La Infanta y los 'sastres' del Supremo

?Sabr¨¢ la Infanta c¨®mo lleg¨® al banquillo del caso N¨®os y por qu¨¦ seguir¨¢ en ¨¦l hasta el final del juicio oral? Seguro que le sonar¨¢n los nombres de Emilio Bot¨ªn, el extinto presidente del Banco Santander, y de Juan Mar¨ªa Atutxa, expresidente del Parlamento vasco. Pero el conocimiento superficial no agota el asunto.

Las magistradas Roc¨ªo Mart¨ªn, Samantha Romero, presidenta y ponente, y Eleonor Moy¨¤ (de izquierda a derecha, en la imagen), que forman el tribunal del caso N¨®os en la Audiencia de Palma, han resuelto que debe seguir en el banquillo por ser presunta cooperadora necesaria en dos delitos fiscales tras interpretar las sentencias de ambos casos y concluir que los delitos fiscales entran dentro de la l¨®gica de la doctrina Atutxa. 

Esto es: que la acusaci¨®n popular puede llevar a la infanta Cristina al banquillo en solitario aunque el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, que en el caso N¨®os representa a Hacienda, no presenten acusaci¨®n contra ella.

Pero son los hechos que hay detr¨¢s de los nombres los que merece la pena reconstruir. 

He aqu¨ª, pues, la historia.

En noviembre de 2006, el presidente del Banco Santander es juzgado por delitos fiscales (comercializaci¨®n del producto financiero llamado cesiones de cr¨¦dito). La Fiscal¨ªa y el Abogado del Estado no le acusan. S¨®lo lo hace, tard¨ªamente, una acusaci¨®n popular.

El tribunal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Javier G¨®mez Berm¨²dez aborda al empezar el juicio oral las cuestiones previas. La defensa del banquero y otros ejecutivos pide el sobreseimiento. El tribunal acepta la petici¨®n y archiva la causa. El juicio no se celebra.

?Por qu¨¦? El tribunal interpreta literalmente el art¨ªculo 782.1 de la ley de Enjuiciamento Criminal. Si la Fiscal¨ªa y el Abogado del Estado piden el sobreseimiento el juez instructor, en este caso la magistrada Teresa Palacios, deb¨ªa concederlo. El acusado, pues, no puede ser llevado a juicio.

La acusaci¨®n popular recurre. El 3 de diciembre de 2007, un pleno jurisdiccional de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, convocado a ra¨ªz de la divisi¨®n de opiniones, vota a favor de confirmar la absoluci¨®n de Bot¨ªn. El ponente, Julian S¨¢nchez Melgar, partidario de condenarle, deja la ponencia. La asume el magistrado Enrique Bacigalupo.

Conclusi¨®n: la acusaci¨®n popular en solitario no basta para sentar en el banquillo a un acusado. Es lo que dice literalmente la ley. "Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa...lo acordara el juez", se lee en la ley citada. La menci¨®n a la acusaci¨®n popular brilla por su ausencia.

Forman mayor¨ªa, con matices, 8 magistrados, contra 6.

El precedente dura poco. La sala segunda de lo Penal del Supremo tiene que resolver, en paralelo al caso Bot¨ªn, un recurso contra la sentencia absolutoria del expresidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, acusado de un delito de desobediencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV). En este caso, el Ministerio Fiscal no hab¨ªa acusado a Atutxa; s¨ª lo hace la acusaci¨®n popular de Manos Limpias.

Ante la divisi¨®n de criterios, el 17 de diciembre de 2007 se resuelve convocar para el 21 de enero de 2008 un pleno jurisdiccional sobre el recurso de casaci¨®n presentado por la acusaci¨®n popular de Manos Limpias contra la sentencia.

La defensa de Atutxa pide que se aplique la doctrina Bot¨ªn y se confirme la absoluci¨®n. La Fiscal¨ªa respalda a Atutxa. El ponente, Carlos Granados, que ha apoyado dicha doctrina, es coherente: propone al tribunal su aplicaci¨®n.

