?Qu¨¦ pasa si no hay mayor¨ªa suficiente para formar gobierno?

La enorme divisi¨®n del Congreso de los Diputados tras las elecciones del 20D va a complicar como nunca antes la tarea de formar Gobierno. Superada la euforia y la decepci¨®n, seg¨²n los casos, de la jornada electoral, se abre, sin soluci¨®n de continuidad, la b¨²squeda de pactos y alianzas para elegir un presidente del Gobierno.

El procedimiento para designar al presidente del Gobierno est¨¢ regulado en el art¨ªculo 99 de la Constituci¨®n de 1978 y desarrollado muy someramente en el Reglamento del Congreso de los Diputados. La norma establece b¨¢sicamente que el candidato propuesto por el Rey ser¨¢ investido presidente si obtiene la confianza de la mayor¨ªa absoluta de los diputados en primera votaci¨®n o la mayor¨ªa simple ¨Cm¨¢s votos a favor que en contra¨C en segunda convocatoria, 48 horas despu¨¦s. En caso de no lograr esa mayor¨ªa, el Rey podr¨¢ proponer a otros candidatos. Si pasados dos meses de la primera votaci¨®n no se consiguiera la investidura, las Cortes quedar¨ªan disueltas y se convocar¨ªan nuevas elecciones generales.

El nombramiento del jefe del Ejecutivo, que una vez designado nombrar¨¢ a sus ministros, es una tarea que reside esencialmente en la C¨¢mara baja. Sin embargo, en este contexto de divisi¨®n pol¨ªtica, la figura del Rey como mediador y favorecedor de la negociaci¨®n entre los partidos tiene visos de acentuarse para que alguno de los principales candidatos obtenga la investidura.

El calendario se?ala al 13 de enero

El tr¨¢mite se iniciar¨¢ el pr¨®ximo 13 de enero, d¨ªa en que el Congreso celebra su sesi¨®n constitutiva con la jura o promesa de los diputados, la formaci¨®n de la Mesa y la elecci¨®n del presidente de la C¨¢mara baja. La Constituci¨®n establece que, una vez renovado el Congreso, el Rey ¡°previa consulta con los representantes designados por los grupos pol¨ªticos con representaci¨®n parlamentaria, y a trav¨¦s del Presidente del Congreso, propondr¨¢ un candidato a la Presidencia del Gobierno¡±.

Se abre as¨ª la primera fase, la llamada consulta regia. Este tr¨¢mite, de obligado cumplimiento, tiene por objeto que el Monarca cuente con la mayor informaci¨®n posible para proponer un candidato con posibilidades claras de conseguir la confianza del Congreso de los Diputados. En estas audiencias especiales, los l¨ªderes de las formaciones pol¨ªticas exponen al Rey su posici¨®n ante la coyuntura pol¨ªtica, qui¨¦n es su candidato id¨®neo y su disponibilidad para conformar coaliciones o apoyar a candidatos de otros partidos.

En los casos en que un partido obtiene mayor¨ªa absoluta, estas reuniones consultivas adquieren un car¨¢cter mec¨¢nico. ¡°Las consultas son m¨¢s importantes cuando los resultados electorales no son tan claros, el Rey tiene entonces un papel decisivo en la soluci¨®n de la crisis gubernamental¡±, sostiene el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Antonio Bar Cend¨®n en su estudio Nombramiento del presidente del Gobierno : art¨ªculo 99? incluido en la obra colectiva Comentarios a la Constituci¨®n Espa?ola (1996).

En este paso, el reci¨¦n nombrado presidente del Congreso tiene un papel bastante activo. En el mismo acto en que comunica al Rey la constituci¨®n de la C¨¢mara, el presidente del Parlamento le entrega al Monarca una lista, normalmente consensuada con los partidos, de los grupos con los que este debe consultar. Este tr¨¢mite ha sido controvertido en algunas ocasiones. En 1986, el presidente del Congreso, F¨¦lix Pons, excluy¨® de las consultas a los diputados de Herri Batasuna y a los diputados del Partido Dem¨®crata Popular, que hab¨ªan concurrido a los comicios en coalici¨®n con Alianza Popular (AP) y que tras la derrota decidieron formar grupo parlamentario propio. En 1981, para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, tras la dimisi¨®n de Adolfo Su¨¢rez, el rey Juan Carlos no llam¨® ni a Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s de Euskadiko Ezkerra, ni a Blas Pi?ar, de Fuerza Nueva.

