El juez del ¡®caso Romanones¡¯ pide por octava vez documentaci¨®n al arzobispo
El magistrado advierte al religioso que podr¨ªa incurrir en un delito de desobediencia

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El juez que investiga los supuestos abusos sexuales a menores por parte de un grupo de sacerdotes de Granada ha reclamado por octava vez al arzobispo de la capital, Francisco Javier Mart¨ªnez, ¡°toda la documentaci¨®n¡± que posea sobre los implicados en el llamado caso Romanones. De no hacerlo, el magistrado advierte al religioso de que podr¨ªa incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. El Arzobispado reafirm¨® este martes su compromiso de ¡°colaboraci¨®n¡±.
El magistrado Antonio Moreno da este ultim¨¢tum al arzobispo despu¨¦s de que, en la informaci¨®n remitida ¡°se hayan omitido¡± las declaraciones que los curas realizaron a ra¨ªz del expediente eclesi¨¢stico abierto, ¡°que dio lugar incluso a resoluciones de suspensi¨®n¡± de los acusados.?La investigaci¨®n judicial solo contin¨²a para el padre Rom¨¢n (R. M. V. C.), considerado el cabecilla, despu¨¦s de que, en febrero, el juez declarara prescritos todos los delitos para el resto de los 11 imputados. Pero, tras el recurso del primer denunciante, quien traslad¨® por carta su caso al papa Francisco, la Audiencia de Granada deliberar¨¢ en septiembre sobre la prescripci¨®n de los delitos.
En esta ¨²ltima resoluci¨®n, avanzada por el portal Religi¨®n Digital, el juez pide al arzobispo que informe adem¨¢s sobre las reuniones mantenidas con los sacerdotes y si existen ¡°quejas, reclamaciones o denuncias¡± sobre la hermandad que dirig¨ªa este grupo. El Arzobispado reiter¨® este martes su colaboraci¨®n con la justicia y su postura de ¡°tolerancia cero¡± a los abusos sexuales y a quienes los cometen.
La defensa del padre Rom¨¢n calific¨® la petici¨®n judicial como ¡°desproporcionada¡±. El letrado Javier Muriel ha se?alado adem¨¢s que esta ¨²ltima solicitud demuestra que "hay una absoluta falta de pruebas" si "la jurisdicci¨®n penal no es capaz por s¨ª misma" de disponer de toda la informaci¨®n al respecto, informa Europa Press.
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