El giro a la escuela p¨²blica de la Generalitat valenciana agita a la concertada y al PP
El Gobierno valenciano ha aprobado medidas para redistribuir los alumnos con necesidades especiales y prohibir las cuotas voluntarias
La escuela concertada prepara en la Comunidad Valenciana su sexta movilizaci¨®n en un mes contra ¡°el acoso¡± de la Generalitat, que prev¨¦ cerrar aulas concertadas, redistribuir a los alumnos con necesidades especiales o regular las llamadas cuotas voluntarias. El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se suma a esta protesta in¨¦dita. ¡°Est¨¢n asfixiando a la concertada¡±, dice Jos¨¦ Mar¨ªa Alvira, presidente de Escuelas Cat¨®licas.
Esta organizaci¨®n encabeza las movilizaciones valencianas y alerta de que esta asfixia ¡°amenaza con extenderse a otras comunidades¡±, en referencia a las regiones en las que Podemos comparte o apoya Gobiernos. El detonante ha sido el anuncio de que se cerrar¨¢n aulas concertadas. Andaluc¨ªa clausur¨® 60 en 2014, en un gesto que pas¨® m¨¢s desapercibido. Pero el respaldo expl¨ªcito del PP nacional a esta movilizaci¨®n ha agitado el debate. Seg¨²n la Generalitat, el anterior Gobierno clausur¨® 606 aulas p¨²blicas. Para el curso que viene, ellos clausuran 22 concertadas y abren otras 20 en primaria, es decir, el saldo final oficial es de dos menos. Pero, tras este recorte, hay un cambio de filosof¨ªa educativa en una regi¨®n que, hasta hace un a?o, era el basti¨®n del PP junto a Madrid.
La Generalitat public¨® en abril un decreto de escolarizaci¨®n que suprime el distrito ¨²nico y establece que la educaci¨®n concertada ¡°debe ser gratuita¡± frente a las llamadas cuotas voluntarias. En los ¨²ltimos a?os han proliferado empresas de restauraci¨®n o constructoras que han abierto centros concertados como negocio, en los que llegaban a cobrar hasta 500 euros mensuales y contra los que hasta el sector privado present¨® un recurso administrativo en la Comunidad de Madrid. Escuelas Cat¨®licas se desmarca de estas pr¨¢cticas. ¡°Si hay centros as¨ª, hay que llevarlos a los juzgados, pero no es nuestro caso¡±, dice Alvira.
32 euros de cuota
Julia Mar¨ªa Llopis, presidenta de Concapa en la Comunidad Valenciana, paga ¡°gustosamente¡± los 32 euros mensuales que le piden en el centro de su hijo y se queja de la falta de financiaci¨®n p¨²blica de este tipo de centros. ¡°Si no existieran esas cuotas en algunos centros no se podr¨ªa pagar el agua o la luz¡±, proclama.
La Generalitat regula en el decreto el reparto equitativo de los alumnos con necesidades especiales y revisar¨¢ el curso que viene los conciertos en bachillerato, una etapa no obligatoria. ¡°El ¨²nico objetivo del consejero [Vicent] Marz¨¤ es hacer desaparecer la escuela concertada y no dejar a las familias elegir. Buscan una escuela ¨²nica, p¨²blica, laica y en valenciano¡±, protesta Llopis, que ¡°echa de menos¡± un pronunciamiento del PSOE en este debate.
¡°La movilizaci¨®n no tiene que ver ni con la educaci¨®n ni con los conciertos, el PP pretende aparecer como defensor de la concertada¡±, afirma Miguel Soler (PSOE), secretario auton¨®mico de Educaci¨®n de la Generalitat, el equivalente a viceconsejero. ¡°Los concertados que cumplan con la ley, jam¨¢s tendr¨¢n un problema con la Generalitat¡±, zanja.
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