El PP valida la actual Constituci¨®n y revisar¨ªa la ley electoral y las Cortes

El programa del PP en el cap¨ªtulo de regeneraci¨®n de la vida p¨²blica y pol¨ªtica empieza por reafirmar la validez de la actual Constituci¨®n de 1978, para la que no propone ninguna revisi¨®n sino el mero refuerzo de sus valores de unidad. Los cambios se limitan a retoques en la ley electoral para primar el gobierno en los ayuntamientos de la primera fuerza pol¨ªtica y algunas modificaciones de funcionamiento m¨¢s pr¨®ximo a los ciudadanos en las Cortes, m¨¢s en el Congreso que en el Senado. Este apartado del documento program¨¢tico titulado La Espa?a que queremos, que presentan este domingo en Madrid la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal y el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, apenas aporta novedades sobre la lucha contra la corrupci¨®n o el combate contra el terrorismo yihadista ni modificaciones relevantes en el funcionamiento de los principales ¨®rganos de la Justicia.

El texto del programa dedica muchos p¨¢rrafos a glosar la importancia que tuvo en la transici¨®n y que deber¨ªa tener a¨²n ahora, seg¨²n el PP, la vigente Constituci¨®n, para la que no se promueve ning¨²n cambio. El PP no lleva ninguna reforma constitucional en su programa pero el propio candidato, Mariano Rajoy, y otros dirigentes del partido han dado a entender que escuchar¨¢n a los otros partidos cuando planteen esa modificaci¨®n en la siguiente legislatura. El PP no quiere pasar a la historia como el partido que impuls¨® esa reforma de la Carta Magna porque entiende que ante los desaf¨ªos territoriales actuales no deber¨ªa ser una prioridad.

Los redactores del programa popular, sin embargo, destinan muchos elogios a ensalzar los valores de la Constituci¨®n: "Espa?a es hoy una gran naci¨®n porque hemos sabido construir unidad a partir de nuestras diferencias. Nuestra bandera es la representaci¨®n de todo un legado de pluralidad, respeto y convivencia, porque hay muchas formas de sentirse espa?ol. Frente a quienes cuestionan nuestra democracia, en el Partido Popular defendemos la vigencia de los valores constitucionales que nos hacen libres e iguales en derechos y obligaciones. Reivindicamos el consenso y la capacidad de llegar a acuerdos para garantizar que Espa?a siga estando en vanguardia en su desarrollo econ¨®mico y social".

Ante el actual desaf¨ªo independentista catal¨¢n, el programa del PP reitera que ese partido "garantiza y garantizar¨¢ siempre, que ni Espa?a ni la soberan¨ªa nacional van a ser troceadas. Aplicaremos todos los recursos y todos los mecanismos que la Constituci¨®n nos habilita para plantar cara a los que quieren que una parte de Espa?a deje de serlo. Tenemos las mejores herramientas: una Constituci¨®n que garantiza los mismos derechos a todos los ciudadanos, un Estado de Derecho que funciona y un Presidente decidido a hacer valer los principios democr¨¢ticos. Los desaf¨ªos territoriales y los retos de futuro s¨®lo tienen respuesta desde la estabilidad de un marco de convivencia com¨²n que, por encima de todo, exige respeto a la Ley".

Ante los dirigentes pol¨ªticos y los ciudadanos que demandan alg¨²n movimiento o propuesta para responder en la pr¨®xima legislatura desde el Gobierno central a esos retos planteados desde Catalu?a, el PP defiende seguir como hasta ahora con un "refuerzo institucional y una mejora de nuestra calidad democr¨¢tica acorde a los principios que nos son comunes".

El PP no cree que haga falta ahora un cambio de la Constituci¨®n: "Las reformas que Espa?a necesita deben afrontarse con lealtad institucional sin necesidad de rectificar el n¨²cleo de las decisiones fundamentales adoptadas en el 78. Debemos emprender una reforma institucional que nos permita mejorar la calidad de nuestra democracia, preservando nuestros cimientos sociales".

Oferta de servicios esenciales

El candidato del PP repite en cada mitin que su partido se compromete a asegurar "una oferta b¨¢sica de servicios p¨²blicos esenciales igual para todos los espa?oles, independientemente de su lugar de residencia y, por tanto, con igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad". La novedad, con respecto al futuro, es que Rajoy y el PP s¨ª promover¨¢n un cambio en el sistema de financiaci¨®n auton¨®mico "en un marco de financiaci¨®n estable y suficiente para que todas las Comunidades Aut¨®nomas puedan disponer de esta oferta b¨¢sica com¨²n".

En ese paquete de medidas regeneradoras para reforzar las actuales instituciones el PP anuncia que piensa incorporar "a la ley que regula el uso de la bandera y otros s¨ªmbolos las previsiones y mecanismos jur¨ªdicos que garanticen su estricto cumplimiento". Cuando le preguntaron, sin embargo, esta semana pasada al propio Rajoy en la cadena COPE si iba a actuar contra los que silbaban durante el himno en los estadios tuvo que reconocer que esa posibilidad es de muy dif¨ªcil ejecuci¨®n.

Los populares tambi¨¦n reiteran, en ese cap¨ªtulo, su deseo de potenciar la Conferencia de Presidentes como instrumento de cooperaci¨®n horizontal para mejorar las relaciones intergubernamentales entre el Estado y las Comunidades Aut¨®nomas, algo que no han hecho durante toda esta legislatura.

