El Gobierno alega que la ¡®ley mordaza¡¯ garantiza los derechos de la mayor¨ªa
Catal¨¢: "Me preocupa mucho cuando concejales o alcaldes toman medidas para que no se pueda hacer lo que la justicia" ordena", dice el ministro respecto a los desahucios
El Gobierno se lanz¨® a defender la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por la oposici¨®n, el d¨ªa de su entrada en vigor. Los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz y Rafael Catal¨¢, aseguraron que la norma no solo no limita derechos y libertades, sino que las refuerzan.
?La tesis de los dos ministros fue que se trata de defender los derechos de la mayor¨ªa frente a los que, por ejemplo, puedan provocar actos violentos en las manifestaciones. Fern¨¢ndez lleg¨® a asegurar que se trata de una ley ¡°muy garantista¡±.
Seg¨²n explica el Gobierno, el pre¨¢mbulo de la ley explica que se trata de ¡°asegurar un ¨¢mbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminaci¨®n de la violencia y la remoci¨®n de los obst¨¢culos que se opongan a la plenitud de aquellos¡±. Y el art¨ªculo primero remarca que ¡°la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas, y su salvaguarda, como bien jur¨ªdico de car¨¢cter colectivo, es funci¨®n del Estado, con sujeci¨®n a la Constituci¨®n y a las Leyes¡±.
Seg¨²n esta tesis, el ministro de Justicia justific¨® que se proh¨ªba manifestarse junto al Congreso y al Senado asegurando que ya la establece la Constituci¨®n ¡°para que no haya una excesiva presi¨®n social al poder legislativo¡±. A?adi¨® que est¨¢ justificado que se penalice a quien impida un desahucio porque es ¡°la ejecuci¨®n material de una orden que ha dado un juez¡±, y que alguien que se oponga a su cumplimiento ¡°est¨¢ fuera del Estado de derecho¡±.
Los dos ministros descalificaron en distintos medios las cr¨ªticas a la norma, asegurando que est¨¢n formuladas sin haber le¨ªdo el articulado concreto. Seg¨²n Catal¨¢ est¨¢n llenas de ¡°esl¨®ganes y lugares comunes¡± y seg¨²n Fern¨¢ndez carecen de fundamento. En esa cr¨ªtica han estado unidos todos los partidos representados en el Congreso, salvo el PP.
El presidente del Congreso de los Diputados, Jes¨²s Posada, admiti¨® que le hubiera gustado que la Ley de Seguridad Ciudadana fuera "m¨¢s consensuada", pero inst¨® a "cumplirla y hacerla cumplir". Esta norma y el C¨®digo Penal fueron aprobadas solo con los votos del PP.
Reuni¨®n de Justicia con editores
Rafael Catal¨¢ se reuni¨® este martes con representantes de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE), la Asociaci¨®n de Editores de Diarios Espa?oles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) para hablar sobre estos aspectos.
Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catal¨¢ se ha comprometido a buscar "un texto alternativo" que refuerce el equilibrio entre el derecho a la informaci¨®n y los derechos constitucionales del investigado en el art¨ªculo 520.1 de la Ley Org¨¢nica de Modificaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seg¨²n han informado las entidades period¨ªsticas, que durante la reuni¨®n mostraron su inquietud por este art¨ªculo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados. Profesionales y editores afirman que con esta reforma legislativa se pone en peligro "el derecho constitucional a la informaci¨®n".
Seg¨²n el texto, en la detenci¨®n de una persona ¡°se deber¨¢n adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse as¨ª como en los traslados ulteriores¡±. Los medios de comunicaci¨®n mantienen que en asuntos de inter¨¦s p¨²blico y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la informaci¨®n frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, seg¨²n diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
Por la ma?ana, una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha asegurado que no est¨¢ arrepentido de haber planeado el debate de las sanciones a medios de comunicaci¨®n. "No me arrepiento de plantear los debates que obedecen a la realidad social de Espa?a. El arte de la democracia es el de equilibrar entre el derecho a la informaci¨®n y los derechos constitucionales del investigado. Tenemos casos de muy diversa ¨ªndole en el que ese equilibrio no se ha conseguido", ha declarado.
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