La Audiencia ordena investigar si 76 presos de ETA falsearon sus estudios
La Secci¨®n Cuarta revoca la decisi¨®n de la juez Lamela de archivar la denuncia de Covite
La Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional ha ordenado este mi¨¦rcoles a la juez Carmen Lamela que reabra la causa sobre el supuesto uso de documentos falsos en la inscripci¨®n en la Universidad del Pa¨ªs Vasco de 76 presos de ETA. Los estudios universitarios sirvieron para reducir el tiempo de condena a estos reclusos, entre los que figuran dirigentes de la etapa m¨¢s sanguinaria de la banda terrorista como Francisco M¨²gica Garmendia, Pakito; Ignacio de Juana Chaos o Ignacio Arakama Mendia, Macario.
La causa fue denunciada por el Colectivo de V¨ªctimas del Terrorismo (Covite), que apreciaba delito de colaboraci¨®n con la banda terrorista y falsedad documental. El pasado diciembre, la juez Lamela archiv¨® la investigaci¨®n al entender que el delito terrorista no exist¨ªa y remiti¨® la denuncia al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia para que continuaran las actuaciones por el delito de falsedad.
La Secci¨®n Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este archivo. El tribunal presidido por la magistrada ?ngela Murillo entiende, frente al criterio de Lamela, que los hechos denunciados por Covite "podr¨ªa constituir un delito de terrorismo" cometido no por los 76 presos que se beneficiaron de los descuentos de pena por estudios, sino "por aquellas personas que hubieran facilitado tales documentos con conocimiento de que de tal manera consegu¨ªan de forma fraudulenta la libertad anticipada".
El tribunal ve indicios de que hubo "una pr¨¢ctica concertada en la facilitaci¨®n de los certificados" con la finalidad de "colaborar con ETA para que sus internos redimieran indebidamente las penas de prisi¨®n que estaban cumpliendo".
Entre los terroristas denunciados por Covite est¨¢n dirigentes hist¨®ricos de la banda como Francisco M¨²gica Garmendia, Pakito; Ignacio de Juana Chaos o Ignacio Arakama Mendia, Macario. Tambi¨¦n figuran militantes con decenas de asesinatos a sus espaldas y condenados a miles de a?os de c¨¢rcel como Domingo Troiti?o Arranz, Inmaculada Noble o In¨¦s del R¨ªo, beneficiados por la derogaci¨®n de la llamada doctrina Parot, que contabilizaba los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el m¨¢ximo de cumplimiento efectivo de 30 a?os. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan la posibilidad de que esta investigaci¨®n, de prosperar, obligue a revisar los c¨®mputos de cumplimiento de algunos de esos terroristas.
El predecesor de la juez Lamela en el juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, Juan Pablo Gonz¨¢lez, requiri¨® el pasado 19 de noviembre a la Universidad del Pa¨ªs Vasco y a la delegaci¨®n de la Universidad Nacional de Educaci¨®n a Distancia (UNED) de Bergara (Gipuzkoa) que entregaran los certificados de las v¨ªas de acceso a la universidad de los 76 denunciados por Covite. Tambi¨¦n reclam¨® las actas de examen de Selectividad y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 a?os, firmadas por el tribunal.
El magistrado tambi¨¦n solicit¨® a la Guardia Civil un informe sobre la supuesta falsedad de estas v¨ªas de acceso a los estudios superiores, as¨ª como sobre la pertenencia de los 76 etarras al frente de c¨¢rceles de la banda.
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