La Junta revis¨® y aprob¨® los cursos investigados en Punta Umbr¨ªa

La polic¨ªa ha llamado a declarar a 61 personas en la provincia de Huelva en relaci¨®n con los fraudes en los cursos de formaci¨®n y en el marco de la Operaci¨®n Edu, un caso que investigan 18 juzgados en toda Andaluc¨ªa. El m¨¢s destacado de los convocados es el alcalde de Punta Umbr¨ªa (Huelva), el socialista Gonzalo Rodr¨ªguez Nevado, por una empresa, El Para¨ªso La Dehesa, de la que se desvincul¨® cuatro a?os antes de la celebraci¨®n de cuatro cursos inspeccionados y calificados como sobresalientes por los t¨¦cnicos de la Junta y por un asunto que ya archiv¨® el juez. Sin embargo, la polic¨ªa intenta reabrir un caso que el regidor advierte que puede suponer ¡°da?os de imposible reparaci¨®n en el honor y la propia imagen¡±. Las consecuencias pol¨ªticas est¨¢n a la espera de lo que decida el juez; si fuera imputado, dimitir¨¢.

El origen de la acci¨®n policial se produce tras un expediente de reintegro (solicitud de la devoluci¨®n de las ayudas concedidas) de los 202.820 euros concedidos en 2011 para la realizaci¨®n de cursos relacionados con la hosteler¨ªa en la mencionada empresa, de la que Rodr¨ªguez Nevado fue responsable hasta abril de 2007, cuando entreg¨® poderes totales a su sobrino Carlos Javier Dom¨ªnguez. Figur¨® como administrador ¨²nico, sin capacidad ejecutiva, hasta que en 2011, este cargo recay¨® sobre Mar¨ªa del Carmen Rodr¨ªguez, hermana del regidor.

Desde 2007, Carlos Javier y su hermano Gonzalo, seg¨²n un acta notarial firmada en 2014, han sido responsables de todas las acciones de la empresa, que ni siquiera lleg¨® a recibir las ayudas porque fueron embargadas por Hacienda.

El expediente sobre los cursos cuestiona que se llevaron a cabo acciones sin supervisi¨®n, pese a que los cursos fueron visados, aprobados y calificados como excelentes por los t¨¦cnicos de Empleo. ¡°Jam¨¢s se tom¨® una decisi¨®n sin contar con la aprobaci¨®n de la Junta a trav¨¦s de sus t¨¦cnicos¡±, alega Rodr¨ªguez Nevado, quien destaca que la propia Consejer¨ªa propuso continuar con la actividad, pero la empresa renunci¨®.

¡°Los cursos se impartieron, los monitores cobraron y se justificaron todos y cada uno de los gastos¡±, defiende el alcalde. Tambi¨¦n se cuestiona la contrataci¨®n en plazo de los alumnos, una condici¨®n prevista en el convenio de formaci¨®n. El restaurante asegura que se hicieron cuando fue posible, dada la estacionalidad del sector tur¨ªstico, y que este proceso fue autorizado y tambi¨¦n supervisado por los t¨¦cnicos de la Junta. La defensa del regidor insta a la Administraci¨®n a revisar la vida laboral de los alumnos para comprobar las contrataciones.