Ruz prepara el examen final al PP en el caso B¨¢rcenas de financiaci¨®n ilegal

El juez Pablo Ruz apura sus ¨²ltimas semanas al frente del juzgado de instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cinco a?os alguna de las causas por corrupci¨®n que m¨¢s han agitado la vida pol¨ªtica en Espa?a. A mediados de abril dejar¨¢ la plaza que ocupaba en comisi¨®n de servicios. Le sustituir¨¢ el juez Jos¨¦ de la Mata, que ha ganado el concurso convocado por el Consejo General del Poder Judicial.

En los pr¨®ximos d¨ªas, el magistrado Ruz espera recibir el informe sobre el supuesto fraude fiscal del PP que ha solicitado, por segunda vez, a la Agencia Tributaria. Este organismo se neg¨® la semana pasada a elaborar los c¨¢lculos que le ped¨ªa Ruz al entender que las donaciones ilegales a los partidos pol¨ªticos est¨¢n exentas del pago del Impuesto de Sociedades. El juez, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la secci¨®n cuarta de la Audiencia Nacional no comparten este criterio de Hacienda y defienden que el PP deber¨ªa haber pagado el Impuesto de Sociedades por el mill¨®n de euros que recibi¨® en 2008, ¨²nico ejercicio que no est¨¢ prescrito, de donaciones supuestamente ilegales.

Esta disputa tributaria puede ser trascendental en el juicio que se celebrara por esta causa dado que el PP, si el tribunal avala la tesis del juez Ruz, podr¨ªa haber incurrido en un delito fiscal vinculado a la supuesta financiaci¨®n ilegal que disfrut¨® durante a?os.

Con esa documentaci¨®n que ha reclamado a la Agencia Tributaria, el juez est¨¢ dispuesto a concluir en breve un sumario abierto hace dos a?os a ra¨ªz de la publicaci¨®n en EL PA?S de los denominados papeles de B¨¢rcenas, donde se registraron las donaciones ilegales de varias decenas de empresarios (ocho millones de euros entre 1990 y 2009) y los pagos de sobresueldos a la c¨²pula del partido.

La instrucci¨®n del juez Ruz ha permitido acreditar, al menos en parte, la financiaci¨®n ilegal del PP. Algunas de las personas que aparecen como receptoras de esos fondos opacos (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del R¨ªo, Jaume Matas, Crist¨®bal P¨¢ez...) han confirmado al juez que ingresaron el dinero que aparece reflejado en los papeles de B¨¢rcenas. En la contabilidad oficial del PP no aparecen registrados esos movimientos, por lo que s¨®lo puede tratarse de financiaci¨®n ilegal de la formaci¨®n conservadora.

La c¨´pula del PP en esos a?os (Rajoy, Acebes, Mayor Oreja, Arenas, Rato y ?lvarez Cascos) han negado que recibieran sobresueldos de la caja b que controlaba B¨¢rcenas.

Los informes periciales encargados por el juez sostienen que los papeles, que abarcan un periodo de 19 a?os en la vida del PP, no se escribieron de una sola vez -descartando as¨ª que pudieran tratarse de una burda manipulaci¨®n- sino en la etapa de tiempo que reflejan los manuscritos, y que el autor de los apuntes es Luis B¨¢rcenas, como ¨¦l mismo confes¨® al juez.

Como la financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos no est¨¢ tipificada en el C¨®digo Penal, el sumario abierto por el juez Ruz s¨®lo puede encajar los hechos en otros tipos, como el delito contable -llevar una contabilidad distinta a la declarada- o el delito fiscal -un fraude fiscal por encima de los 120.000 euros al a?o-. En ambos casos, el responsable de esos supuestos delitos ser¨ªa el administrador del PP, que en los a?os juzgados era Luis B¨¢rcenas, el ex tesorero que ya est¨¢ procesado en el caso G¨¹rtel y para el que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide 42 a?os de c¨¢rcel.

El juez Ruz tambi¨¦n ha recabado pruebas de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja b del PP; del pago de parte de las obras de reforma de la sede central (G¨¦nova, 13) con fondos opacos; o de la financiaci¨®n de compras de otras sedes del PP en distintos lugares de Espa?a con las donaciones ilegales de empresarios.

Aunque Ruz considera acreditada la financiaci¨®n ilegal del partido que gobierna Espa?a, no ha logrado reunir una sola prueba de que los empresarios hac¨ªan las donaciones a cambio de adjudicaciones de obras o contratos p¨²blicos por parte de gobiernos del PP. Esta circunstancia llev¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a pedir hace unos d¨ªas que se retire la imputaci¨®n contra nueve empresarios, algunos de ellos propietarios de grandes constructoras de Espa?a.