Arias Ca?ete ignor¨® un informe de su ministerio contrario a compensar a FCC
El ex ministro de Agricultura se reuni¨® con la constructora para abordar este acuerdo y pidi¨® a la Abogac¨ªa del Estado que buscara si ten¨ªa encaje legal
El exministro Miguel Arias Ca?ete ¡ªhoy comisario europeo¡ª se reuni¨® en febrero de 2014 con dos altos cargos de FCC para abordar una compensaci¨®n con fondos p¨²blicos para esta constructora por los da?os en una desaladora de Almer¨ªa. Esta operaci¨®n ¡ªque no lleg¨® a materializarse¡ª es parte de la investigaci¨®n de la trama corrupta en la empresa p¨²blica Acuamed que dirige el Eloy Velasco. Tras la cita, Arias Ca?ete ignor¨® un informe interno que rechazaba la compensaci¨®n y encarg¨® a la Abogac¨ªa del Estado que analizara su encaje legal.
La reuni¨®n entre los directivos de la constructora FCC y Arias Ca?ete se celebr¨® el 24 de febrero de 2014, un a?o y medio despu¨¦s de la riada que da?¨® la desaladora de Bajo de Almanzora (Almer¨ªa). Sobre este asunto se ha pronunciado este martes, a trav¨¦s de un comunicado, el Ministerio de Agricultura, a pesar de que Arias Ca?ete dej¨® este departamento en abril de 2014. Agricultura ha confirmado la reuni¨®n. "Para la celebraci¨®n de la misma, [el gabinete del entonces ministro] pidi¨® informaci¨®n a la Secretar¨ªa de Estado de Medio Ambiente sobre la situaci¨®n del proyecto", se?ala ese comunicado. Aquella desaladora result¨® da?ada por una riada y la UTE que la construy¨® ¡ªde la que formaba parte FCC¡ª se negaba a afrontar el coste de su reparaci¨®n. Agricultura no ha informado este martes sobre el sentido de la "informaci¨®n" solicitada, que conten¨ªa un escrito contrario a las pretensiones de FCC.
Presiones y trabajadores despedidos
Existen al menos cuatro denuncias presentadas ante la fiscal¨ªa sobre la empresa p¨²blica Acuamed. La primera la present¨® el exdirectivo Francisco Valiente en marzo de 2014, en la que ya se alertaba de la irregular compensaci¨®n a la UTE encargada de la desaladora almeriense. Posteriormente, tres trabajadores de Acuamed presentaron otras tantas, en las que se relataban sobrecostes en otras actuaciones. Los cuatro fueron despedidos de Acuamed. Uno de estos exempleados, que pide el anonimato y ha declarado ya ante Eloy Velasco, sostiene que el director general de la empresa p¨²blica les presionaba para que firmaran certificaciones irregulares. "Nos presionaban y nos amenazaban con el despido disciplinario", como finalmente ocurri¨®.
Este empleado de la sociedad p¨²blica, adem¨¢s, elev¨® un escrito en junio de 2015 al entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y a la directora general del Agua, Liana Ardiles. "Nunca contestaron". De momento, en este caso solo est¨¢n imputados empresarios y directivos de Acuamed. Pero Eloy Velasco apunt¨® en su auto de la semana pasada a que la compensaci¨®n irregular a la UTE de la desaladora de Almer¨ªa fue "pactada entre la c¨²pula de FCC y cargos de alto nivel del ministerio".
Seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S, desde la Secretar¨ªa de Estado de Medio Ambiente se remitieron al gabinete de Arias Ca?ete dos informes para esa reuni¨®n. El primero de ellos era de Acuamed, la empresa p¨²blica responsable de la obra y de afrontar los pagos. En ese escrito se apunta ya a que se hab¨ªan mantenido reuniones entre esta empresa p¨²blica ¡ªque est¨¢ en el centro de la trama que investiga el juez Velasco¡ª y la UTE. "La ¨²ltima propuesta alcanzada fijaba un reparto del importe de la reparaci¨®n del 40% por parte de Acuamed y el 60% por parte de la UTE", se apunta en el escrito elaborado de la sociedad p¨²blica el 19 de febrero de 2014. Pero se se?alaba que hab¨ªa sido "inviable concretar ese acuerdo".
