Prevaricaci¨®n por omisi¨®n, un delito en busca de autor en el ¡®caso ERE¡¯

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro tiene en sus manos la carrera pol¨ªtica de tres diputados nacionales (Manuel Chaves, Gaspar Zarr¨ªas y Jos¨¦ Antonio Viera) y dos senadores andaluces (Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Mar Moreno). Los cinco son parte de la historia pol¨ªtica de la Junta de Andaluc¨ªa porque formaron parte del Gobierno en puestos de m¨¢xima responsabilidad entre 1990 y 2012. Y la juez Mercedes Alaya sostiene que todos ellos participaron en la puesta en marcha de un plan para repartir sin control ayudas sociolaborales durante una d¨¦cada. El supuesto fraude en el conjunto de los programas investigados asciende a cerca de 140 millones de euros.

El magistrado Barreiro, el mismo que instruy¨® la causa que acab¨® con la carrera judicial de Baltasar Garz¨®n por ordenar escuchas ilegales en la c¨¢rcel a abogados de la trama G¨¹rtel, ha interrogado en las dos ¨²ltimas semanas a cuatro de los cinco aforados en busca de indicios par actuar contra ellos, como defiende la juez Alaya, o razones para archivar el procedimiento. La ronda acabar¨¢ el martes con la exconsejera de la Presidencia Mar Moreno, la que, en principio, lo tiene m¨¢s f¨¢cil para resultar exculpada despu¨¦s de que un informe de la Guardia Civil concluyera que no dirigi¨® ninguna reuni¨®n en la que de trataran asuntos relacionados con las ayudas bajo sospecha.

Los interrogatorios a Viera, Gri?¨¢n, Chaves y Zarr¨ªas han servido para conocer los argumentos de defensa de los aforados, pero tambi¨¦n para percibir qu¨¦ tesis valora el magistrado del Supremo una vez que ha examinado la documentaci¨®n que le envi¨® Alaya. A medida que avanzan las comparecencias ?coincide con la teor¨ªa de la juez de Sevilla? Seg¨²n fuentes presentes en las declaraciones, Barreiro no parece suscribir en principio esta tesis, a juzgar por las preguntas que est¨¢ formulando a cada uno de los aforados. Pero s¨ª otra que tambi¨¦n deja en una situaci¨®n complicada a los aforados: que, como opinan los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado (IGAE) consultados por Alaya, el procedimiento por el que se pagaban las ayudas, un instrumento presupuestario conocido como transferencias de financiaci¨®n, era ¡°fraudulento¡±.

¡°Los guionistas del instructor son los interventores del Estado¡±, asegura una de las defensas consultadas, una opini¨®n con la que coinciden otros abogados. Las transferencias de financiaci¨®n, un concepto muy t¨¦cnico del que las defensas (todas en manos de letrados de larga trayectoria) aseguran que no hab¨ªan o¨ªdo hablar hasta que empezaron a trabajar en este caso, se han convertido en el centro de los interrogatorios. La teor¨ªa de los inspectores del Estado fue rebatida por un informe encargado por el abogado de Gri?¨¢n a dos catedr¨¢ticos de derecho tributario que sostienen las transferencias de financiaci¨®n son una figura l¨ªcita que no tiene por qu¨¦ implicar que se incurra en irregularidades en la gesti¨®n de los fondos que se reciben a trav¨¦s de ellas. El instructor uni¨® este informe a la causa, pero a juzgar por los interrogatorios, no comparte sus conclusiones.

Los abogados reprochan al instructor que no est¨¦ dispuesto a partir de cero en su causa, sino que considere que es una ampliaci¨®n de la de Alaya, como les ha advertido ya en alg¨²n auto. ¡°Eso nos causa indefensi¨®n. ?Para qu¨¦ est¨¢ el aforamiento entonces?¡±, se queja uno de los abogados, que asegura que Barreiro no est¨¢ dispuesto ¡°a mover ni una coma¡± de lo que se ha hecho en Sevilla.

