El Gobierno y el PSOE pactan hacer juntos una ley contra el terrorismo

El Gobierno y el PSOE han pactado este martes elaborar conjuntamente una proposici¨®n de ley org¨¢nica contra el terrorismo que d¨¦ un nuevo enfoque penal al yihadismo. Los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fern¨¢ndez y Rafael Catal¨¢, han acordado con una delegaci¨®n socialista ¡ªencabezada por el portavoz parlamentario, Antonio Hernando¡ª elaborar el texto en las pr¨®ximas semanas para su tramitaci¨®n urgente en el Congreso. El acuerdo estar¨¢ abierto a otros grupos con los que se reunir¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas.

El acuerdo fue encauzado por la ma?ana en una conversaci¨®n telef¨®nica entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el l¨ªder de la oposici¨®n, Pedro S¨¢nchez, a instancias de ¨¦ste y estar¨¢ abierto a otros grupos con los que se reunir¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas.

La base ser¨¢n las 12 enmiendas presentadas por el PP y el pacto consiste en sacar del proyecto de ley de C¨®digo Penal que se tramita en el Congreso todo el apartado de terrorismo. La reforma ya estaba prevista antes de los atentados de Par¨ªs, pero ahora el Ejecutivo ha decidido impulsarla y acompa?arla de un plan para combatir el terrorismo internacional o islamista.

Las enmiendas del PP suponen un cambio radical del tratamiento penal del terrorismo para hacer frente al yihadismo. Hasta ahora, ese cap¨ªtulo estaba dirigido a combatir fundamentalmente a grupos organizados y,?ahora, se referir¨¢ a terroristas que act¨²en de forma individual. Estas enmiendas sobre las que PP y PSOE trabajar¨¢n se dirigen a tipificar el reclutamiento y adiestramiento, de forma que sea posible encarcelar a quienes reciban adiestramiento en pa¨ªses que exportan la Yihad, como Yemen o Siria, entre otros.

Hay alg¨²n punto pol¨¦mico como el que tipifica la consulta "habitual" de p¨¢ginas web en las que se adiestre a terroristas. En este apartado, hay objeciones que tienen que ver con la ambig¨¹edad de la redacci¨®n o las dificultades para investigadores o curiosos de conocer los detalles de esas p¨¢ginas que son de acceso p¨²blico permitido. Como se hace mediante enmiendas, no es posible obtener informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para afinar o matizar las garant¨ªas. Fuentes de Interior explican que est¨¢n dispuestos a retocar la redacci¨®n.

Inicialmente, el PP present¨® sus enmiendas sin consultar con el PSOE, lo que ¡ªseg¨²n el principal partido de la oposici¨®n¡ª romp¨ªa el consenso que, de hecho, se ha mantenido en el ¨¢mbito del terrorismo en los ¨²ltimos 30 a?os. El Gobierno rectific¨® y logr¨® el acuerdo con el PSOE, que pretende extender.

Otra medida que afecta a una norma es el registro de pasajeros o PNR (Passenger Name Record), que permite guardar datos sobre los viajes de cada ciudadano. Esta medida, sobre la que ya trabajaba el Gobierno de Mariano Rajoy desde hace meses, ha sido agilizada ahora tras los atentados de Par¨ªs y como consecuencia de las decisiones de la UE. En este caso, el Gobierno quiere darle cobertura legal con una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por los cr¨ªticos. "Una sencillita enmienda de tres palabras", ha dicho Jorge Fern¨¢ndez este martes.

Esa enmienda del PP ser¨ªa incluida en el Senado dentro de esa pol¨¦mica ley, que ya fue reformada para dar cobertura legal a las entregas en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla. Esa controvertida forma de legislar fue usada antes por el actual Gobierno para eliminar la justicia universal o para aforar a la familia real, entre otros asuntos clave.

La tercera ley es la de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en fase de informes y que tendr¨¢ que volver al Consejo de Ministros antes de ir a las Cortes. La norma es del siglo XIX y, por tanto, el cap¨ªtulo de intervenci¨®n de comunicaciones est¨¢ tan desfasado que no habla de m¨®viles, mensajes de texto o Internet. El anteproyecto del Gobierno permite esos medios de investigaci¨®n, claves para hacer frente al terrorismo internacional.

Ese anteproyecto ten¨ªa un punto controvertido, tachado de inconstitucional por el Poder Judicial, y que pretend¨ªa ampliar la posibilidad de intervenir comunicaciones sin orden judicial previa, que solo se permite ahora para delitos de terrorismo. Interior impuso extenderlo a otras "circunstancias graves", como la pedofilia o la pornograf¨ªa infantil. Sin embargo, tras las cr¨ªticas y los informes contrarios, el Gobierno asegura que est¨¢ dispuesto a dar marcha atr¨¢s. Adem¨¢s, el Ejecutivo prepara un plan, que no requiere reformas legales, para hacer frente a este terrorismo.