Resoluci¨®n del contrato
En el segundo informe que se adjunt¨® para la reuni¨®n, fechado el 23 de enero de 2014 y elaborado por la Direcci¨®n General del Agua, se conclu¨ªa que "lo m¨¢s conveniente ser¨ªa la resoluci¨®n del contrato por causas imputables al contratista, reclamando al mismo los da?os causados". En el escrito se se?alaba que si se daba ese paso "con casi toda seguridad" el contratista "intentar¨¢ evitarla" con un "pleito".
En el informe de la Direcci¨®n General del Agua se resalta que, cuando se produjeron las inundaciones, "se comprob¨® que el contratista no dispon¨ªa de las coberturas de seguros que establec¨ªa el contrato y el pliego". "Evidentemente si se hubiese suscrito el seguro, los da?os estar¨ªan reparados, repar¨¢ndose o indemnizados por la compa?¨ªa aseguradora o por el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros", se a?ad¨ªa. Fuentes cercanas al caso se?alan que no hab¨ªa seguro porque la obra no estaba acabada cuando sufri¨® la inundaci¨®n.
A pesar de que la trama del agua no hab¨ªa saltado a¨²n a la opini¨®n p¨²blica, en el informe ya se advert¨ªa de que "existe una gran sensibilidad social y medi¨¢tica, en lo que afecta a la gesti¨®n de los fondos p¨²blicos", lo que "hace que la Administraci¨®n y los entes p¨²blicos sean a¨²n m¨¢s prudentes en sus actuaciones, que exigen demostrar sin la mas m¨ªnima duda una defensa clara y n¨ªtida del inter¨¦s p¨²blico". Y se avisaba: "Este tema podr¨ªa trascender a la opini¨®n p¨²blica", como ha ocurrido.
A pesar de este informe, tras la reuni¨®n con la constructora, Arias Ca?ete solicit¨® a la Abogac¨ªa del Estado que analizara si era legal que parte de los gastos de reparar la desaladora los asumiera la Administraci¨®n, como pretend¨ªa FCC. Las constructoras se quejaban en ese momento de que el Estado les adeudaba 1.200 millones de euros en obras y que el presupuesto del ministerio para temas h¨ªdricas era de apenas 300 millones. El informe encargado por Arias Ca?ete, firmado por el letrado del Estado Pablo Fern¨¢ndez Ruiz el 10 de abril de 2014, conclu¨ªa que hab¨ªa una "corresponsabilidad" entre la UTE y Acuamed, como sosten¨ªa la constructora.
El ministerio resalta que la Administraci¨®n nunca pag¨® a la UTE ni las obras de la desaladora ni la reparaci¨®n tras la riada. La semana pasada, el juez Velasco sostuvo que no se cerr¨® finalmente la "compensaci¨®n indebida" porque el Consejo de Administraci¨®n de Acuamed y su direcci¨®n tuvieron conocimiento de la "denuncia" que un exdirectivo present¨® en marzo de 2015 alertando de este principio de acuerdo. Sin embargo, el juez se?ala que hubo "persistencia en la idea", ya que en los presupuestos generales de 2015 se "consignaron cerca de 36 millones". En los de 2016 baj¨® esa "compensaci¨®n de 8 y 14 millones". EL PA?S ha intentado este martes recabar, sin ¨¦xito, la versi¨®n de Arias Ca?ete. Desde su departamento europeo un portavoz ha asegurado que "no se desoy¨® nada". "Al contrario, se pidi¨® el informe jur¨ªdico de la Abogac¨ªa del Estado", ha a?adido. FCC, por su parte, defiende la legalidad de su reclamaci¨®n. Seg¨²n la empresa, lo que hab¨ªa solicitado era "el pago que le corresponde, en el marco de la legislaci¨®n aplicable".
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