De la desconfianza pol¨ªtica a una segunda transici¨®n
El descr¨¦dito de los pol¨ªticos se ha ido acelerando en el ¨²ltimo lustro hasta cotas desconocidas en la democracia. Solo la irrupci¨®n de nuevas fuerzas ha permitido parar la ca¨ªda
Cuarenta a?os despu¨¦s del final del franquismo, y coincidiendo con una grave y profunda crisis econ¨®mica ¡ª ya en su octavo a?o y que ha da?ado severamente nuestro tejido social¡ª la confianza ciudadana en nuestra clase pol¨ªtica ha ido cayendo gradualmente hasta quedar en niveles m¨ªnimos. ?Cabe temer por ello que la democracia espa?ola est¨¦ profundamente da?ada y en riesgo? Ciertamente no. En realidad, el actual r¨¦gimen democr¨¢tico no parece encaminarse hacia el anquilosamiento y la obsolescencia sino m¨¢s bien hacia su relanzamiento, como lleva a?os reclamando la propia ciudadan¨ªa.
Que nuestra clase pol¨ªtica ha experimentado, en estos a?os ¨²ltimos, una severa p¨¦rdida de imagen y de credibilidad entre la poblaci¨®n, parece fuera de duda. Fue el CIS, en su Bar¨®metro de julio de 2010, el primero en dar la voz de alarma: los pol¨ªticos hab¨ªan pasado a ser percibidos como el tercer problema m¨¢s importante de Espa?a (lo indicaba as¨ª el 22% de los espa?oles, tras el la situaci¨®n econ¨®mica ¡ª53%¡ª y el paro ¡ª78%¡ª; por entonces, la corrupci¨®n no ten¨ªa a¨²n, en la conciencia p¨²blica, el papel estelar que poco despu¨¦s adquirir¨ªa). Sencillamente, para una fracci¨®n sustancial de la ciudadan¨ªa, los llamados por su funci¨®n institucional a procurar remedio a los problemas existentes ¡ªlos pol¨ªticos¡ª habr¨ªan franqueado la l¨ªnea roja, engrosando la lista de cuanto en la sociedad requiere reparaci¨®n urgente. Sin duda, en las democracias consolidadas, los pol¨ªticos rara vez gozan de una imagen establemente positiva. Por lo general, su consideraci¨®n social tiende a ser ambivalente: fluct¨²a entre un m¨¢s o menos respetuoso recelo y un m¨¢s o menos reticente reconocimiento de su utilidad como gestores de demandas y conflictos sociales. Pero gozar de m¨¢s o menos simpat¨ªa y consideraci¨®n no es lo mismo que pasarse al lado oscuro, convertidos en uno m¨¢s de los problemas que lastran la vida del pa¨ªs.
En los meses siguientes y hasta octubre de 2014, la situaci¨®n no solo no mejor¨®, sino que, con leves fluctuaciones, el porcentaje de radical descr¨¦dito de la clase pol¨ªtica se mantuvo estable en torno al 30%. Solo en el a?o actual, el porcentaje de espa?oles que percibe a los pol¨ªticos como parte del problema, y no de la soluci¨®n, ha empezado gradualmente a decrecer, quedando en el Bar¨®metro del CIS de este pasado octubre en un 21.5%; es decir, en una cifra similar a la que en 2010 dispar¨® la alarma. La mala imagen parece estar refluyendo y cabe pensar que esta evoluci¨®n guarda alguna relaci¨®n con la reorientaci¨®n que se anuncia de nuestra escena pol¨ªtica nacional. Porque el descr¨¦dito de la clase pol¨ªtica no lo originaron los casos de corrupci¨®n (por graves, recurrentes y extendidos que hayan ciertamente sido). Estos vinieron m¨¢s bien a consolidar una desafecci¨®n preexistente que ten¨ªa dos grandes causas: por un lado, la percibida incapacidad en la clase pol¨ªtica, en los ¨²ltimos dos decenios, para ponerse de acuerdo en las adaptaciones, actualizaciones y reformas que el transcurso del tiempo impon¨ªa a nuestro ensamblaje constitucional, al que se dej¨® innecesariamente envejecer; por otro, la impericia que la ciudadan¨ªa atribuye, por igual, al ¨²ltimo gobierno socialista y al actual gobierno del PP, en la gesti¨®n de la crisis econ¨®mica: al primero, por no haberla visto venir; al segundo, por haberla afrontado con unos costes sociales que mayoritariamente se consideran excesivos.
