El PSOE lleva al Constitucional la ¡®Ley Mordaza¡¯ y la reforma del C¨®digo Penal

El recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentar¨¢ contra la reforma del C¨®digo Penal y contra la nueva ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, tiene como principal objetivo luchar contra la idea del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) de utilizar el castigo como ¡°uso preferente¡± y contra la instauraci¨®n de un Estado Policial. "En lugar de responder a un marco que garantice la convivencia donde se desarrollen las libertades, solo responde a sus prejuicios, a su ideolog¨ªa y a sus necesidades electorales, no a las necesidades y demandas de la sociedad espa?ola¡±, exponen los socialistas. Los socialistas han hecho p¨²blico este viernes el argumentario que utilizar¨¢n para recurrir en el Tribunal Constitucional estas dos pol¨¦micas normas, aprobadas este jueves en el Congreso de los Diputados. Estos son sus principales argumentos:

Reforma del C¨®digo Penal

La prisi¨®n permanente revisable es, en realidad, una cadena perpetua. La nueva pena que "eufem¨ªsticamente" el Gobierno denomina prisi¨®n permanente revisable, es, en realidad, una cadena perpetua. "Una pena que permitir¨ªa que alguien pudiera pasar toda su vida privado de libertad", inciden.

La ¡°demanda social¡± no justifica que se incumplan derechos y principios constitucionales. "Que una parte de la sociedad pueda demandar el endurecimiento de las penas no constituye una causa justificada si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales", argumentan los socialistas. ¡°Adem¨¢s de impedir de hecho la reinserci¨®n y educaci¨®n que ordena el art¨ªculo 25.2 de la Constituci¨®n Espa?ola (CE), supone una pena inhumana (prohibida por el art¨ªculo 15 CE), imprecisa (vulnerando, por tanto, el art¨ªculo 9.3 CE) y contraria a la dignidad de la persona (garantizada por el art¨ªculo 10 CE).

Un pa¨ªs con pocos delitos y muchos presos. La prisi¨®n permanente revisable se quiere instaurar en un pa¨ªs en el que la tasa de criminalidad (n¨²mero de delitos por 100.000 habitantes) es de las m¨¢s bajas de Europa. Espa?a tiene una tasa de 46,1 y la m¨¢s alta, de Suecia, es de 146,7. Adem¨¢s, el n¨²mero de presos por habitante (147 por cada 100.000 habitantes, frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania), solo superado por algunos pa¨ªses del Este.

40 a?os en la c¨¢rcel es suficientemente "intimidatorio". El C¨®digo Penal espa?ol establece que se puedan cumplir 40 a?os como m¨¢ximo, un tiempo que "no es indulgente con los delincuentes", seg¨²n los socialistas. ¡°Es bastante discutible que la aprobaci¨®n de la cadena perpetua pueda tener un efecto intimidatorio mayor que la que pueda suponer la expectativa de pasar 14.600 d¨ªas en prisi¨®n¡±, consideran.

El sistema penal espa?ol no se puede comparar con el alem¨¢n. Para justificar la nueva pena, el Gobierno explica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la pena de prisi¨®n permanente revisable y se ha pronunciado al respecto en relaci¨®n con una pena similar en Alemania. "La regulaci¨®n espa?ola no tiene nada que ver con la alemana", destacan en el PSOE. "El sistema alem¨¢n establece la revisi¨®n peri¨®dica por parte de los tribunales, a partir de los 15 a?os de cumplimiento. Y los tribunales deben suspender la cadena perpetua siempre que se den determinados requisitos. El tiempo medio de cumplimiento en los delitos m¨¢s graves es de 20 a?os, es decir, la mitad de los 40 que establece hoy nuestro C¨®digo Penal", explican.

La cadena perpetua atenta contra la dignidad humana. En cualquier caso, seg¨²n los socialistas, "no hay prisi¨®n permanente buena y prisi¨®n permanente mala, hay ¨²nicamente prisi¨®n permanente, cadena perpetua" y esta f¨®rmula implica la negaci¨®n de la persona en lo que es su principal atributo: "su dignidad".

Recurso a la Ley de Seguridad Ciudadana

La "tranquilidad p¨²blica" no puede limitar derechos fundamentales. El objetivo de esta norma es, seg¨²n los socialistas, sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la tranquilidad p¨²blica, que por otra parte es un valor sin concreci¨®n constitucional. ¡°La tranquilidad p¨²blica invocada en el art¨ªculo 1 de la Ley Org¨¢nica de Seguridad Ciudadana (LOSC) no es un bien constitucionalmente protegido por lo que no es suficiente para la limitaci¨®n de derechos fundamentales, ni para la sanci¨®n de conductas que en principio constituyen su ejercicio¡±, detallan en el PSOE.

Una polic¨ªa con poderes "exorbitantes". La penalizaci¨®n de ciertas conductas dota a la polic¨ªa de poderes ¡°exorbitantes¡± de inspecci¨®n, retenci¨®n, investigaci¨®n, represi¨®n y sanci¨®n. La nueva norma da mayor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad. Seg¨²n los socialistas, este poder desplaza las garant¨ªas judiciales y adolece de un margen de discrecionalidad, lo que vulnera el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n Espa?ola (tutela judicial efectiva).

Seguridad ciudadana por delante del libre ejercicio de derechos fundamentales. Se da, seg¨²n los socialistas, una ¡°gubernamentalizaci¨®n del sistema de garant¨ªas de los derechos fundamentales¡± y una inversi¨®n del orden constitucional, al situar sit¨²a como principal objetivo de las funciones de la polic¨ªa, la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales (art¨ªculo 104 Constituci¨®n Espa?ola).

Sanciones preventivas, fundadas en sospechas. Esta nueva norma instaura un "derecho administrativo sancionador" fundado en sospechas y dirigido a generar desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales. Las faltas, que hasta ahora se inclu¨ªan en el C¨®digo Penal, eran sancionadas con intervenci¨®n judicial. Ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas. ¡°Solo puede sancionarse a quienes se pruebe que cometen los hechos sancionados, y sobre la prueba de la efectiva autor¨ªa y realidad de los hechos. Con esta ley se permite la sanci¨®n preventiva sobre la base de sospechas sobre hipot¨¦ticos y posibles da?os¡±, destacan.

Multas desproporcionadas y definiciones abiertas. Un sistema sancionador fundado en una definici¨®n abierta y ambigua y la fijaci¨®n de multas desproporcionadas, vulnera, seg¨²n los socialistas, los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en la sanci¨®n, recogidos en los art¨ªculos 9.3 y 25.1 de la CE. Las faltas muy graves se sancionar¨¢n con multas que van de los 30.001 a 600.000 euros; las graves van de 601 a 30.000 euros; y las leves con cuant¨ªas que van de los 100 a los 600 euros.