El Constitucional avala la negativa a dispensar la p¨ªldora poscoital
El Constitucional, muy dividido, defiende el derecho a la objeci¨®n de conciencia y retira la multa de la Junta de Andaluc¨ªa a un boticario de Sevilla


El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la objeci¨®n de conciencia de un farmac¨¦utico que se neg¨® a vender la llamada p¨ªldora del d¨ªa siguiente. El boticario fue sancionado en 2008 por la Delegaci¨®n Provincial de Salud de Sevilla porque en su farmacia no dispon¨ªa ni de preservativos ni de p¨ªldoras postcoitales y el pleno del Constitucional considera ahora que la multa referida al f¨¢rmaco vulner¨® el derecho del farmac¨¦utico a la libertad ideol¨®gica. Los jueces rechazan, sin embargo, reconocerle este derecho para la negativa a vender preservativos.?
La decisi¨®n ha generado controversia en el pleno del Constitucional y tres magistrados han firmado votos particulares discrepantes. La postura mayoritaria considera, sin embargo, que las condiciones que llevaron al tribunal a reconocer en 1985 el derecho a la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos pueden concurrir tambi¨¦n sobre el deber de dispensaci¨®n de la p¨ªldora postcoital por parte de los farmac¨¦uticos.
El tribunal admite que existen diferencias entre la participaci¨®n de los m¨¦dicos en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo y la de los boticarios en la venta de la p¨ªldora, pero creen que hay un paralelismo entre los conflictos de conciencia de ambos profesionales. El tribunal basa este argumento en que el f¨¢rmaco, que desde 2009 es de dispensaci¨®n obligatoria en farmacias, podr¨ªa causar en las mujeres embarazadas un efecto que choca ¡°con la concepci¨®n que profesa el demandante (en este caso el boticario) sobre el derecho a la vida¡±.
Los jueces sostienen, adem¨¢s, que como la farmacia en cuesti¨®n se ubica en el centro de Sevilla, el boticario ¡°no puso en peligro¡± el derecho de la mujer a acceder al medicamento porque pod¨ªa encontrarlo en otras farmacias "relativamente cercanas".
La sentencia tiene en cuenta, adem¨¢s, que el demandante estaba inscrito como objetor de conciencia en el Colegio Oficial de Farmac¨¦uticos de Sevilla, cuyos Estatutos, aprobados por la Junta de Andaluc¨ªa, reconocen de forma expresa la objeci¨®n de conciencia como ¡°derecho b¨¢sico de los farmac¨¦uticos colegiados en el ejercicio de su actividad profesional¡±.
La multa impuesta por la Junta, de 3.000 euros, castigaba la negativa del boticario a disponer en la farmacia tanto de la p¨ªldora como de preservativos. Pero el tribunal rechaza concederle el amparo para los profil¨¢cticos porque considera que en este supuesto no puede darse ¡°ning¨²n conflicto de conciencia con relevancia constitucional¡±. ¡°Es patente que el incumplimiento de la obligaci¨®n relativa a las existencias de preservativos queda extramuros de la protecci¨®n que brinda¡± el art¨ªculo 16.1 de la Constituci¨®n, afirman los jueces.
Una sentencia "ideol¨®gica"
Adela As¨²a, catedr¨¢tica de Derecho Penal y magistrada del tribunal constitucional elegida a propuesta del PSOE, firma uno de los votos discrepantes con la sentencia que avala a un farmace¨²tico sevillano que se niega a disponsar la p¨ªldora del d¨ªa siguiente. As¨²a tilda la sentencia de ¡°ideol¨®gica¡± y razona as¨ª su profunda discrepancia: ¡°El derecho a la libertad ideol¨®gica o de conciencia (art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n) no es por s¨ª suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o subconstitucionales por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jur¨ªdicos".
Respecto a la falta de consenso en la comunidad cient¨ªfica sobre los efectos abortivos o no de la p¨ªldora del d¨ªa siguiente, que la sentencia utiliza para considerar consistente el conflicto de conciencia alegado por el farmace¨²tico, As¨²a recuerda que la Agencia Espa?ola del Medicamento la considera ¡°anticonceptivo de emergencia para evitar un posible embarazo mediante su administraci¨®n inmediata tras las pr¨¢ctica de relaciones sexuales¡± y en ning¨²n caso la cataloga como una medicina para ¡°terminar con un embarazo ya comenzado¡±.
La magistrada denuncia la contradicci¨®n que supone no aceptar la cl¨¢usula de conciencia que alega el farmac¨¦utico para negarse a vender preservativos y s¨ª ampararla para lo relativo a la p¨ªldora del d¨ªa siguiente cuando ambos, seg¨²n As¨²a, son ¡°m¨¦todos anticoncept¨ªvos¡±. ¡°No se entiende¡±, escribe la mafistrada, "por qu¨¦ la negativa a dispensar la p¨ªldora entra en colisi¨®n con la concepci¨®n que pforesar el demandante sobre el derecho a la vida y no, en cambio, la negativa a dispensar preservativos¡±.
As¨²a recuerda una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso que afectaba a dos farmace¨²ticos franceses multados por negarse a dispensar en sus oficinas p¨ªldoras anticonceptivos. La sentencia europea conclu¨ªa que dado que la venta de esas medicinas es legal y se realiza ¨²nica y obligatoriamente en las farmacias, los due?os de estos establecimientos no pueden ¡°hacer prevaler e imponer a un tercero sus convicciones religiosas para justificar la denegaci¨®n de la venta de ese producto¡±. La sentencia consider¨® que la sanci¨®n a los farmace¨²ticos franceses no interfiri¨® en el ejercicio de sus derechos garantizados por el art¨ªculo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
As¨²a cita tambi¨¦n en su voto discrepante jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional de 1987 para oponerse a la sentencia: "Del art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n que regula la libertad ideol¨®gica de los espa?oles no puede deducirse que nos encontremos ante una pura y simple aplicaci¨®n de dicha libertad. La objeci¨®n de conciencia con car¨¢cter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no est¨¢ reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significar¨ªa la negaci¨®n misma de la idea del Estado¡±.
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