Gri?¨¢n urge a la juez del ¡®caso ERE¡¯ a finalizar la instrucci¨®n

El expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y otros tres ex altos cargos imputados en el caso ERE urgen a la juez, Mar¨ªa N¨²?ez, a finalizar cuanto antes la pieza troncal de la instrucci¨®n, que hoy cumple cinco a?os desde su comienzo en 2011. Gri?¨¢n alega que debe ¡°tener un juicio dentro de un plazo razonable¡±, y sufrir m¨¢s retrasos tras un lustro de investigaci¨®n cuestionar¨ªa ¡°la efectividad y credibilidad de la justicia¡±.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® a principios de a?o declarar la macrocausa ¡°de especial complejidad¡±, lo que permite disponer de 18 meses m¨¢s para finalizar la instrucci¨®n. Ahora las defensas de Gri?¨¢n y el exconsejero Antonio Fern¨¢ndez se oponen a esta pr¨®rroga para la pieza separada en la que el expresidente est¨¢ imputado junto a su antecesor Manuel Chaves y otros 50 ex altos cargos del Ejecutivo aut¨®nomo. Esta investigaci¨®n est¨¢ centrada en el dise?o del fondo para empresas en crisis que la Junta dot¨® con 855 millones entre 2001 y 2010. ¡°Se han practicado numeros¨ªsimas investigaciones y toda clase de diligencias, unas veces testificales y otras de pericias, hasta agotar todo el elenco previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal¡±, argumenta su abogado.

La fiscal¨ªa estima que la pieza del dise?o del fondo se abri¨® hace seis meses. ¡°Pero no, no son seis meses, han sido cinco a?os, m¨¢s otros seis meses m¨¢s, hasta el 6 de junio de 2016¡±, sostiene el letrado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano.

El caso de los ERE fraudulentos, la investigaci¨®n con m¨¢s imputados de la historia judicial (271), cumple hoy cinco a?os a un ritmo pausado que no permite adivinar su final. La macrocausa, que censura un fondo de 855 millones de la Junta de Andaluc¨ªa y acab¨® con la carrera pol¨ªtica de los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, avanza al ralent¨ª. La investigaci¨®n iniciada por la juez Mercedes Alaya lleg¨® al Tribunal Supremo, regres¨® a su juzgado de origen en Sevilla, y ahora est¨¢ dirigida por la magistrada Mar¨ªa N¨²?ez.

Nadie se atreve a cifrar el retraso que acumula un caso con m¨¢s de 500.000 folios entre tomos y anexos. Pero de los 126 ERE y 275 subvenciones directas a empresas concedidas por la Consejer¨ªa de Empleo andaluza entre 2001 y 2010, la Guardia Civil solo ha examinado unas decenas de expedientes. Por si fuera poco, la instructora ha avanzado que en breve imputar¨¢ a m¨¢s de 200 mineros prejubilados en un ERE, con lo que se alcanzar¨¢ el medio millar de acusados. Desde que el caso se dividi¨® en piezas hace seis meses, las pesquisas deben avanzar a mayor ritmo, pero de momento la decisi¨®n est¨¢ atascada.

Desde 2011 la causa ha acaparado la arena pol¨ªtica andaluza hasta que Alaya ascendi¨® el pasado verano a la Audiencia de Sevilla y cesaron sus pol¨¦micos autos. Sin embargo, tambi¨¦n el PP nacional ha achacado a los socialistas las invectivas de Alaya, que acusaba al PSOE de instaurar una red de ¡°clientelismo¡± para la compra de votos, adem¨¢s de financiarse de manera ilegal. A menudo, como contrapeso a la trama G¨¹rtel. El caso llev¨® a los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n como imputados ante el Supremo.Y junto a ellos han sido acusados siete exconsejeros del Gobierno andaluz, banqueros, empresarios, directivos de empresas p¨²blicas, alcaldes, y un largo etc¨¦tera con decenas de intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas).

La causa provoc¨® la dimisi¨®n de Gri?¨¢n como presidente en 2013, adem¨¢s de diversos terremotos en el PSOE andaluz. Cuando el Supremo inculp¨® por prevaricaci¨®n al expresidente y su antecesor Chaves, acab¨® con las carreras pol¨ªticas de dos cargos hist¨®ricos que lo hab¨ªan sido todo en el partido socialista.

?C¨®mo se explica el volumen del caso ERE? Alaya, con el apoyo de la Audiencia de Sevilla, la fiscal¨ªa, la Guardia Civil y el Supremo incluy¨® en el ¨¢mbito penal actuaciones administrativas que hasta entonces hab¨ªan permanecido en el ¨¢mbito contencioso-administrativo. Un abogado que pide el anonimato se lamenta del giro que supuso la causa, marcada por la prosa inquisitiva de los autos de Alaya: ¡°Criminaliz¨® conductas que hasta entonces no eran de ¨¢mbito penal y ning¨²n otro juez ve¨ªa. Esto nos ha llevado a una causa imposible e interminable, pero es que a la gente le gusta que una ilegalidad sea materia penal¡±.

La instrucci¨®n judicial considera que el Ejecutivo aut¨®nomo concedi¨® de manera ilegal todo el fondo al no respetar la Ley de Subvenciones, entre otras. Y al incluir todos los niveles de decisi¨®n, los investigadores implicaron a la c¨²pula de la Junta, altos cargos de Presupuestos, servicios jur¨ªdicos y la agencia p¨²blica Idea, pagadora de los ERE. Enfrente las defensas alegaron la autonom¨ªa del Gobierno para legislar y la legalidad de las transferencias de financiaci¨®n usadas para los ERE.

Desde el inicio, Alaya abri¨® nuevas v¨ªas de investigaci¨®n, una tras otra, todas bajo un mismo sumario. Esta multiplicidad de investigaciones paralelas hizo aumentar el n¨²mero de imputados. Finalmente, en la primavera de 2015 Alaya ascendi¨® a la Audiencia de Sevilla y quiso seguir investigando gracias a una comisi¨®n de servicio, pero jug¨® mal sus cartas. Atac¨® a su sucesora al frente del juzgado, Mar¨ªa N¨²?ez, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio marcha atr¨¢s al comprobar que no pod¨ªan colaborar. Ahora el juez ?lvaro Mart¨ªn debe investigar las seis primeras piezas separadas, entre ellas la que afecta a Chaves y Gri?¨¢n y 50 ex altos cargos por el dise?o del fondo, pero el CGPJ a¨²n debe aprobarlo un mes despu¨¦s.

La fiscal¨ªa ha pedido que la causa sea declarada ¡°de especial complejidad¡± para prorrogarla 18 meses m¨¢s. El abogado de Gri?¨¢n ha replicado que se ignorar¨ªa su derecho a tener ¡°un juicio dentro de un plazo razonable¡± porque ¡°debe evitarse que un acusado permanezca mucho tiempo en estado de incerteza¡±. Sin embargo, todo apunta a que las pr¨®rrogas se suceder¨¢n durante a?os. ¡°Si no lo acabamos nosotros lo acabar¨¢n nuestros hijos¡±, vaticin¨® con sorna uno de los guardias civiles al frente de la investigaci¨®n.