El Poder Judicial investiga los pagos de la Comunidad de Madrid a jueces

El Consejo General del Poder Judicial investigar¨¢ si los jueces que cobraron diversas cantidades de la Comunidad de Madrid, a trav¨¦s de la empresa Indra, por asesorar en la creaci¨®n de un programa inform¨¢tico para agilizar la tramitaci¨®n judicial, adjudicado por el Gobierno regional, incurrieron en alg¨²n tipo de incompatibilidad. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye de forma interna las posibles irregularidades cometidas por los jueces ha citado este martes a declarar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira. Este magistrado preside la sala de gobierno que nombr¨® a los jueces que cooperan en este programa, y que cobran por ello entre 3.000 y 9.000 euros anuales de la Consejer¨ªa de Justicia de Madrid, a trav¨¦s de Indra ¡ªla empresa adjudicataria del contrato auton¨®mico para la implantaci¨®n del programa IusMadrid¡ª. El propio Vieira, que ha reconocido que exigi¨® al Gobierno de la Comunidad que los jueces cobraran por asesorar a Indra en la creaci¨®n de la aplicaci¨®n inform¨¢tica, tambi¨¦n figura entre los participantes.

El gobierno de los jueces reaccion¨® inmediatamente a la noticia, publicada este lunes por EL PA?S, de que la empresa tecnol¨®gica ha abonado, por orden de la Consejer¨ªa, desde 2011 unos 230.000 euros, en retribuciones peri¨®dicas, a 32 profesionales de la justicia ¡ªentre ellos al menos nueve jueces y cinco fiscales¡ª por su colaboraci¨®n en la puesta en marcha de la aplicaci¨®n inform¨¢tica. En una nota oficial, el Poder Judicial anunci¨® la apertura de la investigaci¨®n y la citaci¨®n de Vieira para este martes ante el llamado ¡°promotor de la acci¨®n disciplinaria¡±. Esta figura, creada en 2013 en la ley que reforma el Poder Judicial, es una especie de departamento de asuntos internos de los jueces espa?oles, e investiga las quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los ¨®rganos judiciales.

El investigador del caso deber¨¢ dilucidar si el asesoramiento prestado por los jueces madrile?os a Indra supone una incompatibilidad con su funci¨®n. El art¨ªculo 389 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial establece que la funci¨®n de juez o magistrado es incompatible, entre otras muchas actividades, con ¡°todo empleo, cargo o profesi¨®n retribuida, salvo la docencia o investigaci¨®n jur¨ªdica, as¨ª como la producci¨®n y creaci¨®n literaria, art¨ªstica, cient¨ªfica y t¨¦cnica y las publicaciones derivadas de aquella¡±.

Fuentes judiciales consideran que el asesoramiento para la puesta en marcha de un programa inform¨¢tico para agilizar la labor de los juzgados encaja, sin forzar el argumento, en el tipo de trabajo que puede realizar un magistrado dentro de su estricto r¨¦gimen de incompatibilidades. Sin embargo, detectan dos defectos, m¨¢s formales que de fondo, en la actuaci¨®n de estos magistrados: el primero es que no solicitaron autorizaci¨®n al Consejo del Poder Judicial para realizar esta actividad. Fuentes de este ¨®rgano de los jueces afirman que si los magistrados participantes en el programa IusMadrid hubieran pedido permiso, se les hubiera concedido sin mayor problema.

La segunda deficiencia la achacan directamente a Vieira y tiene que ver con la transparencia del proceso. Fuentes judiciales reprochan que el propio presidente del Tribunal Superior de Madrid participe en las tareas de asesoramiento y que no se conozcan los criterios para el nombramiento de los jueces que colaboran en ¨¦l y que reciben una compensaci¨®n econ¨®mica por ello.

La Inspecci¨®n de la Fiscal¨ªa tambi¨¦n abre diligencias internas

Los juristas consultados consideran que se deber¨ªa haber convocado un concurso interno entre los jueces para seleccionar a los participantes en el programa. Tambi¨¦n sostienen que el pago a los jueces por este servicio no lo deber¨ªa abonar la empresa Indra, sino el organismo p¨²blico Inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid (ICM), a trav¨¦s del cual se adjudic¨® el contrato para el programa IusMadrid, valorado en poco m¨¢s de seis millones de euros.

Adem¨¢s de la investigaci¨®n interna en el Poder Judicial, la Inspecci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado ha abierto unas ¡°diligencias informativas¡± sobre los miembros del ministerio p¨²blico ¡ªal menos cinco¡ª que han participado en el asesoramiento y cobrado a trav¨¦s de Indra. La Inspecci¨®n pedir¨¢ datos a la Fiscal¨ªa de Madrid sobre los pormenores de los cobros para aclararlo. No obstante, fuentes de la Fiscal¨ªa General del Estado ¡°no ven nada especialmente grave¡± en el asunto.

Antes de que el Poder Judicial anunciara la apertura de su investigaci¨®n, Vieira emiti¨® un comunicado en el que defiende la legalidad de las primas cobradas por varios jueces. Tras detallar que todo el dinero ha sido declarado a Hacienda, el magistrado justifica as¨ª la retribuci¨®n: ¡°Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarroll¨® fuera del horario laboral y supon¨ªa un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acord¨® con ICM una compensaci¨®n econ¨®mica que realiz¨® la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar t¨¦cnicamente este sistema¡±. Vieira cree que el desarrollo de la nueva herramienta ¡°dif¨ªcilmente se habr¨ªa logrado¡± sin la colaboraci¨®n de estos equipos.