La sentencia y el problema militar

Creo que fue el duque de Wellington el que acus¨® a los espa?oles de construir sus ej¨¦rcitos a base de entusiasmo. "Yo no s¨¦ lo que es eso", a?ad¨ªa, "pero s¨ª que ese entusiasmo no produce ni armamento ni vestuario, ni disciplina, ni nada". Esta frase, de cuya virtual veracidad no voy a hacer bandera bien podr¨ªa aplicarse por pasiva a la vehemencia contraria al entusiasmo, que es la irritaci¨®n. Y a la irritaci¨®n, precisamente, de la sociedad civil consecuente a las sentencias del juicio del 23-F, hechas sin duda por nuestros generales con cualquier cosa menos con entusiasmo.

Este juicio nac¨ªa viciado en sus or¨ªgenes. Pero no todos los vicios ten¨ªan raigambre militar. S¨ª el m¨¢s principal de ellos: el hecho de que, aunque el pronunciamiento estuviera concretado en unos centenares de rebeldes, su intencionalidad y su objetivo era mirado con simpat¨ªa por buena parte de la oficialidad del Ej¨¦rcito. Todo el mundo sabe por eso que si el Rey no se hubiera opuesto al golpe, el golpe habr¨ªa triunfado, al menos en una primera instancia. Y todo el mundo reconoce que lo que del 23-F emerg¨ªa, por encima de los tricornios ocupantes del Congreso, era la parte m¨¢s zafiamente obvia del problema militar que este pa¨ªs arrastra desde hace casi dos siglos. La clase pol¨ªtica sali¨® leg¨ªtimamente atemorizada de su secuestro en el palacio de las Cortes. De su temor se derivaron algunas graves consecuencias para el desarrollo estable de nuestras libertades.

Votaron por unanimidad una anticonstitucional ley de Defensa de la Democracia; acudieron al consenso de la LOAPA (Ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico), que desvirtuaba las autonom¨ªas vasca y catalana; empuj¨® el Gobierno soezmente el ingreso de nuestro pa¨ªs en una alianza militar, y se enfrent¨® al pueblo de cara con los l¨ªmites de sus esperanzas.

En los ¨²ltimos meses hemos visto la pasividad gubernamental ante hechos tan miserables como los homicidios de Almer¨ªa y Trebujena, la imposibilidad de plantear en serio los problemas que comporta la presencia de la Guardia Civil en el Pa¨ªs Vasco o su persistente car¨¢cter militar, con dependencias ministeriales ambiguas. Ha aumentado la dureza de la represi¨®n policial, con una arbitrariedad que raya en el absurdo, y se han reproducido casos de tortura y de persecuci¨®n a las libertades ante la mirada helada del se?or Calvo Sotelo. Mientras, los sindicatos mayoritarios -CC OO y UGT- firmaron el ANE (Acuerdo Nacional sobre Empleo), las demostraciones del Primero de Mayo se ven¨ªan abajo, la desmovilizaci¨®n de los partidos pol¨ªticos fue progresiva y se dio ancho campo para el retorno de los voraces protagonistas del pasado. Esos que todav¨ªa se engloban bajo el piadoso seud¨®nimo de "poderes f¨¢cticos". ?Qu¨¦ estaba pasando? Algo muy sencillo. Los l¨ªderes de la sociedad civil viv¨ªan atemorizados por el fantasma del poder militar.

Exclusiones de guardias y soldados

En este ambiente, la propia instrucci¨®n del proceso contra los golpistas result¨® un potingue: se excluy¨® de principio a los guardias asaltantes y a los soldados de la Polic¨ªa Militar. Se devolvi¨® a sus destinos de armas a muchos de ellos. Se encomend¨® el caso a los tribunales castrenses. No era por casualidad: el Parlamento democr¨¢tico no se hab¨ªa atrevido a reformar meses antes el C¨®digo de Justicia Militar de modo y manera que fuera el poder civil el juzgador. Los diputados en Cortes, que hab¨ªan sido directamente amenazados por las armas, no quisieron constituir siquiera una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los hechos, como hubiera sido oportuno hacer. Apenas algunos de ellos enviaron una declaraci¨®n por escrito al juez. Y con m¨¢s de trescientos testigos en los esca?os ha sido oficialmente imposible reconocer a los agresores del teniente general Guti¨¦rrez Mellado.

