La imputaci¨®n de Chaves y Gri?¨¢n en los ERE calienta la campa?a andaluza
El Supremo cita a declarar a los expresidentes de la Junta para abril, tras las elecciones
El esc¨¢ndalo de los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa ha entrado en la fase crucial y ha caldeado la pre-campa?a de las elecciones auton¨®micas del 22 de marzo. El Tribunal Supremo ha citado en calidad de imputados a los expresidentes del Gobierno aut¨®nomo Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, dos referencias del PSOE en Espa?a, as¨ª como a otros tres exconsejeros andaluces (Gaspar Zarr¨ªas, Mar Moreno y Jos¨¦ Antonio Viera), para que declaren sobre su papel en el caso. El instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, fija las declaraciones entre el 7 y el 21 de abril, despu¨¦s de las elecciones andaluzas, para las que quedan solo 33 d¨ªas.
?La imputaci¨®n de los dos ¨²ltimos presidentes andaluces y del PSOE federal caus¨® zozobra en las filas socialistas, que ven c¨®mo el caso ERE monopoliza de nuevo el debate pol¨ªtico e introduce un factor de incertidumbre en la campa?a electoral de la presidenta de la Junta y candidata socialista, Susana D¨ªaz, que aparece como favorita en todas las encuestas. Los partidos de la oposici¨®n se apresuraron ayer a exigir a D¨ªaz y al l¨ªder del PSOE, Pedro S¨¢nchez, que cumpliesen con el anuncio de que pedir¨ªan el esca?o a Chaves y Gri?¨¢n cuando fueran imputados. Pero el hecho es que D¨ªaz y S¨¢nchez ya corrigieron esa posici¨®n inicial y precisaron que la petici¨®n se producir¨ªa en caso de que el Supremo concrete el delito sobre los aforados. Ayer mismo, en un acto en Baza (Granada), D¨ªaz dijo que ¡°no se ha movido un mil¨ªmetro¡± de su posici¨®n y que les pedir¨¢ el esca?o si Barreiro precisa la existencia de un delito en su actuaci¨®n.
Y este momento no ha llegado. En su providencia, el instructor del Supremo no concreta las acusaciones contra los aforados. Fuentes del Supremo recalcaron que la imputaci¨®n con o sin delito atribuido tiene la misma carga y que, en primer lugar, la citaci¨®n se realiza con una imputaci¨®n gen¨¦rica y m¨¢s adelante, si procede, ya se determinar¨¢ la implicaci¨®n. En ese caso, antes de la inculpaci¨®n formal o el procesamiento, Barreiro tendr¨ªa que pedir el suplicatorio a las C¨¢maras. Chaves, Zarr¨ªas y Viera son diputados en el Congreso, mientras que Gri?¨¢n y Moreno son senadores.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso desde hace m¨¢s de cuatro a?os, s¨ª determin¨® en la exposici¨®n razonada que envi¨® el pasado agosto al Supremo los delitos que atribuye a los ex altos cargos del PSOE: prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La teor¨ªa de la juez es que la c¨²pula del Gobierno andaluz dise?¨® en 2001 un sistema ilegal para repartir ayudas p¨²blicas de forma discrecional entre trabajadores y empresas a lo largo de una d¨¦cada. Alaya entiende que para pagar el fondo (que tuvo una dotaci¨®n presupuestaria de 855 millones entre 2001 y 2010), el Gobierno andaluz recurri¨® a una herramienta presupuestaria (las transferencias de financiaci¨®n) que considera ilegal y que lo hizo para esquivar los controles de la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa.
La juez sustenta su acusaci¨®n contra los aforados en el informe que la Intervenci¨®n General del Estado le entreg¨® en diciembre de 2013, en el que los peritos censuraron el uso ¡°inadecuado¡± e ¡°improcedente¡± de las transferencias de financiaci¨®n.
La interpretaci¨®n de la defensa
Las defensas de los cinco aforados imputados por el Tribunal Supremo expusieron ayer, a trav¨¦s de un comunicado, su interpretaci¨®n de la decisi¨®n judicial. Seg¨²n los letrados, la providencia judicial notificada ¡°no es un auto de imputaci¨®n contra ellos, ni contiene ning¨²n razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad¡±.
Seg¨²n exponen en su escrito, ¡°fueron los mismos aforados los que solicitaron por escrito comparecer para ser escuchados en declaraci¨®n ante el Tribunal Supremo¡±, pese a que la providencia del juez no alude a este hecho.
Las defensas esgrimen, adem¨¢s, que la citaci¨®n como imputados ante el Tribunal Supremo es necesaria para ¡°rodearse de las garant¨ªas procesales correspondientes¡±, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas, entre otras.
Seg¨²n su interpretaci¨®n, a partir de esta declaraci¨®n ¡°y de la pr¨¢ctica de las pruebas pertinentes¡±, el Tribunal Supremo decidir¨¢ si archiva la causa o la mantiene abierta con un auto de inculpaci¨®n formal, procesamiento o medida cautelar. Si la causa sigue, se determinar¨¢ la decisi¨®n de la apertura del juicio. ¡°Solo en estas dos ¨²ltimas circunstancias puede hablarse de que exista indicio de criminalidad. No antes¡±, concluyen.
La defensa de Gri?¨¢n ha presentado un contrainforme elaborado por dos catedr¨¢ticos de Derecho Tributario en el que se subraya que las transferencias de financiaci¨®n son una herramienta administrativa con amparo legal, com¨²n en las Administraciones p¨²blicas, y aprobadas finalmente por el Parlamento andaluz a trav¨¦s de la ley de Presupuestos. Las transferencias de financiaci¨®n dotan de dinero a empresas p¨²blicas para su funcionamiento. En el caso de los ERE, la Junta pagaba las ayudas sociolaborales a trav¨¦s de la agencia p¨²blica Idea.
Alaya tiene previsto que los peritos de la Intervenci¨®n del Estado ratifiquen ma?ana ante su juzgado el informe clave contra los aforados. Lo har¨¢ pese a que solo hace cinco meses rechaz¨® hacer esta ratificaci¨®n porque consideraba que pod¨ªa causar ¡°indefensi¨®n¡± a los aforados, que no est¨¢n personados en la causa abierta en Sevilla. En la providencia dictada el lunes y hecha p¨²blica ayer, el instructor del Supremo pide a los peritos del Estado que se pronuncien sobre el contrainforme de Gri?¨¢n. Adem¨¢s, demanda a la Junta informes sobre la elaboraci¨®n del Presupuesto. En concreto, pide los informes que llegaron al Consejo de Gobierno y al Parlamento aut¨®nomo.
Pese a que los cinco aforados est¨¢n en el mismo saco, la situaci¨®n de todos no es igual. Los cinco est¨¢n se?alados por Alaya por el dise?o y el mantenimiento de las ayudas, pero en el caso de Viera incluye otros indicios. La juez entiende que el diputado del PSOE reparti¨® de forma arbitraria subvenciones entre empresarios de la Sierra Norte de Sevilla por afinidades pol¨ªticas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, adem¨¢s, est¨¢ analizando la exposici¨®n razonada que Alaya envi¨® sobre los cuatro aforados auton¨®micos, los exconsejeros Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio ?vila, Francisco Vallejo y Manuel Recio.
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