El juez mantiene la imputaci¨®n a los exconsejeros del ¡®caso P¨²nica¡¯

El exconsejero de Presidencia de Madrid Salvador Victoria ha obligado al juez Eloy Velasco a paralizar el interrogatorio previsto para hoy en el caso P¨²mica porque cuando lo cit¨® como imputado todav¨ªa estaba aforado. Victoria,?enunci¨® a su cargo de consejero y al acta de diputado auton¨®mico despu¨¦s de que se conociera la citaci¨®n judicial, ha comparecido en la Audiencia Nacional, pero antes de empezar el interrogatorio ha alegado el defecto de forma y Velasco ha accedido a suspender la cita. La estrategia le ha servido solo para posponerla unas semanas porque el juez ha se?alado esta misma ma?ana una nueva comparecencia como imputado del exconsejero para el pr¨®ximo 20 de julio a las 10 de la ma?ana.?

Despu¨¦s del interrogatorio de Victoria estaba previsto el de la exconsejera de Educaci¨®n Luc¨ªa Figar, que pod¨ªa haber alegado la misma raz¨®n que su compa?ero para aplazar la cita. Pero la exconsejera ha optado por declarar y se ha sometido al interrogatorio de Velasco. TRas declarar durante una hora y media, el juez le ha mantenido la imputaci¨®n por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n, pero no le ha impuesto medidas cautelares.

Victoria y Figar son, de momento, los dos ¨²ltimos imputados del caso P¨²nica, en el que investigan hasta tres tramas de corrupci¨®n distintas que se enriquecieron durante a?os a la sombra de la administraci¨®n aut¨®noma.

La investigaci¨®n judicial arranc¨® tras una iniciativa de la Fiscal¨ªa suiza, que remiti¨® a Espa?a en diciembre de 2013 informaci¨®n detallada sobre la fortuna que ocultaba en un banco de ese pa¨ªs el pol¨ªtico Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP-Madrid.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n puso el asunto en manos del juez Eloy Velasco, quien durante meses investig¨® en secreto el patrimonio del exconsejero y de su principal socio y amigo, el constructor David Marjaliza, mediante intervenciones telef¨®nicas y diversos seguimientos. Ocho meses despu¨¦s orden¨® la detenci¨®n de los principales implicados, entre los que estaban Granados, Marjaliza, seis alcaldes del PP, uno del PSOE y varios empresarios.

Uno de los hilos de la investigaci¨®n destap¨® la existencia de pr¨¢cticas supuestamente ilegales en la Comunidad de Madrid relacionadas con servicios en Internet que prestaban dos empresas, Eico y Madiva, propiedad de Alejandro de Pedro.

Figar y Victoria, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, dedicaron dinero p¨²blico de sus departamentos a contratar los servicios de dos empresas de Alejandro de Pedro, quien les promet¨ªa mejorar su imagen y contrarrestar informaciones negativas a trav¨¦s de diversos servicios en la red. El juez sospecha que esas pr¨¢cticas son ilegales y que podr¨ªan suponer una malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, por lo que ha citado a los dos exconsejeros para aclarar los expedientes de gasto que firmaron a favor de las empresas Eico y Madiva, ambas propiedad de Alejandro de Pedro.

Empleados de esas dos empresas que han declarado ante el juez Velasco como testigos explicaron los m¨¦todos que utilizaban para mejorar la imagen de los pol¨ªticos que contrataban sus servicios. Creaban diarios digitales donde met¨ªan informaciones positivas de sus clientes y las difund¨ªan a trav¨¦s de cientos o miles de cuentas en Twitter. Con ese empe?o, intentan convencer a los pol¨ªticos que les contrataban del efecto inmediato que lograban. Los trabajadores pusieron como ejemplo de las tareas que les encomendaron varios esc¨¢ndalos que afectaban al presidente de la Comunidad, Ignacio Gonz¨¢lez, por la adquisici¨®n de un ¨¢tico en Estepona; o a la consejera de Educaci¨®n, Luc¨ªa Figar, por haberse beneficiado personalmente, pese a sus altos ingresos, de ayudas econ¨®micas p¨²blicas para los estudios de su hija.

En el caso de Salvador Victoria, la investigaci¨®n tambi¨¦n ha encontrado supuestamente contratos con las empresas de De Pedro para contrarrestar informaciones que pusieron en duda su gesti¨®n y, adem¨¢s, le vincula a diversas operaciones con la empresa Indra, contratista de la Comunidad de Madrid, para que pagara con dinero negro servicios de las sociedades Madiva y Eico con las que el Gobierno auton¨®mico se hac¨ªa propaganda en la red.