Detenidos 30 excargos andaluces por los cursos de formaci¨®n

En la semana clave para la pol¨ªtica andaluza tras las elecciones, la polic¨ªa ha lanzado la tercera fase de la Operaci¨®n Edu por el fraude con las ayudas p¨²blicas de la Junta a los cursos de formaci¨®n. La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) ha detenido a 30 exresponsables del Gobierno andaluz, entre ellos varios exdelegados provinciales de la Consejer¨ªa de Empleo que concedi¨® ayudas por m¨¢s de 3.000 millones entre 2007 y 2013, de los cuales se desconoce la suma defraudada. Los agentes, a las ¨®rdenes de nueve jueces, prev¨¦n detener a decenas de empresarios implicados en los pr¨®ximos d¨ªas.

Dos a?os despu¨¦s del inicio de las pesquisas tras una denuncia de la Seguridad Social en M¨¢laga, la polic¨ªa prosigue el goteo de detenciones por estafa, fraude en las subvenciones y falsedad documental. Tras la detenci¨®n de decenas de empresarios por toda la comunidad, esta tanda de arrestos denominada Eduende afecta a los exresponsables que concedieron las ayudas desde el Ejecutivo aut¨®nomo. En concreto, varios exdelegados de la Consejer¨ªa de Empleo, jefes de servicio y jefes de departamento que aprobaron las l¨ªneas de ayudas para los cursos. Son 30 detenidos y tres imputados m¨¢s en Almer¨ªa, Granada, C¨®rdoba, Ja¨¦n, M¨¢laga y C¨¢diz, donde nueve juzgados dirigen las investigaciones. Cinco empresarios fueron detenidos en Sevilla.

La falta de vigilancia desde la Junta devino en cursos que no se impartieron, empresarios que declararon m¨¢s alumnos de los realmente formados, incumplimiento de requisitos legales y otras irregularidades. La polic¨ªa estima que los empresarios se dedicaron a la ¡°caza de subvenciones¡± al abrigo de un caudal de ayudas que super¨® los 3.000 millones entre 2007 y 2012. El n¨²mero tan elevado de ayudas hizo imposible que el Ejecutivo las revisara, por lo que este opt¨® por exonerar a las empresas de su obligaci¨®n de justificar las ayudas.Los investigadores consideran que los responsables pol¨ªticos y los funcionarios incurrieron en ilegalidades al permitirlo, mientras que el Gobierno andaluz defiende la legalidad de las exoneraciones que emiti¨® de manera masiva durante al menos un lustro.

Entre los ex altos cargos de la Junta detenidos hoy figuran los exdelegados de Empleo en M¨¢laga y C¨¢diz, Juan Carlos Lome?a y Juan Bouza. Hace solo dos meses, ambos pasaron por los calabozos por su gesti¨®n en los cursos de formaci¨®n, pero en la operaci¨®n que dirigi¨® la Guardia Civil a las ¨®rdenes de la juez Mercedes Alaya. Esta duplicidad de investigaciones genera dudas procesales en los sumarios abiertos.

Y es que el fraude en la formaci¨®n ha generado 18 procedimientos judiciales repartidos por la comunidad. Alaya dirige la investigaci¨®n vinculada a las ayudas concedidas por la Direcci¨®n General de Empleo que implica a la c¨²pula de la Consejer¨ªa; otros nueve jueces investigan las subvenciones otorgadas desde las ocho direcciones provinciales; y finalmente otros ocho instructores analizan causas menores relacionadas con los cursos, como falsificaciones de firmas de alumnos y fraudes de menor escala.

A pesar de que las acusaciones de la Guardia Civil y la polic¨ªa afectan a diferentes ayudas, la controversia est¨¢ sobre la mesa. El instituto armado y Alaya acusaron en la pasada Operaci¨®n Barrado a la Junta de crear ¡°una red de clientelismo pol¨ªtico¡± de la que hacen part¨ªcipes a los exdelegados provinciales, para beneficiar a empresarios pr¨®ximos al PSOE andaluz. Y hoy Alaya ha citado como imputados a 11 ex jefes de servicio de la Consejer¨ªa de Empleo. La competencia para investigar las ayudas no est¨¢ nada clara. Y un buen ejemplo lo da el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Granada, Basilio Miguel Garc¨ªa, que el pasado abril decidi¨® inhibirse en favor de Alaya para que esta asumiera las diligencias abiertas. Un mes despu¨¦s, el magistrado ha cambiado de criterio y ahora estima que la intervenci¨®n de los servicios centrales de la Consejer¨ªa fue inexistente. El juez admite: ¡°Nuestra anterior resoluci¨®n adolece de sustento jur¨ªdico suficiente para fundar la conclusi¨®n de que procede la inhibici¨®n¡±.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) concedi¨® a Alaya la comisi¨®n de servicio que hab¨ªa solicitado para permanecer en el juzgado investigando a pesar de su ascenso a la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, la juez debe ahora someter sus investigaciones al criterio de la nueva titular del juzgado, Mar¨ªa ?ngeles N¨²?ez.