  Flash back

El caso Atutxa viene de 2003. Tiene alto voltaje pol¨ªtico. Tras ser ilegalizada Batasuna por la sala 61 del Tribunal Supremo, se ordena disolver el grupo parlamentario Socialista Abertzaleak. Atutxa, miembro del Partido Nacionalista Vasco, invoca el fuero para no hacerlo. Los esca?os son "propiedad" de los diputados, no del partido pol¨ªtico.

La secretar¨ªa t¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General del Estado elabora una querella contra ¨¦l por desobediencia.

El fiscal Manuel Marchena es miembro de la secretar¨ªa t¨¦cnica del Fiscal General del Estado Jes¨²s Cardenal. El 21 de junio de 2003 se presenta la querella en el TSJ del Pa¨ªs Vasco; cuatro d¨ªas m¨¢s tarde, Marchena es ascendido a fiscal jefe de ¡°la t¨¦cnica¡±, como se la conoce.

La tramitaci¨®n de esta querella provoca una intensa actividad. En aquella ¨¦poca, el juez Enrique L¨®pez es portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2003 a 2008 tendr¨¢ que explicar en repetidas ocasiones el procedimiento contra Atutxa y las incidencias procesales en el propio CGPJ. (En la imagen, Marchena segundo por la izquierda; L¨®pez segundo desde la derecha, ambos en la Fundaci¨®n Wolters Kluwer)

Flash forward

Estamos a 21 de enero de 2008. La mayor¨ªa del tribunal que ve el recurso de casaci¨®n contra la absoluci¨®n de Atutxa no apoya, como propone el magistrado Granados, aplicar la doctrina Bot¨ªn. Marchena es magistrado de la sala de lo Penal del Supremo desde marzo de 2007. Es ¨¦l, que quiere convertir la sentencia absolutoria en condenatoria, qui¨¦n sustituye a Granados como ponente en el caso Atutxa.

No se abstiene por haber participado en la elaboraci¨®n de la querella contra el presidente del Parlamento vasco en 2003, origen de la causa que ahora juzga.

Tambi¨¦n Marchena viene de apoyar la doctrina Bot¨ªn y su voto concurrente con la mayor¨ªa, es decir, de respaldo, incluye diversas observaciones. Ninguna de ellas apunta, ni de lejos, a lo que Marchena va a proponer. Un giro copernicano en treinta d¨ªas.

En este pleno de la sala segunda de lo Penal del Supremo no participa Bacigalupo, ponente de la doctrina Bot¨ªn, habida cuenta de que se ha aceptado su abstenci¨®n por haber participado en la sala del 61 donde se han originado los hechos que se van a juzgar en el caso Atutxa. Tampoco forma parte del pleno el magistrado Jos¨¦ Manuel Maza, por haber sido recusado en otro recurso vinculado con el caso. Maza, a su vez, se hab¨ªa opuesto a la mayor¨ªa en el caso Bot¨ªn.

Marchena, nuevo ponente en el caso Atutxa, hace una obra de ingenier¨ªa jur¨ªdica. Empieza por la conclusi¨®n: Atutxa no debe salir vivo. Sanciona la defunci¨®n de la flamante doctrina Bot¨ªn. La desobediencia de Atutxa, nos dice, formar¨ªa parte de delitos ¡°que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de car¨¢cter metaindividual¡±. Aunque la Fiscal¨ªa no le haya acusado y como en el delito de desobediencia no hay acusaci¨®n particular (directamente perjudicados), aqu¨ª basta, sentencia Marchena, con la acusaci¨®n popular en solitario para sentarle en el banquillo.

Marchena repesca el apoyo de tres magistrados que votaron contra la doctrina Bot¨ªn y forma una mayor¨ªa de 8 contra 4.

Esta sentencia ad hominem sume la jurisprudencia del Supremo en un caos. Va de precedente (overruling) en precedente en apenas un mes. La doctrina Bot¨ªn, m¨¢s all¨¢ de su acierto o error, seg¨²n se mire, no puede, pues, consolidarse como tal porque la sala de lo Penal, dividida, vota de manera transversal en los dos casos, con magistrados que cambian de bando, algunos de los cuales ven en el caso Atutxa una oportunidad para replantear, ahora desde la nueva mayor¨ªa, su oposici¨®n a la doctrina Bot¨ªn.