Conviene, en todo caso, recordar que la existencia de un generalizado e intenso descr¨¦dito de la clase pol¨ªtica no constituye precisamente una rareza en la vida pol¨ªtica democr¨¢tica. Se ha registrado, y se registra, con parecida intensidad, en varios de nuestros socios de la Uni¨®n Europea y es c¨ªclicamente end¨¦mica, desde 1958, en Estados Unidos, la democracia m¨¢s antigua y estable. All¨ª, el 66% que en 1966 dec¨ªa confiar en el sistema pol¨ªtico pas¨® al 32% en 1996 y ha quedado, en 2012, en un magro 22%. Estos datos requieren un an¨¢lisis prudente pues lo que connotan no es necesariamente autoevidente: una cosa es el grado de confianza e identificaci¨®n ciudadana con el sistema pol¨ªtico en su conjunto, y otra muy distinta el grado de confianza y respeto con quienes lo pilotan, es decir, con los pol¨ªticos. En 1995, un estudio de Hibbing y Theiss-Morse, de t¨ªtulo provocativo (Congress as Public Enemy: el Congreso como enemigo p¨²blico), compar¨® las evaluaciones ciudadanas emitidas por separado para las instituciones y para quienes las desempe?an, encontrando llamativas diferencias: confiaba en el Tribunal Supremo, como instituci¨®n, el 94% de los ciudadanos, pero en sus concretos integrantes en el momento de hacer el estudio, el 73%; en la Presidencia del pa¨ªs, el 96%, pero en el Presidente concreto que entonces la ejerc¨ªa (George Bush) ya solo el 46%; y ¡ªsin duda el dato m¨¢s relevante por ser el m¨¢s directamente referible a la clase pol¨ªtica¡ª mientras que un 88% confiaba en el Congreso como instituci¨®n, ¨²nicamente el 24% lo hac¨ªa en los congresistas. La clase pol¨ªtica, con su mal hacer, puede ciertamente manchar la imagen de todo el sistema pol¨ªtico y deste?irle parte de su descr¨¦dito. Pero en una democracia asentada, la ciudadan¨ªa suele tener la suficiente perspicacia para uno de otros, y as¨ª el remedio a la mala gesti¨®n pol¨ªtica suele ser el relevo no del sistema, sino de los que lo pilotan.
