Rivera pide suprimir el Senado y el Consejo General del Poder Judicial
El candidato de Ciudadanos presenta sus propuestas de reformas institucionales y constitucionales, que tambi¨¦n incluyen la eliminaci¨®n del decreto ley
Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, ha planteado esta ma?ana convertir el Senado en un Consejo de Presidentes de las Comunidades Aut¨®nomas con funciones de C¨¢mara de segunda lectura para cuestiones territoriales; eliminar el Consejo General del Poder Judicial y acabar con los decretos ley (la legislaci¨®n urgente deber¨¢ ser aprobada en el Congreso en el plazo de 72 horas). El presidente de la formaci¨®n emergente ha desgranado hoy 30 propuestas de su programa electoral en C¨¢diz, donde ha querido homenajear a la Constituci¨®n de 1812, "cuando los espa?oles eligieron ser ciudadanos y no s¨²bditos". "Planteamos renovar el compromiso de los espa?oles con nuestras instituciones, renovar nuestra democracia", ha dicho Rivera. "Hay que cambiar muchas cosas para que Espa?a pueda volver a funcionar". Estas son las medidas m¨¢s destacadas.
Constituci¨®n
Como adelant¨® EL PA?S, el partido pretende clarificar las competencias del Estado y de las Comunidades Aut¨®nomas creando un listado de competencias exclusivas de la Administraci¨®n central (unas legislativas y otras ejecutivas, que no podr¨¢ transferir), otras compartidas (con prevalencia de la legislaci¨®n central) y una lista residual. Como public¨® este diario, la formaci¨®n emergente incluir¨ªa una nueva secci¨®n de derechos sociales en el Texto Fundamental (garantizados presupuestariamente en el desarrollo legal) y eliminar¨ªa la disposici¨®n transicional que abre la posibilidad a la fusi¨®n de Navarra al Pa¨ªs Vasco (enumerando, por otra parte, las 17 Comunidades y las dos ciudades aut¨®nomas, para fijar el mapa auton¨®mico de manera definitiva). Se a?adir¨¢ un "procedimiento especial" para la transferencia de soberan¨ªa a la Uni¨®n Europea.
Justicia
As¨ª, Ciudadanos querr¨ªa suprimir el Consejo General del Poder Judicial (20 miembros) y sustituirlo por un ¨®rgano unipersonal encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial, asistido por dos adjuntos, y elegido para mandatos de seis a?os sin posibilidad de reelecci¨®n en el Congreso (mayor¨ªa de dos tercios). Los candidatos al puesto deber¨ªan tener 20 a?os de experiencia en la carrera judicial y no haber tenido vinculaci¨®n con ning¨²n partido pol¨ªtico. Adem¨¢s, el procedimiento para elegir al fiscal general del Estado se regular¨¢ en la Constituci¨®n, que establecer¨¢ los requisitos de 20 a?os de carrera profesional y ausencia de v¨ªnculos pol¨ªticos para cerrar una lista de candidatos. De este grupo reducido, una comisi¨®n del Congreso seleccionar¨¢ una terna. Finalmente, el Gobierno elegir¨¢ al fiscal general del Estado. "Proponemos un camino distinto para que el fiscal no sea del Gobierno, sino que sea de todos", ha argumentado Rivera.
En el caso del Tribunal Constitucional, Rivera propone 25 a?os de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado para un periodo de mandato de 12 a?os (que reduce el actual), pero fij¨¢ndose la jubilaci¨®n a los 75 a?os. La renovaci¨®n parcial se realizar¨¢ cada cuatro a?os. Tras el cese como magistrados pasar¨¢n a la situaci¨®n de jubilaci¨®n con incompatibilidad para el desempe?o de cualquier empleo p¨²blico o privado. Si est¨¢n afectados los derechos fundamentales, el Alto Tribunal no podr¨¢ exceder los 90 d¨ªas para pronunciarse. Adem¨¢s, los parlamentos auton¨®micos no podr¨¢n proponer magistrados.
Ley electoral
Como ha publicado EL PA?S, la formaci¨®n emergente, que es la segunda en las encuestas con un 21,5% de los votos, seg¨²n un sondeo de Metroscopia, quiere instalar en Espa?a un sistema electoral de doble urna inspirado en el modelo alem¨¢n. "Pensamos que si hacemos una nueva norma, habr¨¢ nuevas actitudes", ha dicho el candidato de Ciudadanos, destacando que su propuesta supone m¨¢s proporcionalidad, cercan¨ªa y control ciudadano. La formaci¨®n tambi¨¦n quiere que con 250.000 firmas (frente a las 500.000 actuales) se puedan presentar en el Congreso iniciativas populares y obligar a que su tramitaci¨®n sea en seis meses. Rivera ha confirmado adem¨¢s que su propuesta impedir¨ªa los indultos a condenados por corrupci¨®n pol¨ªtica y prohibir¨ªa los aforamientos.
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