La idea que s¨ª retoma el programa del PP es el cambio en la actual ley electoral para comprometerse "al respeto de la costumbre constitucional de que solo formar¨¢ gobierno la candidatura m¨¢s votada en Espa?a". Con ese fin avanzan que promover¨¢n una reforma para "reforzar el v¨ªnculo democr¨¢tico para que gobierne la lista m¨¢s votada en el ¨¢mbito municipal" aunque con el objetivo de abrir "un proceso de di¨¢logo auton¨®mico para conseguir un pacto entre administraciones p¨²blicas". El PP ya hizo este enunciado antes del verano, tras el varapalo de las elecciones locales de mayo, y ning¨²n otro partido prometi¨® su apoyo.

El alcalde, el m¨¢s votado

La reforma electoral que defiende el PP consiste en una nueva regulaci¨®n de las elecciones locales para establecer una prima de gobernabilidad a aquellos partidos que hayan ganado claramente las elecciones y con una distancia considerable de la segunda fuerza para asegurar que las opciones de Gobierno responden fielmente a la voluntad de los ciudadanos. En el caso de no existir mayor¨ªa absoluta ni una distancia considerable respecto a otros partidos pol¨ªticos, se propone introducir un sistema de doble vuelta que conseguir¨¢ que los gobiernos resultantes se correspondan con las decisiones de los ciudadanos.

Aprovechado la circunstancia, el PP cree que deber¨ªan adecuarse los procesos electorales a las nuevas realidades sociales y en ese sentido abogan por reducir la duraci¨®n de la campa?a y, con ello, los gastos electorales.

El PP recalca de nuevo en su programa su intenci¨®n de abordar ahora una profunda reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados "que permita adaptarlo a las nuevas realidades pol¨ªticas y sociales". Los ejes de esos cambios consistir¨¢n en aplicar el principio de proporcionalidad en la distribuci¨®n de los tiempos y agilizar m¨¢s los debates parlamentarios; mejorar el procedimiento de elaboraci¨®n de las leyes, simplificando los tr¨¢mites y haci¨¦ndolo m¨¢s transparente y participativo para los ciudadanos y las organizaciones representativas de sus intereses; y potenciar el debate t¨¦cnico en Comisi¨®n, para mejorar la calidad de las leyes y ampliar el debate pol¨ªtico en los plenos sobre cada texto legal.

Las modificaciones y mejoras son a¨²n m¨¢s imprecisas para el caso del Senado, donde el PP no defiende un cambio sustancial. Tampoco hay grandes novedades en el apartado de reformas a aplicar en el ¨¢mbito de la Justicia, porque se presume que se han abordado ya las bases de un sistema m¨¢s independiente en esta, ni se ofrecen m¨¢s que meras declaraciones de buena voluntad y apoyo sin fisuras a las v¨ªctimas para lograr el final definitivo de ETA.

Declaraci¨®n contra la corrupci¨®n

El PP aborda el problema de la corrupci¨®n que ha padecido durante este pasado mandato. Y plantea una serie de propuestas que contin¨²en en la senda de las reformas legales y la diferente actitud demostrada en la recta final de esta legislatura que termina. El PP exigir¨¢ a todos sus cargos que suscriban una "Declaraci¨®n de Compromiso" que significar¨¢ la adhesi¨®n a sus principios ¨¦ticos y que "tendr¨¢n la obligaci¨®n de dimisi¨®n y ser¨¢n suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupci¨®n".

En esa misma l¨ªnea, el PP incorpora la "obligatoriedad de cese en el cargo para los altos cargos encausados por un delito de corrupci¨®n en el momento de la apertura de juicio oral, con la consiguiente suspensi¨®n y sustituci¨®n en el cargo p¨²blico" y mantiene su compromiso de "reducir los aforamientos e impulsar la adopci¨®n de las iniciativas necesarias, por los distintos sujetos legitimados, para limitar la atribuci¨®n al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos p¨²blicos". La apertura de juicio oral tambi¨¦n ser¨¢ causa de inelegibilidad absoluta.

Entre las medidas a retomar para la lucha contra la corrupci¨®n se menciona la potenciaci¨®n de la reci¨¦n creada Oficina de Recuperaci¨®n y Gesti¨®n de Activos en materia de Corrupci¨®n, dedicando los recursos econ¨®micos procedentes de los delitos por corrupci¨®n a luchar contra el fraude y resarcir a las administraciones perjudicadas por este delito; garantizar una rendici¨®n peri¨®dica de cuentas por parte del responsable de la Oficina de Gesti¨®n y Recuperaci¨®n de Activos ante el Congreso de los Diputados para explicar los recursos econ¨®micos procedentes de los delitos por corrupci¨®n as¨ª como su gesti¨®n y uso para resarcir a los perjudicados por el fraude; y abrir nuevas posibilidades de acceso y nuevos canales de participaci¨®n en el Portal de la Transparencia, reforzando su capacidad como mecanismo para favorecer el control y la cercan¨ªa con los ciudadanos.

Los populares prometen regular la actuaci¨®n de los lobbies y poner en marcha un registro de lobbies o grupos de inter¨¦s para identificar a todas aquellas personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que desarrollan este tipo de actividades. Y tambi¨¦n impulsar una mayor vinculaci¨®n del otorgamiento de indultos a la pol¨ªtica penal y penitenciaria del Gobierno, acompa?¨¢ndola de una rendici¨®n peri¨®dica de cuentas en relaci¨®n a los indultos otorgados.