Y eso es lo que parece ahora estar a punto de pasar en Espa?a. Desde hace al menos cinco a?os, en la serie de sondeos ¡°Pulso de Espa?a¡± que realiza Metroscopia, ocho de cada diez espa?oles han podido expresar su decepci¨®n ¡ªy desapego¡ª no con la actual democracia ni con sus instituciones, sino con la forma en que se las est¨¢ haciendo funcionar; no con los partidos pol¨ªticos en s¨ª (a los que consideran imprescindibles), sino con el modo en que han venido funcionando sobre todo en los ¨²ltimos dos decenios. Sencillamente, la ciudadan¨ªa no cuestiona el actual r¨¦gimen democr¨¢tico: reclama un modo distinto de hacerlo funcionar. Son tres los reproches que, de forma masiva (y, por tanto, por encima de alineamientos ideol¨®gicos) la ciudadan¨ªa dirige a los partidos que han protagonizado en estos dos ¨²ltimos decenios la vida pol¨ªtica nacional: su desentendimiento del sentir ciudadano (para el 90%, tendr¨ªan que reorganizarse de modo que pudieran prestar m¨¢s atenci¨®n a lo que piensa el ciudadano medio); su autismo autocomplaciente (para el 88%, los partidos solo han pensado en lo que les beneficia e interesa a corto plazo, no en el inter¨¦s general); y su endogamia y consiguiente selecci¨®n negativa (para el 73%, tal y como los partidos est¨¢n organizados y funcionan es muy dif¨ªcil que logren atraer y reclutar para la actividad pol¨ªtica a las personas m¨¢s competentes). Y cabr¨ªa a?adir un cuarto, m¨¢s reciente pero especialmente da?ino, reproche: su deplorable reacci¨®n ante los casos de corrupci¨®n. El profesor Manuel Villoria ha estudiado con meticuloso cuidado las percepciones ciudadanas al respecto: en cuanto a la sensaci¨®n de que en Espa?a exista corrupci¨®n, las respuestas de nuestros conciudadanos son equiparables a las de los pa¨ªses europeos m¨¢s obviamente castigados por esta lacra. Pero en cuanto a las situaciones de corrupci¨®n real y personalmente padecidas, los espa?oles dan respuestas similares a las de los pa¨ªses con niveles m¨¢s bajos de corrupci¨®n. En otras palabras: el esc¨¢ndalo moral que en nuestra sociedad ¡ªy por fortuna¡ª siguen produciendo los casos de corrupci¨®n que se van conociendo supera de forma sumamente desproporcionada a las experiencias personales, reales y tangibles, de conductas inapropiadas. Sencillamente, Espa?a no es un pa¨ªs corrupto, pero nos lo parece. Y lo que los espa?oles ¡ªuna vez m¨¢s, masivamente¡ª no entienden es que su indignaci¨®n moral no parezca ser compartida (incluso de forma m¨¢s extremada) por la clase pol¨ªtica, que acaba apareci¨¦ndosele como objetivamente c¨®mplice de algo de lo que, en realidad, es primera y principal v¨ªctima. La ciudadan¨ªa no entiende que casos tan graves como los conocidos (a estas alturas, parece innecesaria su detallada enumeraci¨®n, que ¡ªde una forma u otra y con diversa intensidad¡ª alcanza pr¨¢cticamente a todo el espectro ideol¨®gico) hayan podido perdurar tanto en el tiempo (?c¨®mo fue posible impunidad tan prolongada?); que, una vez conocidos, se reaccionara de forma tan blanda y dubitativa como, a la postre, torpe (?c¨®mo pudo pensarse que con no hablar m¨¢s del asunto este dejar¨ªa de pesar en la conciencia ciudadana?). Y, para colmo, la desmesurada lentitud de su tramitaci¨®n judicial, que nadie parece haber tenido inter¨¦s en remediar proporcionando los recursos precisos para aliviarla ha acabado propiciando la sensaci¨®n de que, indirectamente, se propiciaba la impunidad.
