La Abogac¨ªa del Estado y la fiscal¨ªa chocan por el almac¨¦n de gas Castor

Los funcionarios imputados por haber autorizado el almac¨¦n de gas Castor, frente a las costas de Castell¨®n, han comenzado a recibir llamadas de la abogac¨ªa del Estado en las que les adelanta que si as¨ª lo desean se har¨¢n cargo de su defensa. Eso implica que tras semanas de an¨¢lisis se ha concluido que no hay delito de prevaricaci¨®n. La Abogac¨ªa, un cuerpo del Ministerio de Justicia, choca as¨ª contra la Fiscal¨ªa, que es quien interpuso una denuncia en un juzgado de Castell¨®n por prevaricaci¨®n. La instrucci¨®n del caso en el juzgado de Vinar¨°s promete ser entretenida.

El pasado mes de diciembre la Fiscal¨ªa de Castell¨®n denunci¨® a la c¨²pula de la empresa que opera el almac¨¦n Castor, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) y a un grupo de funcionarios que en la ¨¦poca del PSOE participaron en la tramitaci¨®n del proyecto, aprobado en 2009. En 2013, cuando comenz¨® la inyecci¨®n de gas frente a la costa de Castell¨®n, el almac¨¦n desencaden¨® m¨¢s de 500 microse¨ªsmos y finalmente orden¨® su paralizaci¨®n. Adem¨¢s, el Gobierno indemniz¨® a la empresa con 1.350 millones, como estipulaba la adjudicaci¨®n.

El fiscal acusa a cinco miembros y exmiembros de los Ministerios de Medio Ambiente y de Industria ¡°que intervinieron en la tramitaci¨®n de la concesi¨®n de explotaci¨®n de tal proyecto¡±. Entre ellos hay dos directores generales del Ministerio Industria del anterior Ejecutivo del PSOE y una ex directora general de Medio Ambiente. Tambi¨¦n hay cuatro funcionarios de ese departamento y cuatro miembros del Instituto Geol¨®gico y Minero (IGME).

La denuncia de la fiscal¨ªa lleg¨® tras un intenso debate dentro del ministerio p¨²blico, porque hab¨ªa all¨ª quien no ve¨ªa caso. Finalmente, el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, nombrado a propuesta del Gobierno, autoriz¨® su presentaci¨®n. En enero pasado, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vinar¨°s (Castell¨®n) imput¨® a las 18 personas denunciadas por delito contra medio ambiente y los recursos naturales y prevaricaci¨®n ambiental.

La fiscal¨ªa denuncia que el Ejecutivo y la empresa no estudiaron la posibilidad de la sismicidad inducida por la inyecci¨®n de gas a presi¨®n en esa estructura geol¨®gica.

La Abogac¨ªa del Estado ha analizado el expediente con los ministerios implicados y ha concluido que no ve ning¨²n delito. No siempre defiende a los funcionarios, sino que si aprecia un da?o para el Estado debe ir contra ellos.

Lo m¨¢s frecuente es que fiscal¨ªa y abogac¨ªa del Estado vayan de la mano, como ocurre en el caso G¨¹rtel ¡ªdonde el abogado del Estado pide en algunos casos penas mayores que la fiscal¨ªa¡ª o en el de Urdangar¨ªn, pero en este caso la discrepancia es total. La abogac¨ªa, seg¨²n ha transmitido a los imputados, no ve posible que estos funcionarios pudieran predecir que el almac¨¦n fuese a producir terremotos.

Adem¨¢s, se?ala como incongruencia que la fiscal¨ªa finalmente no ha denunciado a la ex secretaria de Estado Teresa Ribera, que fue quien firm¨® la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental, mientras que s¨ª ha ido contra t¨¦cnicos que no firmaron o que participaron muy tangencialmente. La denuncia, resaltan fuentes del caso, tampoco va contra el Consejo de Ministros que fue quien autoriz¨® el almac¨¦n. El caso ha sido promovido por la fiscal¨ªa y ser¨¢ rebatido por el Ministerio de Justicia, algo que tiene previsto anunciar formalmente la semana que viene.

El almac¨¦n Castor, finalmente, paralizado, pretend¨ªa servir de colch¨®n por si Espa?a ten¨ªa problemas de suministro de gas procedente de Argelia o Catar, los dos pa¨ªses de los que m¨¢s importa. Sin embargo, la ca¨ªda de la demanda el¨¦ctrica por la crisis hizo que no fuera necesario su utilizaci¨®n.