El Ejecutivo no investig¨® o no se atrevi¨® a levantar la trama civil. Y cuatro d¨ªas despu¨¦s de la fecha de la intentona se celebr¨® una enorme y emocionante manifestaci¨®n popular a favor de la democracia con la clamorosa ausencia de todo el Gobierno, que miraba con desconfianza la convocatoria.

Estas fueron las actitudes que prepararon el juicio, y conviene no perderlas de vista. Son las actitudes de una clase pol¨ªtica balbuceante ante ese problema militar que se?alaba antes. Una cuesti¨®n que podr¨ªa resumirse as¨ª: en nuestro pa¨ªs, en los dos ¨²ltimos siglos, el poder militar ha actuado como coautor permanente de las decisiones del poder civil, conculcando cuantas veces le ha apetecido la legalidad vigente. En el actual per¨ªodo democr¨¢tico, la cuesti¨®n se agrava por el hecho de que el Ej¨¦rcito proviene casi exclusivamente del bando vencedor en la guerra civil y ha sido educado en su ideolog¨ªa y actitud. Y porque la evoluci¨®n que transform¨® la sociedad ya durante el franquismo no ha afectado sino m¨ªnimamente a las capas militares, que se desenvuelven en un mundo de arca¨ªsmos y que dif¨ªcilmente conectan con la realidad espa?ola.

Ej¨¦rcito y Sociedad

Un pa¨ªs donde sociedad y Ej¨¦rcito se enfrentan casi instintivamente -y en donde el enfrentamiento quiere a veces ser superado por numeritos patrioteros- no puede alcanzar una madurez democr¨¢tica.

Las lecciones del 23-F para la clase pol¨ªtica espa?ola eran la necesidad de resolver este enfrentamiento no desde una lucha de poderes, en la que obviamente llevar¨¢n las de ganar los detentadores de las armas, sino desde un pacto de entendimientos en el que lo irrenunciable fuera la Constituci¨®n agredida por los rebeldes. En una palabra, el fracaso del 23-F supon¨ªa la oportunidad de un intento de transici¨®n democr¨¢tica tambi¨¦n para las Fuerzas Armadas.

El juicio reci¨¦n terminado, con todos sus grav¨ªsimos defectos supone, desde mi punto de vista (si este pueblo es capaz, una vez m¨¢s, de no tirar los pies por alto), un acto similar al de la aprobaci¨®n por las Cortes franquistas de la ley de Reforma Pol¨ªtica. Esto no signific¨® la instauraci¨®n democr¨¢tica, pero la hizo viable sin un proceso revolucionario. Aquel no significa la cancelaci¨®n del problema militar, pero con la condena a treinta a?os de c¨¢rcel del general que pas¨® por ser el m¨¢s prestigioso del Ej¨¦rcito franquista abre unas expectativas in¨¦ditas de transformaci¨®n pol¨ªtica en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. Es preciso en este punto reconocer desde la propia sociedad civil el calibre de la decisi¨®n de los generales que han condenado a Mil¨¢ns. Es rid¨ªculo suponer que el tejido ambiental de los militares espa?oles es hoy m¨¢s democr¨¢tico que hace un a?o. Y es absurdo, pretender consolidar este r¨¦gimen sin la colaboraci¨®n del Ej¨¦rcito o con la resistencia de una gran parte de este.

