuel de la Rocha, jurista y especialista en Derecho Laboral, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional seg¨²n la cual ¡°cuando se est¨¢ ejerciendo un derecho fundamental como el de huelga, si hubiera un exceso punible por parte de los piquetes informativos, la pena a aplicar deber¨ªa ser siempre m¨¢s suave que a quien ejerce una coacci¨®n sin estar ejerciendo un derecho fundamental. Es decir, m¨¢s suave que la del tipo b¨¢sico de coacciones del Art. 172.1 CO. Y nunca igual o m¨¢s grave¡±. Estas consideraciones van en l¨ªnea de considerar que un miembro de un piquete aunque sea de manera inapropiada defiende un derecho constitucional como es el de huelga.

El cambio est¨¢ pendiente de redacci¨®n por parte del Gobierno pero una pista la da el Grupo Popular que pretende suavizar el apartado 3 del art¨ªculo 315, de manera que se sustituya la prisi¨®n y multa que hoy impera, por una cosa u otra y el criterio general ser¨¢ siempre el de multa. Tambi¨¦n hay discrepancia sobre dejar al mismo nivel al empresario que ¡°con coacciones¡± impide el derecho de huelga que al sindicalista que lo propicia, tambi¨¦n con coacciones, ya que los primeros no se basan en ning¨²n derecho constitucional y los segundos, s¨ª.

A los sindicalistas se les aplica ahora la m¨¢xima pena como ha ocurrido hace una semana en Gij¨®n. Una sentencia del Juzgado de lo penal n¨²mero uno de la ciudad asturiana condena a cinco sindicalistas de UGT a penas de hasta cinco a?os por coaccionar a trabajadores de la empresa Arcelor, en la huelga general de marzo de 2012, para que participaran en la protesta. Algunos de estos sindicalistas lanzaron petardos contra trabajadores que no quer¨ªan participar en esa jornada general de paro. Los afectados sufrieron da?os leves y, sobre todo, estuvieron aquejados de episodios de ansiedad y depresi¨®n.

Muchos de los casos actuales de condena a sindicalistas, todos en proceso de recurso, proceden de esa huelga general como ocurri¨® con la secretaria general de CC OO de Baleares. No obstante, en muchos no hubo violencia. ¡°Y basta que el fiscal determine que ha existido coacci¨®n para que pida duras penas de c¨¢rcel por participar en un piquete de huelga¡±, se?ala Javier L¨®pez, dirigente de CC OO.