El Gobierno presionar¨¢ por v¨ªa judicial a funcionarios de la Generalitat

La disputa entre el Gobierno central del PP, con los dem¨¢s partidos constitucionalistas, y el Ejecutivo en funciones catal¨¢n, con sus socios independentistas, entra en una determinante fase judicial y de recursos. Mariano Rajoy y su gabinete quieren convencer a PSOE y Ciudadanos de que ahora toca reforzar la presi¨®n sobre los consellers, altos cargos pol¨ªticos y funcionarios que adopten decisiones que favorezcan el proceso independentista para que sientan ¡°v¨¦rtigo¡±.

Los servicios jur¨ªdicos del Estado han recomendado al Gobierno que preside Rajoy que no se deje llevar ahora por la ansiedad o la presi¨®n medi¨¢tica a corto plazo y que no act¨²e ante cualquier medida soberanista.

Fuentes de La Moncloa respaldaron, en un principio, que los parlamentarios que se sintieran afectados por las ¨²ltimas decisiones de la Mesa del Parlamento catal¨¢n interpusieran recursos de amparo individuales ante el Tribunal Constitucional. Ayer anunci¨® esa medida, anticip¨¢ndose a lo que barajaban ya el PSC y Ciudadanos, el portavoz popular en el Palament, Xavier Garc¨ªa Albiol.

El Gobierno no desautorizar¨¢ esa actuaci¨®n, pero la encuentra m¨¢s medi¨¢tica que efectiva. Los recursos de amparo, previstos en el art¨ªculo 161 de la Constituci¨®n, no paralizan ning¨²n proceso, se analizan por la v¨ªa ordinaria y suelen tardar a?os en ser resueltos. Pero al Ejecutivo le parece bien que los promotores de la deriva soberanista y los ciudadanos observen as¨ª que no se permite ning¨²n paso hacia la independencia sin su respuesta. El Gabinete de Rajoy, sin embargo, esperar¨¢ a que el pleno del Parlamento catal¨¢n apruebe (6, 7 o 9 de noviembre) la resoluci¨®n pactada por Junst pel S¨ª y la CUP para caminar hacia la rep¨²blica de Catalu?a para recurrirla ese d¨ªa o al siguiente y directamente como Gobierno ante el Constitucional.

El lunes 9, que es adem¨¢s la jornada prevista para la supuesta investidura de Artur Mas, es festivo en Madrid y podr¨ªa haber problemas burocr¨¢ticos y administrativos para formular los tr¨¢mites.

Esa v¨ªa del recurso del Gobierno, tambi¨¦n prevista en el punto 2 del art¨ªculo 161, s¨ª paraliza el proceso nada m¨¢s ser admitida a tr¨¢mite por el ¨®rgano judicial. Y, adem¨¢s, si ese mandato luego fuera incumplido, por la ejecuci¨®n o aprobaci¨®n de una ley, norma o resoluci¨®n firmada por un conseller, alto cargo o funcionario tanto del Gobierno de la Generalitat como del Parlamento de Catalu?a, permitir¨ªa al Gobierno recurrir a la reformada ley del Tribunal Constitucional de manera individual y personalizada. Esa pol¨¦mica reforma expr¨¦s aprobada en septiembre solo por el PP da al tribunal m¨¢s poderes para asegurar la ejecuci¨®n de sus sentencias, con multas y hasta inhabilitaciones en sus funciones de los implicados.

El Gobierno podr¨ªa actuar as¨ª, siguiendo esa estrategia, tanto contra la presidenta del Parlamento catal¨¢n como contra el secretario general de esa C¨¢mara por permitir esa actuaci¨®n.

La vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa aprovech¨® el viernes su comparecencia tras el Consejo de Ministros para aumentar esa presi¨®n tanto sobre los cargos pol¨ªticos como los t¨¦cnicos al asegurar que deber¨ªan estar sintiendo ¡°un v¨¦rtigo muy considerable por faltar al juramento que prometieron cumplir¡± con la ley y la Constituci¨®n.

La misma v¨ªa individual se pretende utilizar incluso m¨¢s tarde contra esos responsables pol¨ªticos y t¨¦cnicos que incumplieran sus obligaciones seg¨²n la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Lay Fundamental para asumir sus competencias.