Andaluc¨ªa prohibir¨¢ por ley el copago en sus servicios sanitarios
La norma obliga a destinar a salud un 6,5% del PIB y blinda la prestaci¨®n como derecho
El copago sanitario en el ¨¢mbito de la Junta de Andaluc¨ªa quedar¨¢ prohibido por ley y se establecer¨¢n medidas para evitar o paliar los efectos en los pacientes de aquellos que imponga el Gobierno central. La prestaci¨®n de los servicios tambi¨¦n quedar¨¢ garantizada como p¨²blica y se destinar¨¢ hasta un 6,5% del PIB regional a salud. Son los principales aspectos de la Ley de Garant¨ªas y Sostenibilidad del Sistema Sanitario P¨²blico, cuyo anteproyecto ha recibido hoy luz verde del Consejo de Gobierno tras el informe del nuevo consejero, Aquilino Alonso.
La norma, que se prev¨¦ que entre en vigor a partir del primer trimestre de 2016, es una de los compromisos fundamentales avanzados por la presidenta de la Junta, Susana D¨ªaz, en su sesi¨®n de investidura y da car¨¢cter de derecho legal a los servicios sanitarios que se prestan en Andaluc¨ªa, ¡°independientemente de sus circunstancias sociales y econ¨®micas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad¡±.
La prohibici¨®n del copago beneficia a las prestaciones incluidas en la cartera complementaria andaluza, ya que la b¨¢sica viene determinada por el Estado. No obstante, si el Gobierno central restringe o establece un precio para los servicios actualmente incluidos, la norma ¡°faculta¡± a la Junta de Andaluc¨ªa a ¡°arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadan¨ªa¡±. Esta medida implica tanto a los servicios como a los f¨¢rmacos, para los que se mantienen por ley la obligaci¨®n de buscar la mayor eficiencia a menor coste.
El copago en farmacia aplicado en 2012 a determinados medicamentos, ya fue aminorado por la Junta, que evit¨® que los pensionistas andaluces pagaran 100 millones de euros por gasto farmac¨¦utico. A partir de ahora, estas medidas quedar¨¢n recogidas en una ley y no sometidas a la voluntad pol¨ªtica del Gobierno auton¨®mico de turno, que tendr¨¢ que modificar la norma si quiere aplicar medidas como la establecida por el Ejecutivo central.
La Junta recurre al Constitucional la licencia ¨²nica deportiva
El Consejo de Gobierno ha ratificado la interposici¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los dos preceptos de la Ley 15/2014, de Racionalizaci¨®n del Sector P¨²blico, que implantar¨¢ la licencia deportiva ¨²nica a partir de su entrada en vigor el pr¨®ximo 1 de julio. La Junta considera que esta medida conllevar¨¢ graves perjuicios, especialmente en el deporte base, con una bajada prevista de m¨¢s del 50% en las licencias auton¨®micas, la eliminaci¨®n de m¨¢s de 200 empleos y una reducci¨®n de entre cinco y seis millones de euros en los ingresos de las federaciones de la comunidad.
A juicio del Gobierno andaluz, el art¨ªculo 23 de esta norma estatal ¨Cque modifica la Ley 10/1990 del Deporte¨C supone una grave injerencia en las competencias auton¨®micas exclusivas sobre la materia, al establecer una licencia ¨²nica para participar en cualquier competici¨®n oficial con independencia de su ¨¢mbito territorial y atribuir su expedici¨®n directamente a las federaciones deportivas.
Entre otros perjuicios, los m¨¢s de 500.000 deportistas federados andaluces tendr¨¢n que abonar ahora una cuota a la correspondiente federaci¨®n espa?ola, supeditada a los criterios econ¨®micos que ¨¦sta determine, aunque no compitan a nivel nacional. La legislaci¨®n vigente, con m¨¢s de 35 a?os de aplicaci¨®n, limita este pago s¨®lo en caso de participaci¨®n en competiciones de ¨¢mbito estatal.
Que la ley recoja los servicios como ¡°derechos de la ciudadan¨ªa¡± supone garantizar a los pacientes el acceso a su historial y a los servicios reconocidos, la universalidad de la asistencia y la obligatoriedad de mantener las prestaciones como p¨²blicas. Entre las medidas incluidas como derechos se encuentran la segunda opini¨®n m¨¦dica, la libre elecci¨®n de facultativo, los cuidados paliativos, el consejo gen¨¦tico y la medicina predictiva.
La norma tambi¨¦n incluye medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema, como un m¨ªnimo de inversi¨®n equivalente al 6,5% del PIB. El presupuesto vigente del Servicio Andaluz de Salud se eleva a 7.763.892.000 euros, el 6 % del PIB. La aplicaci¨®n de la norma a partir del pr¨®ximo ejercicio supondr¨ªa un incremento de 38,8 millones de euros.
Adem¨¢s, la financiaci¨®n ser¨¢ con car¨¢cter finalista (por lo que no se podr¨¢n detraer inversiones para otros cap¨ªtulos) y los ¡°ingresos que resulten en el sistema sanitario p¨²blico por su actividad en investigaci¨®n, desarrollo e innovaci¨®n, entre otros, se revertir¨¢n en el propio sistema¡±.
En cuanto al gasto en farmacia, la futura ley garantizar¨¢ el uso racional, la prescripci¨®n por principio activo, la selecci¨®n p¨²blica de medicamentos y la selecci¨®n, adquisici¨®n y uso de las alterativas terap¨¦uticas equivalentes m¨¢s eficientes. Tambi¨¦n se incluir¨¢ en la norma la obligatoriedad de hacer p¨²blicas las subvenciones, ayudas e incentivos a la industria farmac¨¦utica,
Los bienes y servicios adquiridos tambi¨¦n tendr¨¢n una regulaci¨®n espec¨ªfica para garantizar que sean homog¨¦neos en todos los servicios y se realizar¨¢n a trav¨¦s de centrales de compras.
La norma se complementar¨¢ con una memoria econ¨®mica, un Plan de Gesti¨®n del Sistema Sanitario P¨²blico de Andaluc¨ªa -que incluir¨¢ las directrices, necesidades de recursos humanos y materiales, l¨ªneas estrat¨¦gicas de formaci¨®n, investigaci¨®n y financiaci¨®n para un periodo de cuatro a?os-, un Plan Estrat¨¦gico de Investigaci¨®n e Innovaci¨®n en Salud y otro de Formaci¨®n Continua y Excelencia para los profesionales.
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