Detenidos en Huelva cuatro cargos de la Junta por los cursos de formaci¨®n

La polic¨ªa ha detenido este jueves a cuatro cargos de la Junta de Andaluc¨ªa en Huelva por su presunta vinculaci¨®n con el fraude de los cursos de formaci¨®n en una nueva fase de la Operaci¨®n Edu, que investiga supuestas irregularidades en la concesi¨®n de subvenciones. Los agentes investigan irregularidades por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos cometidas por diferentes cargos del Gobierno andaluz, responsables de la concesi¨®n, control, supervisi¨®n y fiscalizaci¨®n de dichas ayudas p¨²blicas. Tanto este cuerpo como la Guardia Civil y 18 juzgados investigan este fraude, que en paralelo analiza estos d¨ªas la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento andaluz.

El Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Huelva dirige la Operaci¨®n Eduende que ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa. Los investigadores tasan el fraude en 2,9 millones de un total de 12,1 millones tramitados en ayudas en Huelva. Los detenidos son el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Eduardo Manuel Mu?oz; el secretario general de ese servicio, Jos¨¦ Mart¨ªnez Iglesias; el jefe del Servicio de Formaci¨®n, Jos¨¦ ?ngel Gil Flores, y el jefe del Departamento de An¨¢lisis, Programaci¨®n y Formaci¨®n Continua, Manuel Mar¨ªa Vel¨¢zquez.

Mu?oz tramit¨® una resoluci¨®n de concesi¨®n de fondos p¨²blicos para repartir fondos finalistas para la formaci¨®n de manera arbitraria y prevaricadora, seg¨²n los agentes. Para ocultar sus actos implic¨® a Iglesias para que firmase, bajo una supuesta delegaci¨®n de firma hecha en fraude de ley, la publicaci¨®n de la resoluci¨®n, as¨ª como la gran mayor¨ªa de los convenios de colaboraci¨®n con las entidades beneficiarias, seg¨²n la investigaci¨®n.

La polic¨ªa sospecha de que incluso lleg¨® a certificar con su firma que los fondos asignados a ciertas empresas, supuestamente afines, hab¨ªan sido empleados y justificados correctamente, cuando era manifiestamente evidente el desv¨ªo que se hab¨ªa producido de los mismos. Los investigadores acusan al director provincial de llevar la "batuta directriz" de esa actuaci¨®n y al jefe de Servicio del SAE en Huelva de ejecutar las acciones, pues manejaba el servicio a su antojo e intereses personales.

La acusaci¨®n sostiene que el jefe de servicio vaci¨® de contenido real la estructura organizativa y apart¨® a las personas y funcionarios que no se aven¨ªan a sus pr¨¢cticas il¨ªcitas. Los investigadores le acusan de controlar directamente a qu¨¦ empresas se les deb¨ªan dar las subvenciones, independientemente de si cumpl¨ªan o no los requisitos legalmente exigidos, y de falsear la constituci¨®n del ¨®rgano colegiado dispuesto legalmente para estas actividades, para lo que se saltaba a su superior jer¨¢rquico, la secretaria provincial del SAE.