Justicia aplaza la privatizaci¨®n del Registro Civil y busca una alternativa
El ministro Catal¨¢ abre la puerta a un modelo distinto al de los registradores mercantiles
El Registro Civil no pasar¨¢ a manos de los registradores mercantiles el pr¨®ximo 15 de julio, tal y como hab¨ªa anunciado el Gobierno. El Ministerio de Justicia ha decidido aparcar la cesi¨®n de la gesti¨®n del organismo y est¨¢ dispuesto incluso a buscar un modelo distinto que no consista en transferir estas funciones a los registradores mercantiles y de la propiedad. El anuncio lo hizo este viernes el ministro Rafael Catal¨¢, que asegur¨® que el Ejecutivo sacar¨¢ el Registro Civil de los Juzgados, pero quiere hacerlo ¡°sin presi¨®n¡± y ¡°con consenso¡±. ¡°Ser¨ªa absurdo que el Gobierno se empe?ase en una reforma que no cuente con los apoyos necesarios¡±, admiti¨® Catal¨¢.
La decisi¨®n de frenar este traspaso supone una nueva enmienda de Catal¨¢ sobre un proyecto promovido por su antecesor al frente de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, como ya ocurri¨® con la reforma de la ley del Aborto, la ley de Tasas, la Ley Org¨¢nica des Poder Judicial o la reducci¨®n del n¨²mero de aforados. En el caso del Registro Civil, el plan no contentaba ni a los profesionales del ¨¢mbito de la justicia ni a los registradores mercantiles, que exig¨ªan compensaciones econ¨®micas para asumir esta funci¨®n.
Historia de un fracaso
El Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Alberto Ruiz-Gallard¨®n, anunci¨® en diciembre de 2012 su intenci¨®n de delegar en los registradores de la propiedad la gesti¨®n ¡ªno la titularidad¡ª del Registro Civil, llevado por jueces desde el siglo XIX. Y abri¨® la puerta a que ciertos tr¨¢mites menores dejaran de ser gratuitos para el usuario.
En octubre de 2013, para frenar las protestas, Justicia recul¨® y asegur¨® que todos los tr¨¢mites del Registro Civil, "sin excepci¨®n", seguir¨ªan siendo gratuitos tras la cesi¨®n. Se abri¨® entonces un conflicto entre el ministerio y el Colegio de Registradores, que se negaba a asumir ese trabajo sin cobrar nada a cambio.
En junio de 2014, Justicia rompi¨® las negociaciones con el Colegio y anunci¨® que ser¨ªa un peque?o grupo de registradores mercantiles ¡ªno los de la propiedad, mucho m¨¢s numerosos¡ª quienes llevar¨ªan el Registro Civil.
El 4 de julio el Gobierno aprob¨® por decreto el calendario de cesi¨®n en varias fases, que se iniciaba en julio de 2015 y culminar¨ªa en enero de 2017. Ese es el calendario que Justicia paraliz¨® ayer.
Para los sindicatos y los partidos de la oposici¨®n, el proyecto de Gallard¨®n, que Catal¨¢ ha intentado salvar hasta ayer, supon¨ªa una privatizaci¨®n encubierta de servicios como la inscripci¨®n de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, unas gestiones que hasta ahora son gratuitas y que el Gobierno se ha comprometido a que sigan si¨¦ndolo.
El ministro ha comunicado ya la paralizaci¨®n del plan al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y en la pr¨®xima semana iniciar¨¢ una ronda de contactos con los sindicatos y los grupos pol¨ªticos para intentar buscar otra f¨®rmula que genere menos rechazo. ¡°No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones P¨²blicas, los trabajadores y los partidos pol¨ªticos. Por eso nos replanteamos el tiempo y nos replanteamos incluso el modelo¡±, se?al¨® Catal¨¢. La opci¨®n de transferir la gesti¨®n a los registradores mercantiles no est¨¢ del todo descartada, pero el ministro asegur¨® que escuchar¨¢ ¡°alternativas¡±. Aunque el di¨¢logo no va a ser sine die porque la decisi¨®n de desjudicializar el Registro Civil, acordada en el Parlamento en 2011, no est¨¢ en cuesti¨®n.
Los sindicatos mayoritarios aplaudieron el anuncio de Catal¨¢, aunque se mostraron cautos a la espera de conocer si el Gobierno descarta definitivamente el proyecto o simplemente demora su puesta en marcha para sacarlo del debate electoral. Los representantes de los trabajadores se mostraron dispuestos a dialogar con Catal¨¢, aunque advirtieron que su alternativa pasar¨¢ siempre por un modelo que deje el Registro Civil en manos de funcionarios de justicia.
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