La falta de control a¨²n permite las residencias ¡®ilegales¡¯

Cerca de 300.000 espa?oles viven en residencias de mayores en Espa?a. Suponen aproximadamente el 4% de la poblaci¨®n de 65 a?os o m¨¢s, el 70% son mujeres y tres de cada cuatro sobrepasan los 80 a?os. La gran mayor¨ªa residen en centros amplios y bien atendidos, pero todav¨ªa quedan residencias antiguas, mal adaptadas o directamente ilegales. El caso del incendio en un asilo de Zaragoza, en el que murieron ocho ancianos y que funcionaba sin licencia desde 1997, ha vuelto a poner sobre la mesa los requisitos que se piden a estas instalaciones y el control sobre su cumplimiento.

La residencia privada Santa Fe no era un establecimiento pirata al margen de la Administraci¨®n; en su historial figuran licencias denegadas, un expediente de sanci¨®n y varios dict¨¢menes negativos de inspecci¨®n por las deficientes ¡°condiciones higi¨¦nico-sanitarias¡±. El Gobierno de Arag¨®n era conocedor de su situaci¨®n ¡ªincluso aparec¨ªa en la lista de centros del Instituto Aragon¨¦s de Servicios Sociales¡ª, y sin embargo, funcionaba con normalidad. Tras el suceso, el nuevo Ejecutivo ha asegurado que revisar¨¢ el estado de todas las residencias de la comunidad. El sindicato UGT le ha pedido que examine el 20% de los centros aragoneses porque sospecha que aparecer¨¢n problemas de infraestructuras, personal, etc.

Las competencias en materia de servicios sociales est¨¢n en manos de las comunidades aut¨®nomas. Ellas son las que regulan los requisitos que deben cumplir los centros residenciales, recuerda el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ninguno de sus responsables quiso hablar con este diario alegando esa falta de competencias. Todo ¡ªdesde los metros cuadrados de las habitaciones o el comedor a la categor¨ªa del personal que atiende a los mayores pasando por la ratio de trabajadores por residente, la seguridad o el equipamiento¡ª lo deciden las autonom¨ªas. Es decir, hay 17 normativas distintas en Espa?a.

El problema, sin embargo, no es ese, asegura Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la Asociaci¨®n de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. ¡°Hay normativa estatal, auton¨®mica, se pide licencia municipal de funcionamiento que acredita medidas de seguridad e higiene¡±, enumera. Lo que no hay es ¡°una aplicaci¨®n efectiva de medidas correctoras o sancionadoras¡±. Falta ¡°rigor¡±, a?ade, ¡°una adecuada inspecci¨®n¡± y ¡°sobre todo agilidad y decisi¨®n a la hora de decretar el cierre si la normativa no se cumple¡±. Ram¨ªrez asegura que en Arag¨®n hab¨ªa hasta ahora 15 expedientes sancionadores abiertos a residencias. Dos se cerraron; 13 se mantuvieron abiertas. En una de estas ¨²ltimas ocurri¨® el incendio.

Esa indecisi¨®n es la que permite que a¨²n existan residencias que no cumplen. Los expertos coinciden en que el n¨²mero de estas residencias ilegales es muy residual. No as¨ª a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando aparec¨ªan m¨²ltiples referencias a ¡°residencias piratas¡± en los medios de comunicaci¨®n. Bajo esa denominaci¨®n se inclu¨ªa tanto las que ya exist¨ªan antes de que hubiera normativa ¡ªla primera es de 1987¡ª y que a¨²n no se hab¨ªan adaptado, como las que funcionaban a modo de hostales, en chal¨¦s o como pisos normales en los que se atend¨ªa a mayores sin ninguna adecuaci¨®n, explica Josep de Mart¨ª, geront¨®logo social y director del portal especializado inforesidencias.com.

¡°Obviamente no hay una estad¨ªstica de residencias piratas en Espa?a¡±, dice Mart¨ªnez. ¡°La inmensa mayor¨ªa cumplen los requisitos, pero a¨²n quedan algunas en pisos c¨¦ntricos, con ba?os compartidos, sin salas comunes, a veces sin ascensor, que evidentemente no cumplen y no deber¨ªan existir¡±, a?ade. De Mart¨ª apunta a que ni el 1% de estos centros incumplen la ley y a?ade que ahora los ayuntamientos controlan mucho mejor la existencia de geri¨¢tricos ilegales, b¨¢sicamente para cobrarles los impuestos correspondientes. Tambi¨¦n cree que los vecinos alertar¨ªan a las autoridades si detectaran uno.

De Mart¨ª, como Ram¨ªrez, habla de ¡°administraciones incompetentes¡± que tienen sistemas de autorizaci¨®n tan complejos que permiten que las residencias funcionen mucho tiempo con autorizaciones provisionales. El caso de Arag¨®n no habr¨ªa ocurrido en otras comunidades con sistemas m¨¢s ¨¢giles. ¡°Las inspecciones funcionan¡±, asegura. ¡°Lo que pasa es que la de Madrid o Catalu?a, donde la ley dice que hay que inspeccionar cada centro una vez al a?o, no tiene nada que ver con las de otras regiones¡±.

¡°Competencia desleal¡±

?La existencia de residencias ilegales, o que incumplen la normativa, supone adem¨¢s una ¡°competencia desleal¡± para las que ofrecen seguridad y calidad en sus instalaciones, asegura Alberto Echevarr¨ªa, presidente de la Federaci¨®n Empresarial de la Dependencia (FED), que representa, entre otros, a 2.400 centros residenciales con m¨¢s de 150.000 plazas en Espa?a. ¡°La mayor¨ªa estamos sometidos a muchos controles y a continuas inspecciones de todo tipo¡±, se?ala.

?Cada vez hay m¨¢s iniciativas para que las familias puedan elegir d¨®nde vivir¨¢n sus mayores. ¡°Ante el desasosiego que est¨¢n generando las noticias sobre residencias¡±, la asociaci¨®n de Ram¨ªrez ha elaborado y colgado en su web un dec¨¢logo para saber c¨®mo valorar cada centro. En inforesidencias.com se las punt¨²a por el grado de transparencia que ofrecen: si publican la titulaci¨®n de su personal, la ratio, incluso las actas de las inspecciones a las que se someten.