Por todo ello, los espa?oles han venido dejando claro en los sondeos desde hace ya tres a?os, que el problema radica en los partidos y en su modo de organizarse y funcionar. Su advertencia, sondeo tras sondeo, ha sido tan clara como recurrente: o se regeneraban a fondo y de manera cre¨ªble, o propiciar¨ªan con su voto la aparici¨®n de nuevas formaciones capaces de encarnar la ejemplaridad p¨²blica reclamada y de reeditar el estilo pol¨ªtico que un espectacular 84% dice a?orar: el de la Transici¨®n. Con esta palabra ¡ªque remite a un tiempo que ha quedado mitificado en nuestro imaginario colectivo¡ª, los espa?oles de cualquier edad u orientaci¨®n ideol¨®gica aluden a una forma de entender y practicar la pol¨ªtica basada en el mutuo respeto, en la capacidad negociadora, en la altura de miras en aras del bien com¨²n y en la predisposici¨®n a reformar y actualizar, en nuestras leyes e instituciones, cuanto requiera ser reformado y actualizado en funci¨®n del tiempo nuevo que se abre. Y como los partidos existentes no han parecido dispuestos en estos a?os ¨²ltimos a encarar decididamente el reclamado proceso de renovaci¨®n, las miradas de casi media ciudadan¨ªa han acabado volvi¨¦ndose hacia los ahora llamados partidos ¡°emergentes¡±: Podemos primero y Ciudadanos despu¨¦s. Uno en apenas un a?o, en solo unos meses el otro, han logrado darle la vuelta al estado de ¨¢nimo ciudadano, reorient¨¢ndolo desde la indignaci¨®n con la vida p¨²blica a la reclamaci¨®n de su radical oxigenaci¨®n (por decirlo con t¨¦rminos de Marcos Sanz, en un texto reciente publicado en este mismo diario). Ello ha conllevado, como cab¨ªa esperar, una intensa reactivaci¨®n del inter¨¦s ciudadano por la pol¨ªtica: la predisposici¨®n ahora declarada de acudir a votar en las elecciones del pr¨®ximo diciembre presenta niveles casi hist¨®ricos. Por otro lado, los alineamientos electorales tradicionales han pasado a experimentar una clara y creciente tendencia a fluidificarse, lo que aumenta las probabilidades de trasvases de voto multidireccionales. Y cada vez parece m¨¢s veros¨ªmil, a la luz de los datos disponibles, que el actual esquema bipartidista ceda el paso, finalmente, a un modelo nuevo de ¡°tres y medio¡± o, incluso, cuatripartidista: una segunda transici¨®n, para revitalizar y readaptar lo mejor de la primera.
Por supuesto, est¨¢ por ver en qu¨¦ quedar¨¢ finalmente toda esta nueva ¡ªe impensable hace solo unos meses¡ª efervescencia pol¨ªtica. Por lo pronto, lo que ya cabe constatar es el modo sin duda ejemplarmente democr¨¢tico escogido por los espa?oles para dar salida a la profunda desafecci¨®n que experimentaban respecto de la situaci¨®n pol¨ªtica imperante: no han cedido a tentaci¨®n alguna anti-sistema, sino que han reclamado la renovaci¨®n del sistema pol¨ªtico actual ¡ªno uno distinto¡ª; han reclamado de los partidos su disposici¨®n a revitalizar lo ya existente y conseguido ¡ªno a demolerlo¡ª; y han dejado clara su preferencia por el retorno al a?orado estilo de vida p¨²blica que caracteriz¨® a la Transici¨®n ¡ªno por aventurerismos experimentales¡ª. Y todo ello, recurriendo a las urnas.
Hitos corruptos
Caso B¨¢rcenas, sobre financiaci¨®n irregular en el PP. El juez instructor considera, tras el an¨¢lisis de los papeles del extesorero popular, la formaci¨®n conservadora se hab¨ªa financiado ilegalmente durante 20 a?os.
Caso Blasco El exconsejero valenciano del PP (aunque tambi¨¦n lo fue en el pasado con el PSOE) fue condenado en 2014 a ocho a?os de c¨¢rcel por desviar fondos destinados a proyectos de cooperaci¨®n al desarrollo en Nicaragua.
Caso BOE (1989-1991). Fraude de 1000 millones de pesetas cometido por la ex directora general del BOE Carmen Salanueva. Muri¨® en 2000 antes de que se celebrara el juicio. El fiscal ped¨ªa 14 a?os.
Caso Casinos (1989). El director financiero de Casinos de Catalunya denunci¨® el desv¨ªo de 600 millones de pesetas a CDC, el partido de Jordi Pujol.