Una vez que considera que el procedimiento de concesi¨®n de ayudas era ilegal, lo que le queda al juez es determinar si los aforados eran conscientes de las irregularidades. Y esto es lo que est¨¢ buscando en sus interrogatorios, en los que buena parte de las preguntas se centran en una quincena de informes emitidos por el interventor general de la Junta en los que pon¨ªa reparos al sistema de concesi¨®n de ayudas. El juez Barreiro intenta delimitar si esas alertas llegaron o no a algunos de los imputados y, si en funci¨®n de su contenido, el Gobierno andaluz evit¨® corregir el procedimiento, lo que permiti¨® que continuara el descontrol, aunque para entonces nadie, ni siquiera el interventor, hab¨ªa advertido que hubiera fraude.

Chaves, Gri?¨¢n y Zarr¨ªas han coincidido en que esos informes nunca llegaron a sus manos porque iban dirigidos a la Consejer¨ªa de Empleo y nadie se los remiti¨® a ellos. Pero las preguntas del instructor y las del fiscal dan a entender que no terminan de creerles.

Si el instructor determina que uno o todos los aforados conoc¨ªan las irregularidades les podr¨ªa imputar un delito de prevaricaci¨®n (que sanciona a la autoridad que dictase una resoluci¨®n arbitraria ¡°a sabiendas¡±), uno de los dos delitos que Alaya les atribuye en la exposici¨®n razonada que envi¨® al Supremo. El otro, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, solo podr¨ªa atribu¨ªrseles si se demuestra que sustrajeron dinero o consintieron que otros lo hicieran, un delito que, seg¨²n los abogados, tiene dif¨ªcil encaje en este caso.

Pero si Barreiro acepta que los aforados (alguno o todos) no conoc¨ªan las irregularidades, algunas fuentes consultadas advierten de que podr¨ªa imputarles una prevaricaci¨®n por omisi¨®n, un tipo admitido en varias sentencias del Tribunal Supremo y que supone que la autoridad imputada no prevaric¨® a sabiendas pero s¨ª por inacci¨®n. Los abogados de los aforados temen esta opci¨®n, aunque defienden que este delito tampoco encaja para este caso. ¡°La jurisprudencia que hay es para supuestos en los que no hacer nada equivale a autorizar que se haga algo, pero eso no puede pensarse que ocurre aqu¨ª durante 10 a?os¡±, se?ala uno de los letrados, que sostiene que si ese tipo se aplica en el fraude de los ERE podr¨ªa aplicarse tambi¨¦n para imputar a la c¨²pula del PP en el caso de los papeles de B¨¢rcenas o a todos los Gobiernos implicados en la trama G¨¹rtel.

La decisi¨®n de Barreiro se conocer¨¢ a partir de que terminen las comparecencias de los aforados. ?Qu¨¦ puede pasar desde ese momento? El instructor podr¨ªa practicar alguna diligencia m¨¢s, como citar a testigos, y demorar semanas o meses la decisi¨®n de si archiva la investigaci¨®n o sigue adelante. Pero tambi¨¦n podr¨ªa emitir en los pr¨®ximos d¨ªas un auto en el que quiz¨¢ exculpe a uno o varios de los imputados y decida seguir adelante con la investigaci¨®n de los dem¨¢s. Una vez que este auto fuera firme (se da por seguro que las defensas lo recurrir¨ªan), tendr¨ªa que pedir el suplicatorio al Congreso y el Senado para investigar a los aforados.

Entre algunos abogados defensores ha cundido la sensaci¨®n de que Barreiro no quiere alargar mucho esta fase de la instrucci¨®n y pueda decantarse por pedir el suplicatorio, lo que aumentar¨ªa la presi¨®n sobre los aforados para que renuncien a sus cargos. Aunque el c¨®digo ¨¦tico del PSOE sit¨²a el list¨®n de la dimisi¨®n en la apertura de juicio oral, el suplicatorio dar¨ªa m¨¢s munici¨®n a los partidos que est¨¢n exigiendo en Andaluc¨ªa la renuncia de Gri?¨¢n y Chaves para aceptar la investidura de Susana D¨ªaz. Y si los aforados dimiten, la causa se trasladar¨ªa a Sevilla y dejar¨ªa de ser competencia de Barreiro, el magistrado que tiene en sus manos el fin de la trayectoria de cinco hist¨®ricos de la pol¨ªtica andaluza.