Ruz acredita 18 a?os de caja b del PP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este lunes por concluida la investigaci¨®n sobre los papeles de B¨¢rcenas y considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufrago campa?as electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblem¨¢tica sede central de la calle G¨¦nova, 13, en Madrid. En un auto de 190 p¨¢ginas, el magistrado considera que existen ¡°s¨®lidos y fundados indicios¡± de que el partido del Gobierno se sirvi¨® durante esos 18 a?os y de forma ¡°sistem¨¢tica¡± de ¡°diversas fuentes de financiaci¨®n ajenas al circuito econ¨®mico legal¡±.

Tras dos a?os de investigaci¨®n en los que ha tenido que enfrentarse a las resistencias tanto del PP como de organismos p¨²blicos controlados por este partido, como la Agencia Tributaria, el juez concluye que los fondos opacos del PP fluyeron ¡°al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaraci¨®n ante la Hacienda P¨²blica¡±. En su resoluci¨®n, Ruz propone juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis B¨¢rcenas y ?lvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Crist¨®bal P¨¢ez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realiz¨® la reforma de G¨¦nova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, seg¨²n los c¨¢lculos del magistrado.

Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2013, despu¨¦s de que EL PA?S publicara los 14 folios que constituyen la contabilidad secreta del extesorero Luis B¨¢rcenas. En esos documentos el antiguo responsable de las finanzas del PP consign¨® supuestamente ingresos en dinero negro por valor de casi ocho millones de euros procedentes de empresarios, en su mayor¨ªa del sector de la obra p¨²blica. El dinero se destin¨® a cubrir gastos de naturaleza variada. El juez, no obstante, archiva la causa abierta contra los 22 empresarios pagadores, al entender que no hay indicios para establecer correspondencia entre los pagos ilegales al PP y las adjudicaciones de contratos p¨²blicos, base para imputar un delito de cohecho.

Propone juzgar a los extesoreros y los arquitectos de la obra de G¨¦nova, 13

Despu¨¦s de negar durante meses la existencia de una caja b, los l¨ªderes del PP optaron por atribuir toda la responsabilidad sobre los supuestos fondos opacos a su extesorero B¨¢rcenas, quien tras ingresar en prisi¨®n en junio de 2013 confes¨® ante el juez la veracidad de sus manuscritos. Ruz, sin embargo, rechaza la tesis de la c¨²pula del PP, y a lo largo de su resoluci¨®n dedica varios pasajes a atribuir el sistema de donativos en negro inequivocamente al partido liderado por Mariano Rajoy. A lo largo del auto abundan las expresiones siguientes: ¡°La doble estructura contable creada por el PP¡±, ¡°un sistema de financiaci¨®n de la formaci¨®n pol¨ªtica¡±, o simplemente ¡°los fondos de la caja b del PP¡±. A B¨¢rcenas ¡ªgerente desde 1990 a 2008, cuando se convirti¨® en tesorero¡ª y a su antecesor Lapuerta, el juez les atribuye la mera ¡°llevanza¡± de la ¡°contabilidad paralela del PP¡±.

Ruz, cuyo paso por la Audiencia Nacional toca a su fin despu¨¦s de que el Poder Judicial sacara a concurso el pasado diciembre la plaza que ocupa, disecciona la caja b aplicando los criterios b¨¢sicos de contabilidad. En el apartado de las entradas detalla las aportaciones de los empresarios, entre los que destacan nombres como Juan Miguel Villar Mir (OHL), que, seg¨²n la contabilidad de B¨¢rcenas, entreg¨® un total de 530.000 euros entre 2004 y 2008, o Luis del Rivero (Sacyr), que don¨® supuestamente 480.000. Los principales pagadores, seg¨²n los papeles de B¨¢rcenas, fueron los constructores andaluces Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Dom¨ªnguez (Sando, 1,25 millones) y Manuel Contreras (Azvi, 858.000 euros).

En cuanto a las salidas de fondos, Ruz relata que parte del dinero negro se ingresaba (fraccionado para no superar los l¨ªmites de la ley de financiaci¨®n de partidos) en las cuentas oficiales de donativos (hasta 1,27 millones). Otra parte se destin¨® al pago de retribuciones y sobresueldos a personas vinculadas con el partido, como el exconsejero navarro Calixto Ayesa, que recibi¨® 86.545 euros como ¡°compensaci¨®n¡± por dejar su trabajo para dedicarse a la pol¨ªtica. Otras cantidades se utilizaron para ayudar a v¨ªctimas del terrorismo. Tambi¨¦n hay gastos para campa?as electorales o para la compra de sedes, como las de Bizkaia (36.000 euros en 2002) y La Rioja (200.000 euros en 2008).

Archivada la causa contra 22 empresarios y ?ngel Acebes

Sin embargo, Ruz dedica el grueso de su exposici¨®n a analizar el uso de 1,55 millones de euros en b entre 2005 y 2010 para reformar la sede del PP en la calle G¨¦nova, 13. Esta operaci¨®n supuso una defraudaci¨®n fiscal de la que considera responsable directo a la sociedad Unifica y a sus administradores y socios Gonzalo Urquijo y Bel¨¦n Garc¨ªa, y a la empleada Laura Montero. El juez considera que el PP es responsable civil subsidiario de este supuesto delito fiscal.

El juez imputa a B¨¢rcenas y a Lapuerta un delito de apropiaci¨®n indebida por quedarse para s¨ª con 120.000 y 209.550 euros de la caja b, respectivamente. Ese dinero iba destinado a la compra de acciones de Libertad Digital en 2004, a?o en el que el grupo de medios del locutor Federico Jim¨¦nez Losantos alimentaba, con el apoyo del PP, la teor¨ªa de la conspiraci¨®n sobre el atentado del 11-M. La adquisici¨®n de los t¨ªtulos fue, seg¨²n B¨¢rcenas, ordenada por el entonces secretario general, ?ngel Acebes. El juez, que ten¨ªa a este exdirigente imputado, decidi¨® archivar la causa contra ¨¦l.

Ruz abre una pieza separada, que env¨ªa a los juzgados de Toledo, sobre la investigaci¨®n por la adjudicaci¨®n a la empresa Sufi del contrato de recogida de basuras de Toledo, que, seg¨²n B¨¢rcenas, fue la contraprestaci¨®n por una donaci¨®n de 200.000 euros para la campa?a de la presidenta de Castilla-La Mancha, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, en 2007. El magistrado entiende que ¡°en el momento presente¡± no existen ¡°elementos indiciarios suficientes¡± para proceder contra personas aforadas, por lo que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia manchego y lo remite a los juzgados ordinarios. Ruz aprecia en el caso de los pagos de Sufi un delito de prevaricaci¨®n.