El fichero de delincuentes sexuales incluir¨¢ a acosadores y exhibicionistas

El registro de delincuentes sexuales que est¨¢ preparando el Gobierno recoger¨¢ los datos y el ADN de los condenados por agresi¨®n sexual, abuso, acoso, exhibicionismo, provocaci¨®n, prostituci¨®n, explotaci¨®n y corrupci¨®n de menores. El fichero no ser¨¢ p¨²blico y solo podr¨¢ ser utilizado por los ¨®rganos judiciales, la polic¨ªa y las Administraciones p¨²blicas con competencias en materia de protecci¨®n a la infancia. Un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial avala el proyecto de real decreto que ha elaborado el Ejecutivo, aunque advierte de que hay aspectos que afectan a derechos constitucionales que deber¨ªan regularse por ley.

El real decreto por el que se regir¨¢ el Registro Central de Delincuentes Sexuales nace de una disposici¨®n final incluida en la nueva Ley de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor, que fija como requisito para ejercer una profesi¨®n que implique el contacto con ni?os el no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual. El fichero se utilizar¨¢ para acreditar que una persona que va a trabajar con menores carece de antecedentes penales de delitos sexuales, pero el Gobierno pretende que sirva adem¨¢s para hacer seguimiento de los condenados por estos delitos no solo en Espa?a, sino tambi¨¦n en otros pa¨ªses, y mejorar el intercambio de informaci¨®n entre los miembros de la Uni¨®n Europea.

Reino Unido, Alemania y Francia tienen registros similares. Seg¨²n el borrador de la norma, al que ha tenido acceso EL PA?S, en Espa?a el fichero se integrar¨¢ en el sistema de registros de apoyo a la Administraci¨®n de Justicia, al que ya pertenecen el registro central de penados. Incluir¨¢ los datos y el perfil gen¨¦tico (ADN) de las personas condenadas por delitos contra la integridad e indemnidad sexual, en los que la norma incluye la agresi¨®n, abuso, acoso, exhibicionismo, provocaci¨®n sexual, prostituci¨®n, explotaci¨®n sexual y corrupci¨®n de menores.

El registro recoger¨¢ los datos de los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, pero tambi¨¦n incorporar¨¢ a los delincuentes cuyas v¨ªctimas hayan sido adultos, en prevenci¨®n de que puedan actuar contra ni?os. El borrador de real decreto contempla que puedan acceder a ¨¦l los ¨®rganos judiciales penales y civiles que lleven procedimientos de familia, la fiscal¨ªa y la polic¨ªa judicial. Tambi¨¦n podr¨¢n entrar las Administraciones p¨²blicas con competencias en materia de protecci¨®n de la infancia que necesiten recabar datos para valorar la situaci¨®n de un menor, ya sean datos del propio ni?o o de su familia, ¡°aun sin consentimiento de los interesados¡±, seg¨²n el texto del decreto.

El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda que el acceso se extienda a todos los juzgados y tribunales y a las Administraciones con competencia en protecci¨®n a las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero, ya que la ¨²ltima reforma de la ley integral de Violencia de G¨¦nero reconoce la condici¨®n de v¨ªctima a los menores hijos de las mujeres v¨ªctimas.

El informe del Poder Judicial, elaborado por la vocal Clara Mart¨ªnez de Careaga, se someter¨¢ a debate y votaci¨®n el pr¨®ximo martes 13 de octubre en un pleno extraordinario del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Mart¨ªnez de Careaga cree que el ¡°inter¨¦s general¡± del texto justifica la ¡°injerencia en el derecho a la intimidad¡±, aunque advierte de que hay aspectos esenciales que se han dejado para un desarrollo reglamentario posterior cuando deber¨ªan ser regulados ¡°siquiera a trav¨¦s de una ley ordinaria¡± porque afectan a derechos constitucionales como la intimidad, la vida privada y la ¡°autodeterminaci¨®n informativa¡±.

El registro emitir¨¢ certificados que acrediten si una persona est¨¢ inscrita en ¨¦l. Lo podr¨¢n pedir las Administraciones y cualquier ciudadano podr¨¢ solicitar los datos sobre su persona que incluya el fichero o un certificado negativo para demostrar que no est¨¢ inscrito en este censo. Las anotaciones se cancelar¨¢n cuando lo hagan los antecedentes penales y el real decreto contempla que el afectado pueda solicitar la rectificaci¨®n de sus propios datos, aunque no concreta c¨®mo podr¨¢ hacerlo, un aspecto que el informe elaborado por el Poder Judicial sugiere que se mejore en la redacci¨®n definitiva de la norma.