La defensa de Atutxa recurre en amparo al Tribunal Constitucional. El ponente del caso, Pablo P¨¦rez Tremps, propone en mayo de 2013, conceder el amparo y absolver a Atutxa de inhabilitaci¨®n y multa. Pero la mayor¨ªa, a las puertas de un reforzamiento del sector conservador con la inminente renovaci¨®n del TC, no le apoya. La causa queda paralizada. Ya lleva cinco a?os en el citado tribunal.

En noviembre de 2013, Pablo P¨¦rez Tremps es sustituido como ponente por... Enrique L¨®pez, que ha sido nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy magistrado del Tribunal Constitucional a primeros de junio. A pesar de haber intervenido desde el CGPJ como portavoz en la explicaci¨®n p¨²blica de la querella contra Atutxa, L¨®pez rechaza abstenerse (en la imagen, L¨®pez jura su nuevo cargo)

Su ponencia, asumida por la mayor¨ªa, deniega el amparo y confirma la sentencia elaborada por Marchena en el Supremo. El abogado del expresidente del Parlamento vasco, Alberto Figueroa, espera el desenlace de su recurso, admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y realizadas ya las alegaciones.

 La divisi¨®n del trabajo objetiva entre Marchena en el Supremo y L¨®pez en el Constitucional ha funcionado. 

Su sentencia ad hominem sume al Supremo en un caos. Pero ello no impide, faltaba m¨¢s, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, impulse la candidatura de Marchena, en septiembre de 2014, a la presidencia de la sala de lo Penal del Supremo y sea ungido por la mayor¨ªa conservadora. (En la imagen, Marchena saluda a Lesmes al asumir la presidencia).

La doctrina Bot¨ªn, m¨¢s all¨¢ de la interpretaci¨®n acertada o equivocada, justa o arbitraria, seg¨²n se mire, de la ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede, tras la sentencia del caso Atutxa, consolidarse como jurisprudencia.

El nuevo traje a medida confeccionado por Marchena para llevar hasta el final la querella criminal por desobediencia, elaborada en la secretar¨ªa t¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General del Estado en 2003 contra el expresidente del Parlamento vasco, termina convirti¨¦ndose en el patr¨®n para encajar a la Infanta al banquillo primero y para su permanencia en ¨¦l ahora.

Pero resulta m¨¢s que probable que Marchena, ahora como presidente de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tenga que lidiar con este toro nuevamente.

El juicio oral del caso N¨®os terminar¨¢ previsiblemente en junio pr¨®ximo. El tribunal que preside la magistrada Samantha Romero tendr¨¢ que valorar la prueba y decidir sobre la participaci¨®n de cada uno de los acusados en las operaciones presuntamente delictivas.

La sentencia de la infanta Cristina, pues, ir¨¢ a la segunda segunda de lo Penal a trav¨¦s del recurso de casaci¨®n. Si es absuelta de los delitos, la acusaci¨®n popular (Manos Limpias, como en el caso Atutxa) recurrir¨¢. Si es declarada culpable, lo har¨¢n la Fiscal¨ªa, la Abogac¨ªa del Estado y su defensa. Tanto por el tema procesal de la doctrina Bot¨ªn como por los de fondo, esto es, su participaci¨®n en los delitos fiscales.

Una cosa es segura: el juicio no tendr¨¢ que repetirse. Si el Supremo estimase de aplicaci¨®n la doctrina Bot¨ªn, tanto la infanta, como Ana Mar¨ªa Tejeiro, esposa del acusado Diego Torres, socio de I?aki Urdangar¨ªn, ser¨ªan absueltas.

Pero el magistrado Marchena, ahora presidente de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tendr¨¢ que dar, llegado el caso, otra vuelta de tuerca de ingenier¨ªa jur¨ªdica ante una sala de lo Penal equilibrada entre magistrados partidarios de ambas "doctrinas".