Caso de los ERE Fraude en la gesti¨®n del fondo creado por la Junta de Andaluc¨ªa para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis. De los 746 millones con los que se dot¨® el fondo, se repartieron irregularmente casi 140, seg¨²n la investigaci¨®n. Por este caso est¨¢n imputados los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
Caso Fabra. En 2013 el expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, del PP, fue condenado a cuatro a?os de c¨¢rcel por delito fiscal. No hab¨ªa ninguna explicaci¨®n l¨®gica para unos ingresos de dos millones de euros.
Caso Filesa. El Tribunal Supremo conden¨® en 1997 al exdiputado del PSOE Carlos Navarro (11 a?os), el senador del PSC Josep Maria Sala (tres a?os) y la responsable econ¨®mica del partido A¨ªda ?lvarez (2 a?os y 4 meses) por financiaci¨®n irregular entre 1989 y 1991. La empresa Filesa factur¨® m¨¢s 1.000 millones en consultor¨ªas fantasma a bancos y empresas con los que se pagaron facturas del PSOE.
Caso Juan Guerra. El hermano del vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, fue condenado por tr¨¢fico de influencias en 1995
Caso G¨¹rtel. La m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada a un partido pol¨ªtico conocida en democracia. En la primera etapa investigada, se juzgar¨¢n 12 delitos cometidos entre 1999 y 2005. Los da?os causados a las arcas p¨²blicas alcanzan los 450 millones de euros.
Caso Hormaechea. El ex presidente c¨¢ntabro, primero regionalista, luego en el PP, fue condenado en 1994 a seis a?os de prisi¨®n por prevaricaci¨®n
Caso N¨°os. En 2016 se juzgar¨¢ a I?aki Urdangarin por corrupci¨®n y a la infanta Cristina como cooperadora en dos delitos fiscales.
Caso Malaya. Jes¨²s Gil instaur¨® en Marbella el mayor caso de corrupci¨®n municipal de Espa?a. En 2013 el asesor urban¨ªstico de Gil, Jos¨¦ Antonio Roca, que amas¨® 100 millones, fue condenado a 11 a?os.
Caso Naseiro (1989). Presuntas comisiones destinadas al PP a cambio de licencias urban¨ªsticas. El Supremo lo archiv¨® aduciendo irregularidades en la obtenci¨®n de pruebas mediante escuchas telef¨®nicas.
Caso Palau. Indaga el saqueo del Palau de la M¨²sica por parte de su expresidente F¨¨lix Millet y la mano derecha de este, Jordi Montull. El saqueo est¨¢ cifrado en m¨¢s de 20 millones de euros. El caso tambi¨¦n sac¨® a la luz la financiaci¨®n irregular de Converg¨¨ncia, que presuntamente recibi¨® 6,6 millones de euros de Ferrovial a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica. Despu¨¦s de seis a?os, se ha cerrado la instrucci¨®n y hay 16 acusados, entre ellos el extesorero de CDC Daniel Os¨¢car, que afronta siete a?os de prisi¨®n.
Caso Pallerols. En 2013 el TSJ de Catalu?a conden¨® a excargos de UDC por el desv¨ªo de subvenciones p¨²blicas para financiar el partido.
Caso Rato. El exvicepresidente del Gobierno, del PP, est¨¢ investigado por en las irregularidades fiscales derivadas de los negocios particulares del ex pol¨ªtico del PP y ex banquero y en los sobornos supuestamente cobrados por ¨¦l en su ¨¦poca al frente de Bankia. Y tambi¨¦n, dentro del caso Bankia, por el uso de las tarjetas black.
Caso Rold¨¢n. El ex director general de la Guardia Civil con el PSOE fue condenado en 1998 a 31 a?os por apropiarse de dinero delos fondos reservados, recibir comisiones de las constructoras de los cuarteles y por fraude fiscal.
Este texto es una versi¨®n larga del art¨ªculo aparecido el domingo 15 de noviembre en el suplemento Ideas de EL PA?S.
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