El Poder Judicial avala el registro de delincuentes sexuales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala el registro central de delincuentes sexuales que el Gobierno prev¨¦ regular a trav¨¦s de un real decreto. El ¨®rgano de gobierno de los jueces debatir¨¢ y votar¨¢ en un pleno extraordinario el pr¨®ximo martes 13 de septiembre el informe elaborado por uno de sus vocales sobre la norma que est¨¢ preparando el Gobierno y que contempla un censo de personas condenadas por delitos sexuales en el que se incluyan sus datos y el perfil gen¨¦tico (ADN). Este registro no ser¨¢ p¨²blico y solo podr¨¢ ser utilizado por los ¨®rganos judiciales, polic¨ªa y otras administraciones.

El informe, redactado por la vocal Clara Mart¨ªnez de Careaga, considera que el registro tiene un ¡°inter¨¦s general y una finalidad leg¨ªtima¡±, como es la prevenci¨®n e investigaci¨®n de la delincuencia sexual cometida sobre menores, cuya protecci¨®n justifica la ¡°injerencia en el derecho a la intimidad¡±.

Los datos que se recoger¨¢n, seg¨²n la vocal, son pertinentes ¡°y no excesivos¡±, se conservar¨¢n por un periodo de tiempo que no supera el necesario para la finalidad para la que ser¨¢n registrados (las anotaciones se cancelar¨¢n cuando lo hagan los antecedentes penales) y se contempla la rectificaci¨®n de los datos a instancias del interesado.

No obstante, Mart¨ªnez de Careaga cree que en la propuesta del decreto hay aspectos esenciales que se han dejado para el desarrollo reglamentario posterior cuando deber¨ªan ser regulados ¡°siquiera a trav¨¦s de una ley ordinaria¡±, ya que ¡°se ven concernidos derechos de raigambre constitucional ¨Cintimidad y vida privada y autodeterminaci¨®n informativa- que entran en liza y cuya confluencia debe ser resuelta mediante la aplicaci¨®n de principios constitucionales¡±.

Entre los aspectos que se abordar¨¢n en el reglamento y que deber¨ªan regularse por ley, la vocal cita el r¨¦gimen de inscripci¨®n y cancelaci¨®n de los asientos, el acceso a la informaci¨®n contenida en el registro y la expedici¨®n de certificaciones. Sobre el r¨¦gimen de acceso, el texto sugiere que no se limite a los ¨®rganos judiciales penales o civiles que conozcan procedimientos en materia de familia, ¡°sino que se contemple con car¨¢cter general en favor de todos los juzgados y tribunales".

Mart¨ªnez de Careaga tambi¨¦n pide considerar que, adem¨¢s de las Administraciones p¨²blicas competentes en materia de protecci¨®n a la infancia, tengan acceso al registro ¡°aquellas Administraciones con competencia en protecci¨®n a las v¨ªctimas de violencia dom¨¦stica o de g¨¦nero¡±, dado que la reciente reforma de la Ley Org¨¢nica de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero reconoce la condici¨®n de v¨ªctima a los menores, hijos o sometidos a tutela, guardia o custodia de las mujeres v¨ªctimas de esta violencia.