Pedraz cierra el ¡®caso Couso¡¯ y deplora la reforma de la justicia universal

¡°El flexo no podr¨¢ mantenerse encendido¡±. Con esta frase, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reconocido la imposibilidad de mantener abierta la investigaci¨®n sobre la muerte del c¨¢mara espa?ol de Telecinco Jos¨¦ Couso por militares estadounidenses en Bagdad en abril de 2003, durante los primeros d¨ªas de la invasi¨®n de Irak. El magistrado, en una resoluci¨®n notificada este martes, se ha visto obligado a elevar a archivar el caso debido a la reforma de la justicia universal operada por el PP en marzo de 2014 y que restring¨ªa dr¨¢sticamente la capacidad de los jueces espa?oles de perseguir delitos cometidos fuera de su territorio.

En su auto, Pedraz deplora la reforma de la justicia universal que, seg¨²n constata, ¡°impide la persecuci¨®n de cualquier crimen de guerra cometido contra un espa?ol salvo en el dif¨ªcil supuesto de que los presuntos responsables se hayan refugiado en Espa?a¡±. El magistrado explica que para los tres militares estadounidenses procesados hasta ahora puedan responder de sus supuestos delitos ante los tribunales espa?oles ¡°ser¨ªa necesario una orden de busca y captura emitida en el marco de un procedimiento que ya no va a existir¡±, tras la reforma limitadora del art¨ªculo 23 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que regula el principio de jurisdicci¨®n universal.

"Ni la b¨²squeda en Espa?a ni en otros pa¨ªses va a ser posible", afirma Pedraz. Y pone de relieve la desprotecci¨®n judicial a que quedan expuestos los espa?oles en casos similares en el futuro. "As¨ª, ante un crimen de tal tipo cometido contra periodistas o personas consideradas como poblaci¨®n civil (por ejemplo, cooperantes), ni aun los familiares o el ministerio fiscal podr¨¢n instar la apertura de diligencias en Espa?a para al menos identificar a la v¨ªctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar c¨®mo acontecieron los hechos", afirma el juez.

El magistrado recuerda que los cr¨ªmenes de guerra quedan impunes en Espa?a ¡°pese a los m¨²ltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos¡±.

Tras constatar que la ley, modificada para aplacar a las autoridades chinas, molestas con la imputaci¨®n de sus l¨ªderes por el genocidio en el T¨ªbet, quita a los magistrados espa?oles la jurisdicci¨®n, Pedraz advierte lo siguiente: ¡°Los procesados podr¨¢n desplazarse a otros pa¨ªses que hayan suscrito la Convenci¨®n [de Ginebra, sobre derechos del personal civil en zonas de guerra], e incluso a Espa?a, con la seguridad de que no van a ser buscados, puesto que en los archivos policiales o de otra ¨ªndole no va a constar tal b¨²squeda¡±.

En su escrito, el juez decano de los instructores de la Audiencia Nacional, explica que tras la sentencia del Tribunal Supremo, que archivaba el caso T¨ªbet ¡°no hay margen para continuar la investigaci¨®n¡±. Pedraz destaca que esa sentencia del Supremo ¨Cdictada por el pleno de la Sala de lo Penal por unanimidad- es ¡°extensible a procedimientos con similar fundamento¡±, como el caso Couso. El magistrado, que lleg¨® a viajar a Bagdad para estudiar la zona del hotel Palestina, donde fue alcanzado Couso por un proyectil disparado desde un carro de combate estadounidense, dice que esa doctrina del alto tribunal ¡°tiene verdadera fuerza vinculante para los jueces y tribunales inferiores¡±.

El juez Pedraz consideraba, antes de que el Supremo se pronunciara, que la nueva norma de justicia universal s¨ª permit¨ªa la persecuci¨®n de los tres militares estadounidenses que dispararon contra el Hotel Palestina. El magistrado de la Audiencia Nacional entend¨ªa que los tratados internacionales firmados por Espa?a, como el IV Convenio de Ginebra, obliga a los Estados a perseguir a los criminales de guerra all¨¢ donde se encuentren.

Sin embargo, la doctrina del Supremo va en sentido contrario. En su sentencia del pasado 6 de mayo, el alto tribunal terciaba que ¡°los Tribunales espa?oles carecen de jurisdicci¨®n para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero¡±. El Supremo solo admite, con la reforma del PP en la mano, la competencia de los jueces espa?oles si el procedimiento se dirige contra un espa?ol o un extranjero residente de forma habitual en Espa?a.