La consulta con los partidos y la propuesta del candidato es uno de los actos constitucionales en los que el Rey tiene mayor discrecionalidad, al menos desde el punto de vista jur¨ªdico. Si no hay mayor¨ªa absoluta, ¡°la libertad de actuaci¨®n del Rey es mayor, pero no en el sentido de proponer sin m¨¢s a quien ¨¦l desee sino en el de tomar un papel m¨¢s activo como intermediario o negociador entre las diferentes fuerzas para realizar una propuesta que obtenga el respaldo m¨¢s amplio posible¡±, afirma el profesor Bar Cend¨®n en su estudio. En el peor de los casos, Felipe VI deber¨ªa proponer al candidato que tuviera m¨¢s posibilidades de alcanzar la mayor¨ªa simple. Las consultas reales siempre han sido con los partidos con representaci¨®n en el Congreso, como exige la Constituci¨®n. Sin embargo, algunos autores defienden que el Monarca, si quisiera, podr¨ªa dar audiencia tambi¨¦n a otras personas, algo que no se ha hecho nunca.

Es el Monarca el que, sobre el papel, tiene la decisi¨®n de cu¨¢ndo convocar las consultas previas ¨Cla Constituci¨®n y las leyes no prev¨¦n un plazo¨C y, formalmente, una vez rechazado un primer candidato, el Rey podr¨ªa, si quisiera, alargar el tr¨¢mite de consultas para forzar la disoluci¨®n de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

Sin embargo, lo que jur¨ªdicamente es posible, pol¨ªticamente es impensable, porque supondr¨ªa un enfrentamiento de la Corona con la representaci¨®n popular. En la historia democr¨¢tica, la media de tiempo transcurrido entre que el presidente del Congreso comunica al Rey la constituci¨®n de la C¨¢mara y le entrega la lista de consultas y la propuesta del candidato por parte del Monarca es de solo cinco d¨ªas.

En caso de que tras las consultas no hubiera una mayor¨ªa m¨ªnima para poder nombrar a un nuevo presidente, algunos autores sostienen que el Rey podr¨ªa designar un candidato para poner en marcha el procedimiento de nombramiento de presidente y evitar el bloqueo del sistema constitucional. Otros autores sostienen, en cambio, que esto no ser¨ªa posible.

Una vez publicado en el Bolet¨ªn Oficial de las Cortes el Real Decreto con la propuesta del candidato, con el refrendo del presidente del Congreso, se convoca el debate de investidura. En ¨¦l, el candidato a presidente debe presentar a la C¨¢mara su programa pol¨ªtico de Gobierno y solicitar formalmente su confianza.

La votaci¨®n se hace p¨²blica por llamamiento, un mecanismo con el que es m¨¢s f¨¢cil evitar que alg¨²n diputado se descuelgue de los acuerdos de los partidos. Si en la primera votaci¨®n, el candidato logra la mayor¨ªa absoluta, es nombrado presidente. Si no alcanza la barrera de los 176 diputados, se celebra una nueva votaci¨®n 48 horas despu¨¦s. En ella, basta con la mayor¨ªa simple para lograr la investidura.

Si se fracasara en la segunda votaci¨®n, algo que hasta ahora no ha sucedido, el Rey volver¨ªa a abrir un nuevo periodo de consultas a los partidos para designar a otro candidato. Aqu¨ª los partidos ya luchar¨ªan contra el reloj: tras la primera votaci¨®n empieza a correr el plazo de dos meses para lograr la investidura antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones generales.

La media de tiempo entre la propuesta regia y la investidura del presidente en las elecciones celebradas desde 1977 es de once d¨ªas. Hasta ahora, el plazo m¨¢s corto lo logr¨® Adolfo Su¨¢rez en 1979, con tres d¨ªas; y el m¨¢s largo, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, con 20 d¨ªas en 1996, por la necesidad de buscar apoyos parlamentarios s¨®lidos, en este caso con los nacionalistas catalanes y vascos.

La estabilidad del Gobierno, una vez lograda la investidura aunque sea por mayor¨ªa simple, es bastante amplia: la moci¨®n de censura requiere mayor¨ªa absoluta y la presentaci¨®n de un candidato alternativo, lo que la hace dif¨ªcil de prosperar en escenarios de divisi¨®n pol¨ªtica. La cuesti¨®n de confianza ¨Cque presenta el propio Ejecutivo¨C requiere la mayor¨ªa simple.