El caso del 3% llega a la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas del Gobierno de Mas

La investigaci¨®n del supuesto pago de comisiones ilegales del 3% a Converg¨¨ncia dio este jueves un salto cualitativo con el registro de la sede de Infraestructures.cat, la mayor empresa p¨²blica licitadora de Catalu?a. Su director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido junto al tesorero del partido, Andreu Viloca, y siete empresarios que presuntamente camuflaron como donaciones a CDC lo que eran sobornos por la concesi¨®n de obras p¨²blicas. El juez ha examinado adjudicaciones de Ayuntamientos convergentes a firmas donantes a la fundaci¨®n CatDem, ligada a CDC. Ahora pone el foco en obras que la Generalitat otorg¨® a constructoras catalanas durante los Gobiernos de Artur Mas (2010-2015).

La Guardia Civil irrumpi¨® este jueves, por segunda vez en apenas dos meses, en la sede central de Converg¨¨ncia en Barcelona. Como hicieron el pasado 28 de agosto, los agentes registraron las oficinas por orden judicial en busca de documentos que acrediten el pago de comisiones por obras p¨²blicas. La tercera fase de la operaci¨®n ¡ªbautizada por los guardias como Petrum III, pero m¨¢s conocida como caso 3%¡ª se sald¨® con la detenci¨®n de 11 personas y una veintena de registros en edificios p¨²blicos y privados.

Viloca fue arrestado en su casa por la ma?ana y trasladado a la sede del partido. El tesorero de CDC lo es tambi¨¦n de las dos fundaciones afines al partido (CatDem y Fundaci¨® F¨°rum Barcelona), que recibieron m¨¢s de 10 millones de euros de empresas adjudicatarias de obra p¨²blica. Los investigadores sospechan que ese dinero fue a parar, en realidad, a las arcas del partido nacionalista a cambio de favorecerlas en licitaciones de Ayuntamientos controlados por CDC y, seg¨²n se sospecha tambi¨¦n ahora, de la Generalitat presidida por Mas.

La tecla que ha llevado a los investigadores a esta nueva fase es el cotejo de las donaciones a las fundaciones con los expedientes de adjudicaciones p¨²blicas. La Guardia Civil ha comprobado que, en algunos casos, los importes donados por la empresa coinciden casi exactamente con el 3% del monto de la adjudicaci¨®n. Lo mismo ocurre con las fechas: una determinada obra o servicio se adjudica poco despu¨¦s de que se reciba la donaci¨®n. Las fundaciones hac¨ªan llegar las supuestas mordidas al partido pag¨¢ndole por trabajos y servicios ficticios, seg¨²n la tesis de los investigadores.

Las empresas registradas ayer figuran en ese listado de donantes y son, en su mayor¨ªa, constructoras catalanas: Copisa, Grupo Soler, Oproler, Rogasa, Tec4 y Urbaser. Esta ¨²ltima es filial de ACS. Por orden judicial, la Guardia Civil detuvo a algunos de sus directivos, entre ellos, a Xavier Tauler, quien hasta hace un a?o era consejero delegado de Copisa.

El caso de Copisa resulta singular. No solo es una adjudicataria habitual de la Generalitat y la segunda mayor donante a las fundaciones: otorg¨® m¨¢s de un mill¨®n entre 2008 y 2013 y solo le supera Agbar. Tambi¨¦n se halla en el ojo del hurac¨¢n por supuestos pagos sin justificar a Jordi Pujol Ferrusola, J¨²nior, hijo mayor del expresidente catal¨¢n Jordi Pujol.

Seis delitos

El propio Tauler est¨¢ imputado por haber pagado hasta 3,6 millones de euros a J¨²nior en ¡°comisiones y pagos ilegales¡±, seg¨²n el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata. En su declaraci¨®n como imputado, Tauler defendi¨® que los pagos responden a la intermediaci¨®n del primog¨¦nito de los Pujol en varias operaciones.

El registro en la sede de CDC se alarg¨® hasta la noche. La Guardia Civil ten¨ªa previsto que los detenidos pasaran la noche en Tarragona antes de ponerlos a disposici¨®n del juez de El Vendrell que investiga el caso. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n atribuye al tesorero de Converg¨¨ncia al menos seis delitos: cohecho, prevaricaci¨®n, financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos, tr¨¢fico de influencias, alteraci¨®n de precios en concursos p¨²blicos y blanqueo de capitales.

Fuentes de la investigaci¨®n indicaron que la Fiscal¨ªa prev¨¦ pedir para Viloca prisi¨®n incomunicada y sin fianza por el riesgo de que destruya pruebas. Los investigadores creen que tuvo un papel clave en la trama como intermediario en el cobro de las comisiones. El tesorero fue preguntado este jueves sobre la contabilidad y el cruce de facturas y servicios entre partido y fundaci¨®n.

El n¨²mero dos de Infraestructures.cat, la empresa p¨²blica de la Generalitat, fue la otra gran pieza que se cobr¨® Petrum III. Josep Antoni Rosell ha hecho carrera en el Gobierno catal¨¢n bajo la ¨¦gida del poderoso Germ¨¤ Gord¨®, actual consejero de Justicia en funciones. Gord¨® lo fich¨® como alto cargo cuando ¨¦l mismo era secretario general de Agricultura. Rosell pas¨® m¨¢s tarde al sector privado, como director de la empresa que logr¨® la adjudicaci¨®n para construir el canal Segarra-Garrigues, uno de los mayores concursos p¨²blicos en Catalu?a (1.000 millones). Con el primer Gobierno de Mas, Gord¨® pas¨® a ser secretario del Ejecutivo y repesc¨® a Rosell para Infraestructures.cat

Los investigadores analizar¨¢n ahora los documentos incautados en la empresa p¨²blica y en las sedes de dos Ayuntamientos que tambi¨¦n fueron registrados este jueves: los de Olot (Girona) y Sant Fruit¨®s de Bages (Barcelona). En Olot, la Guardia Civil busc¨® un expediente sobre la concesi¨®n del servicio de recogida de basuras en 2011, con CiU en la alcald¨ªa. En Sant Fruit¨®s, la investigaci¨®n se centra en la construcci¨®n de un centro cultural adjudicado en 2009, tambi¨¦n por CiU.