Gri?¨¢n defiende su inocencia con documentos que no tiene el Supremo

El ex presidente andaluz Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, investigado en el Supremo por el fraude de los ERE, defiende su inocencia con documentos oficiales sobre los presupuestos auton¨®micos que a¨²n no tiene el Tribunal. Esa documentaci¨®n fue solicitada por la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso en Sevilla, y se incorpor¨® a la causa como anexo XXI aunque no se facilit¨® copia a las partes. En la parte del sumario remitida al Supremo no figura tampoco esa documentaci¨®n. Por eso el expresidente y senador Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n solicita ahora al magistrado Jorge Alberto Barreiro que reclame esas pruebas al juzgado de Alaya porque cree que le permiten demostrar su inocencia.

El abogado de Gri?an, Jos¨¦ Maria Mohedano, sostiene que la documentaci¨®n es crucial para demostrar que el Parlamento andaluz aprob¨® entre 2003 y 2010 leyes de presupuestos regionales donde se inclu¨ªan las partidas destinadas a las ayudas sociolaborales y se detallaba el mecanismo por el que se transfer¨ªa el dinero. Eso permitir¨ªa contrarrestar el ¨²ltimo informe solicitado por el instructor del Supremo a los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado donde cuestionaban la legalidad de las transferencias de financiaci¨®n para ayudas sociolaborales y se afirmaba que el Parlamento andaluz "fue inducido a error" cuando aprob¨® cada presupuesto: "La documentaci¨®n remitida al Parlamento utiliz¨® una terminolog¨ªa cr¨ªptica, ambigua e incluso equ¨ªvoca, de manera que nunca se?al¨® claramente, ni mucho menos explic¨®, el verdadero sistema de concesi¨®n de subvenciones sociolaborales",

En el escrito del abogado de Gri?¨¢n se transcriben p¨¢rrafos enteros de las memorias presupuestarias para demostrar que el parlamento andaluz aprob¨® las cuentas "con constancia expresa del destino que se daba al dinero" y no mediante una "terminolog¨ªa cr¨ªptica, ambigua e incluso equ¨ªvoca", como se?alan los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado.

Gri?an tambi¨¦n ha cuestionado que el instrumento de la transferencia de financiaci¨®n, como sostiene la juez Alaya y los peritos de la Intervenci¨®n del Estado, facilitara el fraude al no permit¨ªr la fiscalizaci¨®n previa del gasto. El expresidente andaluz ha solicitado al magistrado Barreiro que incorpore a la causa otros informes oficiales donde se demostrar¨ªa que la Intervenci¨®n andaluza si fiscaliz¨® "los diversos documentos contables para la efectiva utilizaci¨®n de la partida presupuestaria y su aplicaci¨®n a los fines indicados en cada expediente".

Gri?¨¢n fue nombrado consejero de Hacienda de la Junta de Andaluc¨ªa en 2004, cuatro a?os despu¨¦s de que se iniciase el plan de ayudas sociolaborales, por lo que en la causa abierta por los ERE no se le puede atribuir la creaci¨®n del instrumento que, seg¨²n la juez de Sevilla, facilit¨® el fraude. El magistrado Alberto Jorge Barreiro investiga si Gri?¨¢n conoci¨® como consejero de Hacienda que hab¨ªa informes de la Intervenci¨®n General de la Junta donde se criticaba por "inadecuado" el instrumento utilizado para conceder las ayudas por la falta del control sobre el gasto.

El autor de esos informes ha declarado que remiti¨® la documentaci¨®n a la viceconsejera de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, que habl¨® de su contenido con ella en varios ocasiones y que supone, aunque no le consta, que Gri?¨¢n tambi¨¦n los recibi¨®. Mart¨ªnez Aguayo, imputada en la causa, ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa que nunca traslad¨® esos informes a Gri?¨¢n, por lo que dif¨ªcilmente el entonces consejero de Hacienda pudo tomar decisiones sobre los mismos.El propio Gri?¨¢n se lo ha explicado en esos t¨¦rminos al magistrado Barreiro, aunque ¨¦ste no le cree: "Lo que cuenta no es coherente con la experiencia", le dijo durante el interrogatorio en el Supremo.

El abogado de Gri?¨¢n planea solicitar tambi¨¦n la declaraci¨®n de Mart¨ªnez Aguayo ante el magistrado Barreiro como prueba de que el expresidente andaluz no pudo prevaricar por omisi¨®n pues al ignorar el informe del interventor que denunciaba la falta de control sobre las ayudas sociolaborales no pudo actuar para corregir las supuestas irregularidades.