Detenidos dos delegados de la Junta andaluza por los cursos de formaci¨®n

La juez Mercedes Alaya ha propiciado el en¨¦simo golpe a la Junta de Andaluc¨ªa, esta vez en la causa de los cursos de formaci¨®n. La Operaci¨®n Barrado sacudi¨® la resaca electoral del 22-M con la detenci¨®n de dos delegados de la Consejer¨ªa de Empleo y 14 ex altos cargos del Ejecutivo aut¨®nomo. La Guardia Civil investiga el supuesto descontrol de los fondos procedentes de la Uni¨®n Europea que durante la ¨²ltima d¨¦cada el Gobierno andaluz concedi¨® a empresas para que impartieran cursos, y que devino, supuestamente, en un extenso fraude. Los agentes han detenido a los responsables pol¨ªticos que concedieron estas subvenciones.

Los investigadores detuvieron a los delegados de Empleo en Sevilla y Huelva, Aurora Cosano y Eduardo Mu?oz, as¨ª como a cuatro ex directores generales responsables de la formaci¨®n entre 2008 y 2012: Teresa Florido [cu?ada del exconsejero de Hacienda ?ngel Ojeda, ya imputado en la causa], Mar¨ªa Jos¨¦ Lara, Manuel Brenes y Andr¨¦s S¨¢nchez. Por ¨²ltimo, los agentes arrestaron a tres responsables de dos consorcios de empleo en Mijas (M¨¢laga) y Almonte (Huelva). La instrucci¨®n les achaca malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y fraude de subvenciones por mantener ¡°una posici¨®n activa firmando certificaciones y dando nuevas subvenciones a empresas que no hab¨ªan justificado ayudas previas ya gastadas¡±, seg¨²n fuentes del caso. Sin embargo, no hay rastro de lucro por parte de estos pol¨ªticos.

La operaci¨®n policial se produjo al d¨ªa siguiente de que el l¨ªder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, reclamara como primera medida tras su derrota en las urnas el pasado domingo una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los cursos de formaci¨®n en el Parlamento aut¨®nomo.

La Junta destituy¨® a los dos altos cargos a las pocas horas de su detenci¨®n. La presidenta del Ejecutivo, Susana D¨ªaz, que subraya que es implacable contra la corrupci¨®n, record¨® ayer que pese a gozar de la presunci¨®n de inocencia, estos altos cargos deb¨ªan ser destituidos de inmediato. ¡°Los andaluces saben que tengo una sola vara de medir¡±, subray¨®.

Alaya abri¨® la causa de formaci¨®n hace un a?o y en silencio ha acumulado 102 tomos con 34.667 folios, con solo dos imputados, los exconsejeros Antonio Fern¨¢ndez y ?ngel Ojeda [tambi¨¦n empresario receptor de numerosas ayudas]. Hasta ayer. Los altos cargos detenidos concedieron la mayor¨ªa de las ayudas a las empresas desde la Consejer¨ªa de Empleo y las delegaciones provinciales, a trav¨¦s del Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, la juez ha ampliado la responsabilidad penal por un procedimiento que considera delictivo al otorgar ayudas (que pueden superar los 3.000 millones) con ausencia de control. Esa falta de vigilancia desde la Administraci¨®n devino en cursos que no se impartieron, empresarios que declararon m¨¢s alumnos de los realmente formados y otras irregularidades.

Frente a la tesis de Alaya y la Guardia Civil, la Junta ha defendido la potestad legal para conceder las exoneraciones a las empresas y as¨ª permitirles recibir nuevas ayudas sin haber justificado las anteriores.

En paralelo a las pesquisas de la polic¨ªa, que bajo las ¨®rdenes de otros juzgados andaluces interroga a alumnos y empresarios para rastrear cientos de subvenciones concedidas en los ¨²ltimos a?os, la Guardia Civil ata cabos sobre la responsabilidad de pol¨ªticos en la concesi¨®n de las ayudas. Entre los cargos interrogados recientemente figuran altos responsables de la Intervenci¨®n General de la Junta, para que concreten su perspectiva sobre estos fondos, expresadas en ocho informes recientes. Uno de ellos, emitido desde Huelva, menciona expresamente el menoscabo de fondos p¨²blicos, y los agentes quieren saber la trascendencia que la Intervenci¨®n otorga a esta menci¨®n.

Alaya ya aclar¨® este invierno que quer¨ªa acaparar las pesquisas sobre el fraude a cursos de formaci¨®n, aunque sin ¨¦xito, ya que la polic¨ªa respondi¨® que trabajaba para otros jueces. En su investigaci¨®n, la instructura aclar¨® que hab¨ªa detectado ¡°bolsas de fraude¡± y ¡°graves irregularidades¡± en el an¨¢lisis de la documentaci¨®n requisada. La juez resalt¨® la existencia de ¡°entramados empresariales beneficiados¡± con ¡°gastos inflados o inexistentes¡±, adem¨¢s de identificar ¡°fraudes¡± en las ayudas directas desde la Consejer¨ªa de Empleo a los 14 consorcios para formar trabajadores especializados.