La sentencia, en su determinaci¨®n de penas m¨¢ximas para Mil¨¢ns, nos abre a la evidencia de que ese pacto hist¨®rico que someta al poder militar bajo el civil en nuestro pa¨ªs puede hacerse ahora. Ni ser¨¢ f¨¢cil ni ser¨¢ brillante. Pero creo no equivocarme si digo que la condena al jefe de la conspiraci¨®n, pese a la rid¨ªcula sanci¨®n a otros rebeldes y a la incre¨ªble absoluci¨®n de los tenientes, puede marcar el final de los pronunciamientos en Espa?a si el poder pol¨ªtico sabe en esta hora imponer su voluntad. Pues en el poder pol¨ªtico y su capacidad de resistirse al miedo, y no en los defectos conocidos de la legislaci¨®n castrense -que es, por lo dem¨¢s, f¨¢cilmente reformable si se quiere-, es donde radica hoy la validez de la respuesta al problema militar.

Cuando el expresidente Adolfo Su¨¢rez critica con toda la raz¨®n la lenidad de gran parte de las sentencias olvida que ¨¦l mismo no fue capaz de destituir al general Mil¨¢ns de la Capitan¨ªa de Valencia con ocasi¨®n de unas declaraciones suyas claramente anticonstitucionales. Y semejantes acusaciones se podr¨ªan hacer a muchos de los que con sospechosa oportunidad electoral se rasgan las vestiduras en esta instancia. Hemos visto protestar a Felipe Gonz¨¢lez por la adulaci¨®n al Ej¨¦rcito, pero nadie le ha adulado tanto en los ¨²ltimos a?os como el socialista Enrique M¨²gica. Hemos visto preocuparse al Gobierno porque es preciso reformar el C¨®digo de Justicia Militar. Pero ¨¦l es el mayor responsable de que no se haya hecho. ?No ser¨¢ que de nuevo con estas actitudes se quieren olvidar tantas grandes omisiones del pasado? ?O resultar¨¢ verdad -ojal¨¢- que ahora UCD est¨¢ dispuesta a votar la ley que vet¨® para reincorporar a los militares dem¨®cratas y otra como es debido para resolver la objeci¨®n de conciencia?

Tanta vehemencia e irritaci¨®n oficial a la hora de imponerse al poder militar se ver¨ªan mejor amparadas en cualquier caso si se llamara la atenci¨®n al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor por sus manifestaciones a la revista Reconquista, en las que nada menos que ha comparado el uso de las armas con el uso de la pluma. Y estar¨ªa tambi¨¦n m¨¢s atendida la reciente firmeza gubernamental tomando las decisiones adecuadas que respondan al inadmisible trato dado al presidente del Gobierno de la naci¨®n en el desfile de las Fuerzas Armadas.

Delincuente y no h¨¦roe

Resultar¨ªa una l¨¢stima, en cualquier caso, que cuando el propio Ej¨¦rcito, y de manera solemne, acuerda que el general Mil¨¢ns es un delincuente y no un h¨¦roe, la sociedad civil no supiera distinguir y aprovechar las se?ales de cambio que un hecho as¨ª encierra. Algunos pol¨ªticos y algunos partidos me parece que efectivamente han hecho sus reflexiones en esta direcci¨®n. Las declaraciones de Xabier Arzallus, de Jordi Pujol, de Nicol¨¢s Sartorius, lejos de la descalificaci¨®n global que otras sugieren, ponen de relieve un inteligente esfuerzo de entendimiento del tema.

Las reacciones de la Prensa occidental parecen m¨¢s serenas y objetivas que las de algunos peri¨®dicos locales. A lo mejor son ellos, y yo, los equivocados. Pero por encima de la irritaci¨®n leg¨ªtima, que no provee avituallamiento alguno para las batallas de la pol¨ªtica, una cuesti¨®n as¨ª merece ser tratada con alguna capacidad de reflexi¨®n. Y la m¨ªa se concreta, finalmente, en esta: que en Espa?a los cuartelazos de coronel para abajo no han resultado nunca, y de coronel para arriba han resultado, antes o despu¨¦s, siempre. Pues bien, ahora hay un poder civil -el judicial- que puede y debe enmendar la impunidad con la que algunos implicados en la ¨²ltima rebeli¨®n se han visto premiados. Pero hay tambi¨¦n un poder civil -el pol¨ªtico- que no debe desde?ar la oportunidad que el propio poder militar le ha brindado enviando a los cabecillas del cuartelazo tras las rejas. Vamos a verlo.