Dos a?os y medio fuera del sistema

El 20 de abril de 2012, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, anunci¨® que no bastar¨ªa con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigir¨ªa la residencia fiscal. Este cambio dejaba fuera del sistema a las personas en situaci¨®n irregular, que solo pod¨ªan acceder a urgencias, maternidad y cuidados de los ni?os, la asistencia b¨¢sica asegurada a cualquier persona. La medida entr¨® en vigor en septiembre de ese a?o. Hoy, su sustituto al frente del ministerio, Alfonso Alonso, ha rectificado en parte esta medida al anunciar que los sin papeles volver¨¢n a tener derecho a la atenci¨®n primaria pero no recuperar¨¢n la tarjeta sanitaria que les dar¨ªa acceso a las recetas m¨¦dicas, las pruebas diagn¨®sticas o la atenci¨®n especializada. Han sido, pues, dos a?os y medio en el que los sin papeles han estado fuera del sistema.

?A cu¨¢ntas personas afectaba la medida?

No est¨¢ claro. En 2012 este diario calcul¨® que hab¨ªa en Espa?a 153.469 inmigrantes irregulares. No obstante, la cifra puede ser muy superior dado de que no hay datos oficiales y algunas ONG elevaron la cifra hasta casi un mill¨®n de personas. El 31 de agosto de 2012, el Gobierno anunci¨® que retiraba 910.342 tarjetas concedidas desde 2002, aunque de unas 500.000 no consta si sus titulares resid¨ªan en Espa?a. En 2013 el Gobierno cuantific¨® en 873.000 las tarjetas de extranjeros residentes en Espa?a que hab¨ªan sido finalmente dadas de baja.

Para seguir teniendo atenci¨®n sanitaria, no solo se les exig¨ªa estar empadronados, sino tambi¨¦n estar cotizando a la Seguridad Social. Adem¨¢s, el decretazo dej¨® fuera a otro colectivo, el de los familiares de extranjeros que pidieron la residencia por reagrupaci¨®n familiar y la obtuvieron despu¨¦s de las medidas. A los inmigrantes irregulares solo se les daba la opci¨®n de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

Pero el sistema para que pudieran pagar sanidad p¨²blica no lleg¨® hasta un a?o despu¨¦s, en septiembre de 2013. Se trata de un convenio (una especie de seguro) que cuesta 60 euros al mes para las personas de 18 a 64 a?os, y 157 si exceden esa edad.

?Desde cu¨¢ndo ten¨ªan tarjeta sanitaria?

En el a?o 2000 y bajo un Gobierno tambi¨¦n del PP ¡ªpresidido por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar¡ª la Ley de Extranjer¨ªa abri¨® las puertas a los inmigrantes en situaci¨®n irregular a la tarjeta sanitaria con el ¨²nico requisito de que estuvieran empadronados. La ley establec¨ªa que los extranjeros que se encontraran en Espa?a inscritos en el padr¨®n ¡°tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los espa?oles¡±. Hasta 2000 solo se les reconoc¨ªa el derecho a la atenci¨®n de urgencias, embarazo, parto y postparto, y los cuidados a los menores.

?Cu¨¢nto se pretend¨ªa ahorrar?

Ana Mato asegur¨® que aspiraba a ahorrar unos 500 millones de euros, aunque nunca se inform¨® de sus efectos reales. Este peri¨®dico calcul¨® que supondr¨ªa un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500 previstos inicialmente por el Ejecutivo, tomando como base el gasto medio de un espa?ol en servicios sanitarios (1.600 euros).

?Qu¨¦ supon¨ªa para los irregulares?

A partir de septiembre de 2012, los inmigrantes sin papeles pasaron a ser atendidos exclusivamente en urgencias, maternidad y la atenci¨®n infantil hasta los 18 a?os. Sanidad se comprometi¨® a no dejar sin tratamiento a los enfermos cr¨®nicos o graves, aunque la atenci¨®n deb¨ªa financiarla el pa¨ªs de origen si exist¨ªa convenio de colaboraci¨®n. En caso de no haberlo, el inmigrante ser¨ªa atendido s¨®lo cuando el facultativo determinara un riesgo vital. Al no tener tarjeta, se cierra tambi¨¦n el acceso a los medicamentos subvencionados por Sanidad.

?Qu¨¦ supon¨ªa para el sistema?

Seg¨²n los expertos consultados por este diario, una saturaci¨®n de las urgencias y una amenaza para el control de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. La Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria inici¨® una campa?a contra el decreto, anim¨® a los m¨¦dicos a objetarante una medida ¡°discriminatoria e injusta¡± y advirti¨® de que poner barreras a la atenci¨®n m¨¦dica pon¨ªa en riesgo la salud de estas personas y del resto de la poblaci¨®n. En su anuncio de hoy, Alonso ha reconocido que se rectifica por "cuestiones de salud p¨²blica", porque es "m¨¢s pr¨¢ctico" y para "no saturar las urgencias".

?Se aplic¨® en todo el territorio nacional?

No. El Gobierno de Canarias rectific¨® el decreto? aunque parcialmente, ya que exig¨ªa a los inmigrantes que demostraran que cobraban menos de 532 euros al mes y que estaban empadronados desde hace m¨¢s de un a?o. En Euskadi se expide una tarjeta que garantiza la universalidad de la sanidad para los indocumentados y cuyo uso el Gobierno, tras un auto del Tribunal Constitucional favorable, circunscribi¨® a este territorio. En Andaluc¨ªa fueron m¨¢s all¨¢ y mantuvieron el mismo protocolo de actuaci¨®n sanitario de antes de entrar en vigor el decreto. Tambi¨¦n Asturias y Catalu?a siguieron d¨¢ndoles tarjeta sanitaria.

Adem¨¢s otras cuatro comunidades, Castilla y Le¨®n, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra, tratan de proporcionarles asistencia, aunque a trav¨¦s de f¨®rmulas administrativas y programas espec¨ªficos. En resumen, solo nueve comunidades aplicaron el decreto a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Arag¨®n.